Especial | Despachos y jueces despojaron a miles de sus viviendas

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destapó este lunes un esquema corrupción que aconteció en las administraciones anteriores del Instituto, en donde jueces corruptos, funcionarios y despachos se coludieron para despojar a decenas de miles de derechohabientes de sus viviendas mediante juicios masivos. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se continúan presentando denuncias penales al respecto.

"En la mayoría de los casos [la denuncia] es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros, que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit" puntualizó la mandataria federal.

Los juicios masivos contra derechohabientes comenzaron en 2012, derivado de los créditos impagables que había otorgado el Infonavit, y afectaron a 373 mil trabajadores.

En 2019, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit que desistiera de dichos juicios y detener el desalojo de las familias. Un año después, en 2020, se hizo una denuncia penal en Nayarit. Así se destapó la podredumbre.

¿Cómo operaron jueces, funcionarios y despachos?

La estrategia fue la siguiente: interponer demandas a las y los derechohabientes en estados distintos a los de su residencia, para evitar que fueran notificados de los procesos en su contra y que no pudieran defenderse. Miles que habían intentado obtener una casa perdieron sus hogares.

"En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos y en los que hubo irregularidades. No se notificaba a los acreditados. Como se hizo masivo y casi fue discrecional, incluyeron a gente que no tenía problemas. A un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México lo demandaron en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse", resumió  Oropeza.

En Nayarit, despachos de abogados, notarios, jueces y funcionarios operaron para demandar a 61 mil derechohabientes, de los cuales sólo 717 vivían en esa demarcación. En contraste, 17 mil 717 tenían su vivienda en Chihuahua, 16 mil 579 eran de Tamaulipas, seis mil 214 eran de Nuevo León y 20 mil 703 eran del resto del país.

Al mismo tiempo, mil 113 personas con créditos en Nayarit fueron demandados en Coahuila, cinco en Jalisco, 14 en la Ciudad de México y 85 en otros estados.

Por el fraude se acusó a un notario, un magistrado, cinco jueces y otros cinco funcionarios. "Hoy en día, dos jueces y tres funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro que sólo hubiera sucedido en Nayarit", relató Oropeza.

Explicó que, de los 373 mil derechohabientes afectados en estos juicios masivos, 302 mil, que representan el 80 por ciento, tuvieron demandas en otros estados, mientras que sólo 71 mil fueron demandados en la entidad de residencia.

¿Cuáles estados fueron más afectados?

• Del Estado de México se demandaron a 79 personas que tenían sus créditos en dicha demarcación, pero 54 mil 705 fueron demandados en otros estados.
• En Chihuahua, sólo a mil 231 derechohabientes de ese estado fueron demandados ahí, mientras que otros 30 mil 251 tuvieron procesos en otras entidades.
• De Veracruz, únicamente fueron demandadas 335 personas que vivían en dicho estado, mientras que los 14 mil 218 trabajadores de la demarcación fueron demandados en otros lugares

Destacó que con esta estrategia, los despachos responsables de los juicios masivos cometieron otras irregularidades como: no notificar a los acreditados e incluir a acreditados que no tienen problemas de pago.

Ante ello, Oropeza destacó que la Presidenta de México ha dado instrucciones para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales a despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales Locales que participaron en los juicios masivos.