Suicidio priísta Medida desesperada
El Partido Revolucionario Institucional se encamina a la judicialización de su proceso de renovación de la dirigencia estatal, dice Ángel Castillo Torres, ex dirigente estatal.
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Y hay bastante evidencia de que esa situación puede volverse una realidad. Ayer se difundió el audio del equipo del candidato no oficial, el diputado con licencia Edmundo Torrescano, al CEN del PRI, buscando completar uno de los absurdos requisitos exigidos en la convocatoria.
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Como adelantó hace unos días el columnista Juan José Rodríguez Medina, los ilógicos plazos establecidos para reunir algunas constancias hacen imposible su cumplimiento.
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Así lo prueba la grabación. Ante los cuestionamientos sobre cuándo entregarían uno de los documentos, la inflexible burocracia del CEN no cede: el trámite pedido tardaría al menos cinco días en ser cubierto.
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Y literalmente, el papel era para ayer. Hasta el momento del cierre de esta columna, no se conocían los dictámenes de procedencia de las postulaciones de Sara Rocha y de Torrescano, pero lo más probable es que sólo la de la actual dirigente, pues no ha renunciado al cargo, lo que enfatiza su carácter de juez y parte.
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De igual modo, para sorpresa de nadie, es previsible que Sara Rocha y Frinné Azuara tengan la puerta abierta para apoderarse de la dirigencia estatal.
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El PRI siendo el PRI, aún en sus momentos más bajos, cuando se supone que la unidad y el abandono de intereses personales
son vitales.
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El Congreso del Estado no escarmienta y sigue desafiando al Poder Judicial Federal. Ayer, la ausencia de tres diputados malogró otra vez la sesión para tramitar la ratificación de la magistrada del STJE, Refugio González.
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Se trata de la quinta sesión en la que se trata el tema, entre reuniones suspendidas o que se realizaron, sin cumplir los parámetros del amparo que
deben acatar.
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El juego legislativo es peligroso, puesto que su adversario tiene la facultad de sancionarlos por sus acciones, y la destitución del cargo no es el mayor castigo.
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Si el gobierno del estado pretende desactivar la creación de autodefensas que proyectan los cañeros de El Naranjo, deberían cumplir con lo que presumen siempre: garantizar la seguridad de los ciudadanos del estado.
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La desesperada medida de los productores huastecos es, por si misma, la confirmación de que el Estado ha fallado en
esa responsabilidad.
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Amenazar a los inconformes con aplicarles la ley no es la mejor reacción, sobre todo porque pese a las garantías de seguridad para el líder de los cañeros, Eliseo Rodríguez, ya ha sido víctima de varios ataques armados.
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¡HASTA MAÑANA!
