Deuda adictiva

Históricamente, el tema del endeudamiento ha sido tabú para el gobierno del estado, sin importar quién detente el cargo de Jefe del Ejecutivo.

Contraer deuda bancaria de largo plazo es visto como una debilidad, una muestra de que financieramente, un gobierno no anda bien, una prueba de malos manejos financieros.

Vender la contratación de deuda ha sido una tarea ardua para los gobernantes y siempre es expuesto como el último recurso, como una herramienta para determinados fines que servirá para propiciar un bien mayor al estado, como la atracción de inversiones u otros beneficios cuyo valor será muy superior al gasto generado por la suerte principal y los intereses.

El tema ha sido usado como arma entre administraciones. Fernando Toranzo intentó inhabilitar por décadas para un cargo público e imponer una multa millonaria a su antecesor Marcelo de los Santos Fraga por un presunto desvío de recursos tras la contratación de un préstamo de mil 500 millones de pesos en las postrimerías del sexenio del panista.

Y en sentido contrario, no contraer deuda es materia de propaganda para los gobernadores, pues es algo que distingue a un mandatario de sus antecesores.

Es el caso de Ricardo Gallardo Cardona, que se precia de no elevar la deuda pública, como sus antecesores, lo que le da un sello de aprobación a su manejo de las finanzas estatales.

Al tocar el tema, el tercer informe de gobierno señala que "la evolución del saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado aunada a las obligaciones de corto plazo y en conjunto con los proyectos de prestación de servicios de largo plazo evaluadas dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al primer trimestre de 2024, ubican al Estado como la novena entidad federativa con menor proporción deuda y obligaciones sobre Producto Interno Bruto (PIB) Estatal, lo que demuestra la sostenibilidad de estas obligaciones".

Y es cierto: el mencionado sistema de alertas tiene al estado en semáforo verde. 

Sin embargo, tras escenario de control esconde una realidad oscura: la del endeudamiento quirografario, es decir, de corto plazo, que como una droga, se ha convertido en un habito de recurrencia progresiva para la Secretaría de Finanzas y que puede ser un factor en el proceso de deterioro de la salud financiera de la entidad, evidenciado por los incrementos tributarios considerables y los presuntos recortes de partidas federales, indicios de que el derroche estatal ya generó una situación extrema.

De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el 26 de septiembre de 2021, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha contratado 19 créditos de corto plazo por los que ha obtenido, hasta septiembre pasado, nueve mil 875 millones de pesos. 

Cómo se trata de créditos sin garantía, de pago rápido y generado por situaciones de emergencia, como quedarse sin dinero para pagar los aguinaldos de la burocracia, se trata de un dinero caro, con tasas que el agregan casi un punto porcentual a la usual Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) que se cobra por los préstamos.

Esto le ha agregado 370 millones de pesos a la cuenta por cuestión de intereses, por lo que esta política de préstamos quirografarios recurrentes le ha generado al gobierno estatal un costo total de 10 mil 245 millones de pesos hasta septiembre pasado.     

Si tenemos en cuenta que el saldo de la deuda de largo plazo del estado era, en ese mismo lapso de tres mil 218.7 millones de pesos, se concluye que el gobierno gallardista ha triplicado, con créditos quirografarios, el monto de la deuda pública de largo plazo.

Como los créditos de esta naturaleza deben ser cubiertos en no más de un año, el gobierno gallardista ha pagado en sus tres años una suma 3.18veces superior a una deuda de largo plazo que tiene como vencimiento el año 2035.

¿Por qué la recurrencia? Quizá la razón más solida es que se puede hacer tras bastidores, relativamente a escondidas.

El artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado marca que para contratar un crédito bancario de largo plazo, el Ejecutivo debe conseguir la aprobación legislativa, aprobada por dos terceras partes de los diputados.

Este es un proceso que se lleva su tiempo, pero que además, es relativamente abierto, que atrae la mirada de la opinión pública y expone a la autoridad que lo promueve a la crítica y a los cuestionamientos.

Como son préstamos transexenales, es decir, que el pago se hereda al sucesor, este tipo de créditos también tiene su arista de confrontación política, especialmente cuando el nuevo gobernador tiene posibilidad de ser de otro partido político.

El gobierno gallardista es afecto a decir que no ha contratado deuda pública de largo plazo, para distinguirse de sus antecesores. Y presume también un manejo adecuado, que ha permitido disminuir su monto. De los tres mil 563.4 millones de pesos que recibió en septiembre de 2021, a los tres mil 218.7 registrados al tercer trimestre de este año.

En esa lenta disminución, de 344.7 millones de pesos, poco o nada ha tenido que ver este gobierno. Las condiciones de pago fueron pactadas por sus antecesores, contratantes de la deuda, que definieron plazos y montos de abonos, mismos que se descuentan automáticamente de las participaciones federales dejadas como garantía de pago. Presumen un mérito inexistente. 

En contraste, las disposiciones sobre la contratación de deuda de corto plazo que contiene la misma normativa, en su artículo 31, hacen más atractiva para el Ejecutivo esta alternativa. 

De inicio, su gran ventaja es que evade la aduana legislativa, al no necesitar la aprobación del Congreso, y por tanto, la posibilidad de controversias públicas, si cumple ciertas condiciones. Tampoco es necesario presentar una garantía de pago, como las participaciones federales en el caso de la deuda pública. De ahí su denominación de quirografarios.

La primera es que no exceda el 6% de los ingresos totales de cada ejercicio fiscal. Para este año, ese indicador es de casi 4 mil millones de pesos. Eso permite endeudarse de manera considerable, aún sin sobrepasar el límite.

Que obligadamente su plazo de pago no pase de los tres últimos meses del sexenio. Y aunque no lo plasma en el articulado, si establece que dicho plazo no exceda de un año. 

Esto permite al gobierno darle un borrón y cuenta nueva anual a la capacidad de contratar este tipo de créditos. Y la administración gallardista lo ha aprovechado muy bien, pues cada que se toca el tema, su primer argumento es que los prestamos anteriores ya han sido saldados.

Donde sí falla la Secretaría de Finanzas, y no es cosa menor, es en la obligación de inscribir los créditos, de corto o largo plazo que contrata, en el Registro Público Único de la SHCP y en el Registro Estatal de Obligaciones y Empréstitos.

Ante la Federación, sólo aparece un préstamo de corto plazo tramitado en 2022 y en la instancia estatal, sólo se consignan los cuatro créditos pactados en el cuarto trimestre de 2021, el primero a cargo de la administración gallardista.  

Es esa posibilidad de manejo a trasmano, discrecional y ajeno a cualquier control es el que ha permitido al gobierno gallardista darle tres vueltas a la deuda pública de largo plazo con créditos quirografarios, lo que representa un oneroso peso para las finanzas públicas.

¿Pero por qué esta adicción al crédito fácil y en lo obscurito?

Quizá la respuesta esté en el ordenamiento que la Ley de Deuda presenta sobre el destino de estos créditos: "Los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo podrán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal".  

En ese sentido, parece que en este gobierno, la insuficiencia de liquidez pasó de ser temporal a permanente.