Agarrad la onda

[Spoler alert: este texto no es sobre Urzúa]

¿Cómo discernir el ámbito de competencia entre (Dios, YHWH, Allah, Brahmana, Budda, ... ) y el césar en el México democrático, moderno, plural, popular, republicano, federal, desigual y LAICO del siglo XXI?. Todo depende de la perspectiva desde donde se pretenda observar. Si el punto de partida es constitucional, los ámbitos parecen ser claros; pero si se hace desde la fe, entonces los límites son otros.

Quisiera aprovechar la renovada discusión sobre la aparente buena relación existente entre un gobierno y un grupo religioso para discutir algunos conceptos del laicismo que resultan útiles para establecer ciertas diferencias que nos hacen bien a todos. Sí, a todos.

Lo primero que hay que advertir es que este debate no tiene nada de nuevo. Sus orígenes no están en haber facilitado un recinto público –El Palacio de Bellas Artes- para homenajear a un líder de una congregación religiosa –un apóstol que hoy enfrenta una denuncia penal de 26 cargos ante la Corte de los Ángeles-; tampoco tiene como origen el gesto que tuvo el entonces presidente Vicente Fox para ir a orar (en cadena nacional) a la virgen guadalupana del Tepeyac en el primer día de su mandato constitucional. Este debate tampoco lo inventó Juárez, para acabar pronto. 

La distinción entre la autoridad espiritual y el poder temporal ya estaba presente en los primeros siglos del cristianismo como una contraposición a la pagana idea de unificar las funciones de un sacerdote con las del magistrado civil. El pontífice Gelasio habló sobre la imagen de "dos espadas" –el poder divino y el poder temporal- que no pueden ser empuñadas por una sola mano. Sin embargo, esta fantástica idea fue olímpicamente ignorada –o más bien manipulada- en el pensamiento medieval bajo la tesis de que las dos autoridades son dependientes de Dios.

La tradición Constitucionalista del estado mexicano se basa en la idea liberal de la autonomía recíproca entre religión y política: "el estado no puede nada en materia meramente espiritual y la iglesia nada en materia temporal" afirmó John Locke en la Epístola de Tolerantia de 1689. Este principio es retomado por Alexis de Tocqueville en "La democracia en América" al destacar que las religiones deben ser capaces de delimitar su propia esfera de acción. Supongo que la Iglesia Católica le dio la razón a esta tradición de pensamiento ya que en el Concilio Ecuménico Vaticano II –convocado por Angelo Giuseppe Roncalli, un tal Juan XXIII- y en la constitución pastoral Gaudim et Spes se afirma explícitamente la relación de autonomía de los laicos en los asuntos seculares. 

Es buena idea procurar el principio de laicismo político, no por ortodoxia constitucional, sino por oficio político. Recomiendo al público interesado –y en especial a las(os) aprendices de príncipe- echar un vistazo a las advertencias que hizo el historiador tunecino Ibn Jaldún –no logro escribir su nombre completo de memoria-  en su texto "La Muqaddimah" escrito en 1377: el oficio político se basa en el conocimiento de la historia, y se comete error al construir sus testimonios confundiendo creencias con verdades, o peor aún, desconociendo las leyes que gobiernan la transformación de la sociedad humana.

El lío en el que estamos metidos puede resolverse si establecemos límites claros a nuestro milenario problema. ¿Es válido gobernar/legislar/juzgar desde los dogmas de la fe? ¿cuál es el límite en el que en el debate público se pueden admitir argumentos claramente metafísicos o religiosos? ¿cuál es la diferencia entre dogmas religiosos y convicciones éticas? Y por otra parte, ¿Es válido que las asociaciones religiosas puedan realizar sus actividades con recursos públicos del Estado? ¿puede el Estado cumplir sus fines públicos –cualquiera que éstos sean- por medio de la colaboración de asociaciones religiosas? ¿Dónde se encuentra el límite?.

En verdad os digo: agarrad la onda. El artículo 24 de nuestra constitución resuelve un principio en el que todos podríamos estar de acuerdo: la libertad religiosa, de conciencia y/o de convicciones éticas requiere de un estado neutral que garantiza las condiciones materiales y jurídicas para que las personas ejerzan con autonomía sus libertades. Si aun así considera que el Estado debería tomar partido –o más bien privilegiar un credo-, le haría bien investigar cómo se vive cuando un gobierno emplea sus aparatos en favor o en contra de cierta forma de entender el mundo.

Twitter. @marcoivanvargas