Vigilancia obligada Lejos del mal
En la más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación, la del ejercicio 2018, San Luis Potosí fue observado con 145 millones de pesos, por irregularidades registradas en el gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Con ello, ocupó el noveno lugar entre las entidades con mayor monto observado.
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Además, reportó serias anomalías en el contrato para la renovación del Hospital Central. Además de objetar la legalidad de la licitación, reportó anomalías por 14.8 millones de pesos.
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En el ámbito local, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ubicó a la Secretaría de Salud como la entidad más observada del Ejecutivo durante el ejercicio 2018, con 63.9 millones de pesos.
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Estos antecedentes justifican observar con lupa las operaciones que realice la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez ahora que recibió una virtual carta blanca para adquirir todo tipo de bienes y servicio con poderes discrecionales absolutos, al poder evadir cualquier proceso de licitación y los trámites relacionados con
estas adquisiciones.
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Es entendible que en un periodo de emergencia sanitaria como la que experimenta el estado, se dote a las dependencias responsables de enfrentarla con todas las herramientas que sean necesarias y estén a la mano.
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Pero eso no debe anular la atención de la ciudadanía y de las instancias fiscalizadoras del modo en el que la Secretaría de Salud adquirirá los bienes y servicios necesarios para enfrentar al coronavirus.
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La misma dependencia reconoce en el acuerdo que da luz verde total a la Secretaría de Salud para las compras, que debe cumplir con las normas de transparencia.
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No es una concesión, sino un requisito de riguroso cumplimiento. De nuevo se recuerdan los antecedentes de anomalías en el ejercicio de recursos de esa dependencia como un motivo poderoso para mantener bajo vigilancia todas las operaciones que se realicen para enfrentar al COVID-19.
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Como se adelantó aquí hace semanas, el Ejército tomó control del Hospital Central, y no como proveedores de servicios secundarios, como algunos funcionarios estatales señalaron cuando la reconversión del nosocomio era oficial.
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El hospital estará ahora a la espera, ojalá que se tarde mucho en ocurrir, de que los casos graves de la enfermedad empiecen a proliferar.
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Y en un hecho esperanzador ante la pandemia, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, un reconocido “think tank” especializado en movilidad social, dio a conocer un estudio sobre la vulnerabilidad de los estados ante el COVID-19.
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El documento revisa factores como población vulnerable al virus, infraestructura y personal médico, presupuesto federal a Salud y evalúa fortalezas y debilidades de los estados.
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Por fortuna para San Luis, está fuera del círculo de entidades vulnerables. No está entre los mejor posicionados, pero sí lejos de los de peor pronóstico.
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¡HASTA MAÑANA!
