Sequía y economía El PRI, un desierto
En una emergencia como es la sequía que afecta a la zona metropolitana, el impacto a la gente debe ser la principal preocupación de las autoridades y de la sociedad. La prioridad debe ser encontrar la solución al problema lo más pronto posible.
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Pero una nueva luz roja se enciende cuando la escasez de agua afecta a la actividad económica.
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Los restauranteros ya empiezan a sufrir los efectos de la falta de agua, al grado de que algunos negocios no pueden operar debido a que no disponen del líquido.
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Se trata de otro tipo de consecuencia negativa que enfrenta la sociedad, pues aquí el impacto es económico.
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Y también genera un debate: ¿debe la autoridad apoyar a los negocios privados? El que se protejan los empleos de esta actividad económica es una buena justificación para hacerlo, pero si eso implica distraer recursos para las personas, entonces ya es más difícil mantener un argumento.
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Los restauranteros buscan, desde luego, proteger sus intereses y lanzaron su llamado. Ya veremos si son escuchados.
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Pero lo que luce preocupante es que también la economía sea blanco de la falta de agua.
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La decadencia del PRI potosino se reflejó en la escasa convocatoria que tuvo la Comisión Permanente, que tuvo que convocarse un par de veces ante la imposibilidad de reunir el quórum requerido.
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De casi 60 miembros, no acudieron más de quince a la convocatoria. Y a la segunda menos que a la primera.
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La venta del terreno que estaba destinado a la compra del predio destinado a la fallida armadora de Ford a la acerera canadiense Steel Dynamics fue muy afortunada de librar la apreciación del peso.
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El contrato firmado por el gobierno del estado data de fines de marzo y se fijó un tipo de cambio de 18.38 pesos por dólar. Al contrato le restan algunas formalidades para hacerse efectivo, pero ese precio se respetará.
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Nadie se imaginó que el dólar cayera incluso por debajo de los 16 pesos. De haberse vendido a precios actuales, el gobierno estatal dejaría de recibir unos 500 millones de pesos menos del precio pactado.
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Y desde luego, que se trata de una situación afortunada, es decir no planeada, pues hablar entonces de un dólar por debajo de los 17 pesos hubiera sido considerado una locura.
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La Segam está pagando las consecuencias de no hacer bien las cosas a la primera. La omisión de cumplir con la obligación de extender la red de monitoreo ambiental a Rioverde, es cierto, es responsabilidad de la pasada administración.
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Pero la actual persistió en el incumplimiento, lo que la ha llevado a tener que actuar por órdenes judiciales. Pero lo ha hecho tan de mala manera que ya hasta la Procuraduría Federal de Protección ambiental detectó fallas que prepara a investigar. Tanto que se hubiera ahorrado la dependencia de cumplir co sus obligaciones.
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¡HASTA MAÑANA!
