Grave, espionaje a periodistas en la 4T; urge investigar: diputados del PRD

Legisladores y dirigentes del PRD señalaron que es un hecho muy grave la denuncia de periodistas sobre espionaje desde dependencias del Gobierno de la 4T, pero más grave la descalificación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace de los medios que están exponiendo los casos.

La diputada federal del PRD, Frida Esparza Márquez dijo en entrevista en la sede del Senado que es lamentable la reacción del presidente cuando hay una denuncia, ya que en lugar de comprometerse a investigar a los funcionarios, inició una campaña de hostigamiento y linchamiento en contra de los periodistas y periódicos afectados.
Recordó que no es el primer caso de ataques a periodistas en el gobierno de la Cuarta Transformación, ya que todos los días el Presidente en “la mañanera” descalifica y difama a la prensa que lo cuestiona, sumado al caso del hostigamiento a comunicadores vía redes sociales y bots por parte de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lo cual quedó en la impunidad.
Por su parte, la secretaría general del PRD, Adriana Díaz Contreras, expuso las denuncias de espionaje que distintos periodistas han denunciado en contra de funcionarios del gobierno federal en lugar de investigar, el presidente López Obrador "incita a la violencia, amenaza a medios, censura, y ahora, espía a los periodistas críticos a su gobierno".
De acuerdo con organizaciones internacionales de la sociedad civil como Freedom House y Artículo 19, en México no existe libertad de prensa y los periodistas realizan su labor de investigación en un ambiente generalizado de violencia. Lo anterior ha sido confirmado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Díaz Contreras recordó que la Constitución reconoce en los artículos 6 y 7 la libertad de expresión y desde ahí, México ha construido instituciones protectoras como: la Ley y Mecanismo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Fiscalía Especializada en Delitos en materia de derechos humanos y libertad de expresión; así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sin embargo, la líder perredista criticó que el gobierno de Morena, en lugar de fortalecer las instituciones que buscan garantizar la vida, integridad y la seguridad de las y los periodistas ante cualquier amenaza, se ha convertido en principal instigador al utilizar la fuerza del Estado para criticar adversarios, manipular información, estigmatizar a periodistas o medios de comunicación y ahora, investigarlos.
"Con una tasa ascendente en los casos de violencia o asesinatos de periodistas y de impunidad, tenemos un gobierno fallido en materia de protección de las y los periodistas", agregó Díaz Contreras.
Finalmente, la secretaria general del PRD señaló que los y las periodistas son los actores clave para que una sociedad pueda ejercer otros derechos como el de acceso a la información, la participación política y la toma de decisiones para el desarrollo de la vida democrática en una sociedad, por lo que exigió respecto irrestricto a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

Morena había presentado iniciativa contra espionaje
El entonces diputado y hoy senador por Morena, Alejandro Mier Armenta, presentó en julio del 2017 una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para sancionar severamente a los funcionarios que incurran en el espionaje contra periodistas y activistas de derechos humanos, ello al argumentar este tipo de prácticas cometidas por el gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, quien habría adquirido un programa informático para la intervención de los teléfonos celulares llamado "Pegasus".
"Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí", documentó el legislador morenista, "quien repudió este tipo de prácticas contra periodistas.
La iniciativa, aun con la mayoría de Morena en ambas cámaras desde 2018, se encuentra en la congeladora legislativa desde hace cuatro años.
"Aun cuando las intervenciones a las comunicaciones cometidas por el gobierno Mexicano no son algo nuevo, el 19 de junio de 2017 fue revelado por el prestigiado diario estadounidense "The New York Times" que activistas de organizaciones civiles y periodistas fueron víctimas de un malware israelí que habría permitido la intervención de sus teléfonos celulares, a través un programa informático que permiten la intercepción telefónica", expuso.
Armenta, senador por Puebla, expuso en 2017 que "destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas".
La reforma al Código Penal Federal propone en el artículo 177 que a "quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa".
Si quien comete la conducta descrita en el párrafo anterior es funcionario público, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena en una tercera parte y será inhabilitado por un periodo de seis a doce años.
"Si la víctima del delito señalado en el primer párrafo de éste artículo es periodista o defensor de los derechos humanos, conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las penas se incrementarán en una tercera parte".
Asimismo, si quien comete el delito es miembro de las instituciones de seguridad del estado a nivel federal, estatal o municipal, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena de prisión en una mitad y será inhabilitado por un periodo de nueve a quince años.
La iniciativa de reforma de Morena subraya que "en México la intervención de las comunicaciones de los particulares sin que medie una autorización judicial es un delito que se encuentra claramente regulado en nuestra la legislación: el Código Penal Federal lo señala en el artículo 177; la Ley de la Policía Federal lo establece en el artículo 48; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo contempla en el artículo 11 bis 1); en el Código Nacional de Procedimientos Penales está prescrito en el artículo 25); y en la Ley de Seguridad Nacional en el artículo 33".
Asimismo, como la denuncia planteada por periodistas de EL UNIVERSAL y "El Financiero" sobre espionaje en si contra por parte de funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación, en 2017 se expuso que dicho software fue utilizado "para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana".