México tiene gobiernos locales con debilidad fiscal; según la Cepal (2018), el gasto público local representa 10 % del Pib, pero su recaudación de ingresos es del 0.9 %, mientras que el promedio en América Latina es de 2.5 %, motivo por el cual recurren a la deuda pública, la cual representa el 300% de sus ingresos propios; el problema es más grave en los municipios, quienes recaudan el 0.2 % del Pib, mientras que el promedio de América Latina es de 2 %; estos datos son evidencia empírica de que los gobiernos locales no generan ingresos propios para cubrir su gasto público.
Esto demuestra que los gobiernos locales de México carecen de voluntad política para recaudar, pero además, el diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal otorga al gobierno federal la mayoría de las atribuciones tributarias, reduce las opciones de recaudación a los estados y municipios, siendo las transferencias del gobierno nacional, la principal fuente de ingresos, por lo que los gobiernos locales no tienen los incentivos políticos y legales que incrementen las capacidades técnicas de recaudación.
En el corto y mediano plazo, la debilidad fiscal de los gobiernos locales en México no es sostenible, si los recursos provenientes de la participaciones son insuficientes para cubrir el gasto administrativo de los gobiernos locales, mucho menos les alcanza para abastecer de forma amplia los servicios públicos y llevar acabo obras de infraestructura, aunado a que el gobierno federal concentra el ejercicio del gasto destinado a los programas sociales; por ello los gobiernos locales enfrentan una grave crisis en sus finanzas públicas.
La recaudación es la salida que tienen los gobiernos locales para alejarse de su crisis financiera, y con ello aumentar su autonomía política mediante una mayor calidad de gasto público, transparencia y rendición de cuentas; con mayor recaudación los gobiernos no dependerán de los recursos del gobierno federal, sino de los contribuyentes locales, sustentada en una administración pública profesionalizada, capaz de generar políticas públicas que solucionen de manera eficiente las necesidades de la sociedad local.
En la crisis de credibilidad social por la que atraviesan los gobiernos locales en México, es fundamental que estos asuman la responsabilidad de recaudar sus propios ingresos y no solo se dediquen a esperar los recursos provenientes del gobierno federal para gastarlos, los gobiernos locales tienen la oportunidad de explotar su recaudación propia a través del cobro de impuestos, derechos, productos, y aprovechamientos, sin embargo lo han hecho de manera deficiente por no querer asumir el costo político que esto representa.
La recaudación por predial y tenencia son responsabilidad de los gobiernos locales, pero se aprovechan mal, se cobran de manera deficiente e incluso en algunas entidades el cobro de la tenencia ha sido eliminado por cuestiones electorales; la capacidad técnica de los gobiernos locales es insuficiente para cobrar impuestos, pero tampoco existe la voluntad política para fortalecerla, prefieren el cabildeo político para “bajar recursos”, con ello incrementan su dependencia financiera del gobierno federal, por lo que son altamente vulnerables a los cambios que ocurran en el nivel federal.
En un contexto donde el gobierno federal no solo reorienta el gasto público, disminuyendo el gasto administrativo e incrementando el gasto social, así como la manera de ejercerlo, la crisis financiera de los gobiernos locales adquiere dimensiones impensables, afectando su capacidad de respuesta para generar políticas públicas orientadas a resolver las necesidades de la sociedad local, por ello los actores políticos locales están obligados a la creatividad, innovación y a asumir el costo político de lo que representa la recaudación de ingresos propios.
Sin embargo esta voluntad para sumir los costos políticos de recaudación de contribuyentes locales no es suficiente, se requiere que el gobierno federal condicione las transferencias de recursos al esfuerzo fiscal local, así como asumir la aplicación directa de los recursos de los programas de políticas públicas federales, y que los apoyos lleguen directamente a los beneficiarios sin la intermediación de los gobiernos locales, que la sociedad distinga de qué nivel de gobierno provienen los recursos de los apoyos sociales que reciben.
El objetivo de implementar nuevos procesos de operación de los programas y recursos federales es incrementar la autonomía de los gobiernos locales, con la finalidad de superar su dependencia de los recursos federales, la gráfica siguiente muestra cómo únicamente la Ciudad de México tiene un alto nivel de autonomía, siendo muy baja en estados como: Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas y Guerrero; San Luis Potosí quienes tiene un nivel de independencia financiera del 10.7%, un poco abajo del promedio nacional que es del 10%.
El incremento de las necesidades de la sociedad demandan gobiernos locales que sean capaces de diseñar e implementar políticas públicas de calidad, que sean construidas por la sociedad local, por lo cual es necesario que los gobiernos sean competentes en generar sus propios recursos para que con autonomía en su toma de decisiones, identifiquen soluciones a los problemas públicos locales; la dependencia financiera genera la existencia de políticas públicas centralizadas que en nada contribuyen a resolver las necesidades de la sociedad local.
En síntesis: la debilidad fiscal de los gobiernos locales está determinada por el predominio de criterios políticos para no cobrar a los contribuyentes locales, capacidad técnica débil en asumir la responsabilidad para cobrar la tenencia y el impuesto predial, y la centralización fiscal para captar ingresos por el gobierno federal; aumentar la autonomía financiera es la estrategia a seguir, por lo cual se requiere voluntad política y capacidad técnica para llevarlo a cabo. Busque esta columna el próximo 25 de septiembre.
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