Tareas difíciles Penurias del taxismo
Nada fácil será el intento de la alcaldía de la capital por implementar un nuevo sistema de cobro del Impuesto Predial en los fraccionamientos y posesionarios de predios particulares.
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Ya se ve un grupo de ciudadanos que no aceptará la Ley de Ingresos 2023, por lo que se refiere a la aplicación selectiva de incrementos a los valores catastrales y al mismo tiempo al Impuesto Predial, en lo que hasta ahora no arroja datos de un estudio público, serio y convincente de los motivos para aplicar la ley con
esa interpretación.
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Lo mismo sucederá con las tarifas de agua potable del Interapas y empresa concesionaria, que por razones políticas no son actualizadas desde hace más de 5 ejercicios fiscales.
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El punto se concentra en la discusión de siempre: se caería el intento, en los dos casos, si se considera la ineficiencia de los órganos de ejecución fiscal o los despachos contratados de cobranza, que no dan para más, y obligan a los cobradores de impuestos y derechos, a aprovecharse más de los cumplidos.
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Los días pasan y algunos de los nuevos concesionarios de taxi nada más no ven posibilidades de adquirir una unidad para poner a trabajar su concesión.
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Y es que de entrada tuvieron que desembolsar poco más de 25 mil pesos, en una sola exhibición, por los derechos estatales y deben sumar el valor de una unidad para adaptarla a taxi, los costos de la pintada del auto, su rotulación, el llamado copete oficial y hasta el taxímetro, que debe ser de última generación.
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Trabajadores del volante señalan que en la ciudad no hay más de dos o tres negocios dedicados a la venta de estos implementos extras para los nuevos taxis y, obvio, han aumentado sus costos.
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El fiscal General del Estado hace público hoy su primer informe de labores. Las evaluaciones emitidas recientemente de organizaciones independientes e instituciones públicas como México Evalúa y el Inegi ubican a la impartición de justicia en San Luis en niveles deficientes.
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Y aquí, colectivas feministas muestran su inconformidad ante el modo en el que la FGE ha afrontado la atención a los delitos de feminicidio.
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En cuanto al combate a la corrupción, es cierto que hay procesos contra ex funcionarios implicados en casos de presunta corrupción e incluso sentencias, como la de la ex titular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel. Sin embargo, para el volumen de irregularidades que se adivinaban aún antes de las nuevas administraciones estatal y de la Fiscalía, miles de millones, lo recuperado apenas rebasa lo simbólico.
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Habrá que esperar los datos que revela la FGE, pero al menos lo que se ha visto, no parecen ser motivo de celebración.
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¡HASTA MAÑANA!
