Solidaridad a discreción Galindo vs. el Plan B
En una de las primeras medidas adoptadas por la administración de Ricardo Gallardo Cardona, su gobierno canceló la entrega de subsidios a organizaciones de beneficencia, asistencia social, culturales, de auxilio y educativas.
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Así, los recursos para asilos, casas hogar, los Bomberos, las delegaciones de la Cruz Roja, patronatos, centros de apoyo para personas con discapacidad y decenas de otras organizaciones pasaron a manos del DIF, que anunció que se entregarían a aquellas que cumplieran ciertos lineamientos, que nunca fueron publicados, pero en el que se remarcaba el de la transparencia.
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La medida impuso serias dificultades a muchas organizaciones, que veían cortados, en algunos casos, todo su ingreso.
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Pero, tampoco sin que se explicara la razón, más de medio centenar de beneficiarios, casi todas escuelas preparatorias inscritas al SEER, mantuvieron sus subsidios, que en 2022 sumaron poco más de 20 millones de pesos.
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No se ha mencionado por qué precisamente esos planteles conservaron el beneficio y si cumplen los nebulosos lineamientos anunciados por el DIF.
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Parece que la solidaridad en este gobierno es discrecional.
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Anoche, el ayuntamiento informó de la presentación de una controversia constitucional en contra de las recientes reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por la facciones de la 4T en San Lázaro,
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Se trata de modificaciones inscritas en el llamado “Plan B” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el que se busca evadir la imposibilidad de establecer una reforma electoral a modo de Palacio nacional.
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El motivo es que las mencionadas reformas “acotan la autonomía municipal para el ejercicio del gasto público en 2023”. Concretamente, se trata de la partida destinada por los ayuntamientos a comunicación social.
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Con esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí se une a centenares de presidencias municipales de todo el país que se unen a la ofensiva legar de Morena y aliados para transformar al INE y a la política electoral.
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Los llamados a una planificación certera y adecuada de la infraestructura del estado para recibir a la ampliación de la planta de BMW y de las proveedoras que la acompañarían no cesan.
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Y aunque la responsabilidad es de las autoridades, parece cada vez más necesaria una planeación conjunta no sólo de las instancias gubernamentales, si no de amplios sectores de la sociedad, como la academia, las empresas de los sectores inmobiliarios e industriales, los ayuntamientos involucrados y las comunidades que se verán afectadas por el “boom” industrial que se avecina.
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La rapidez con que se realice esta planeación conjunta es crucial para evitar los errores que siguen afectando a la zonas industriales metropolitanas.
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¡HASTA MAÑANA!
