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En el Congreso, lo que se cree fue un sonoro campanazo va a terminar en un inútil petardazo. Si los todavía flamantes diputados en verdad quieren corregir las cochinadas que hicieron sus antecesores con las cuentas públicas que les tocó aprobar, particularmente las negociadas por la Ecuación Corrupta, lo primero que tienen que hacer es cambiar de estrategia, pues erraron el camino, el destino y el objetivo.
Como es sabido, en su primera sesión ordinaria del pasado viernes 21 de septiembre, los integrantes de la LXII Legislatura aprobaron una iniciativa de decreto presentada por el diputado Edgardo Hernández Contreras, “para dejar sin efecto” el decreto aprobado por la Legislatura anterior en sesión extraordinaria del 7 de septiembre (una semana antes de irse), mediante el cual “determinó que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables”. También se dispuso reponer el procedimiento para que lo cumpla la nueva Comisión de Vigilancia.
El sustento jurídico del decreto aprobado el 21 del mes pasado es muy endeble. Básicamente consiste en que la ley sólo permite conocer de dictámenes de Cuentas Públicas en períodos ordinarios de sesiones y no en extraordinarios. Esta es una interpretación muy controversial, igual que el otro argumento de Hernández Contreras según el cual las sesiones extraordinarias deben convocarse cuando haya necesidades urgentes o motivos de gravedad, que en el caso no se acreditan, según él, pero se desentiende del hecho de que el mismo artículo (33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo) dispone que la existencia o no de esas circunstancias quedan sujeta “al juicio” de la Diputación Permanente.
Pero más allá de esa fragilidad jurídica, que tendrá importancia sólo si alguien combate en tribunales el decreto de marras, el fondo verdadero meollo de todo el asunto está mal enfocado, por dos razones: una, las cuentas públicas que realmente es necesario revisar son las del 2016, pues son esas las que manipuló y negoció, y con las que extorsionó, chantajeó y se benefició la Ecuación Corrupta; y dos: el Honorable Congreso del Estado simplemente no puede ordenarle a la Auditoría Superior del Estado que reponga auditorías o emprenda otras.
Esto último, porque en sentido estricto a eso se refiere la autonomía técnica y de gestión que la Constitución General de la República (artículo 116 fracción II) le reconoce a los organismos estatales de fiscalización (no todos se llaman igual), uno de los cuales es nuestra Auditoría Superior del Estado. Obviamente, la Constitución local dispone lo mismo, en su artículo 54.
¿Quiere esto decir que no hay manera de que la ASE vuelva a realizar auditorías anteriores o en curso? No, no es así. Sí puede hacerlo. Mediante un procedimiento específico claramente previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (artículos 47 al 54), “cualquier persona” puede solicitar a la ASE directamente o al Congreso o a la Comisión de Vigilancia, que se revisen las auditorías hechas a las cuentas públicas del ejercicio en curso o de ejercicios anteriores.
El mismo articulado de esa ley establece qué requisitos debe cumplir la solicitud, pero es obvio que no se trató de obstaculizar la acción ciudadana, pues son relativamente sencillos. Llama la atención el último párrafo del artículo 48, que es el que se refiere a los requisitos y formalidades de la denuncia: “Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La Auditoría Superior del Estado deberá proteger en todo momento la identidad del denunciante”.
Presentada la denuncia o solicitud con las fáciles formalidades y requisitos establecidos en la ley, la titular de la ASE debe turnarla a las áreas técnicas de ese organismo, para que en un plazo breve le den su opinión. Es facultad exclusiva de quien sea titular de la ASE decidir si se obsequia o no el fondo de la petición.
Respecto de este último punto, conviene subrayar que ni el pleno del Congreso ni su Comisión de Vigilancia pueden ordenar a la ASE que resuelva de tal o cual forma la denuncia, solicitud o petición de que se trate (otra vez, por efecto de la autonomía constitucional de los órganos fiscalizadores), pero tampoco él o la Auditor Superior del Estado puede resolver como se le venga en gana, primero porque su resolución, cualquiera que ésta sea, debe estar fundada y motivada, es decir, apegada a legalidad y al debido procedimiento; y segundo, porque si el demandante o solicitante no queda satisfecho, tiene diversas instancias legales, administrativas y judiciales, locales o federales, a las cuales recurrir para combatir el fallo con el que esté en desacuerdo.
Dicho de otra forma y en resumen, si a nuestros neodiputados realmente los mueve el ánimo de hacer justicia, de corregir los entuertos, enmendar las fallas y sancionar las pillerías de sus antecesores, en especial las de los conspicuos integrantes de la Ecuación Corrupta (Oscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén y Enrique Flores Flores) lo único que necesitan es hacer la tarea, investigar en los municipios de sus distritos, recabar datos, buscar indicios y presentar las denuncias correspondientes.
Lo curioso es que para avanzar en esta tarea ni siquiera necesitan invocar su condición de legisladores. La ley es muy clara: “Cualquier persona”. Ahora que si de lo que se trata es de lucimientos personales, de vedetismo legislativo o de búsqueda de celebridad tipo “El Mijis”, entonces que sigan perdiendo el tiempo en tribuna, proponiendo y aprobando decretos que al final del día serán como el agua de borrajas, que no sirve para nada.
¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA?
Durante aproximadamente dos años y medio de la gestión de Gilberto Hernández Villafuerte como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el joven Juan Ignacio Segura Morquecho (actual dirigente estatal del PRD), despachaba en una pequeña oficina aledaña a la antesala del Alcalde, desde donde cumplía puntualmente la encomienda que le hicieron.
Prácticamente nadie entraba a las oficinas de Hernández Villafuerte sin antes pasar a platicar con Segura Morquecho. A fuerza de tanto repetirlo, acabó por establecerse una especie de diálogo estándar: “¿Usted a qué viene?”, preguntaba Nacho. Si la respuesta era del tipo “vengo a decirle al Alcalde que hace días no hay luz en mi calle” o “hace semanas que no pasa el camión de la basura” o “quiero ver si me rebaja una multa de Tránsito”, los interesados podían seguir adelante, con la recepcionista o con el secretario particular, a ver si tenían suerte y eran recibidos.
Pero si la respuesta era de otro calibre, por ejemplo: “Vengo a tramitar un permiso para cambio de uso de suelo” o “me están cobrando mucho por un permiso de construcción” o “necesito que me autorice los planos de un nuevo fraccionamiento”, entonces la respuesta habitual del cancerbero era “para eso necesita ver al jefe”. Cuando el interceptado argumentaba que justamente eso era lo que estaba tratando de hacer, se le hacía la aclaración inapelable: “No, con el jefe de a deveras; está aquí cerca en sus oficinas, cosa de caminar unas pocas cuadras”.
Las indicaciones que recibían los ingenuos ciudadanos los conducían al despacho privado del ex alcalde soledense Ricardo Gallardo Cardona, donde efectivamente se “arreglaban” todos los asuntos mayores y redituables de la Alcaldía. Hecho el “arreglo”, un simple telefonazo a Hernández Villafuerte y todo caminaba sobre ruedas.
No tengo idea de si en el nuevo trienio de GHV se vaya a repetir el esquema que hemos descrito.
Pienso que si así fuera sería un tanto complicado reproducirlo exactamente igual, habida cuenta de que Gallardo Cardona debe estar entre tres y cuatro días hábiles de la semana en la Ciudad de México atendiendo sus responsabilidades de diputado federal. Claro que lo más fácil es que lo sustituya su papá, pero no sé si le interese al ex alcalde de la Capital.
Obviamente, lo más cercano a una “caja chica” que le queda al gallardísmo es el Ayuntamiento de SGS, con sus nada despreciables mil millones de pesos de presupuesto y, sobre todo, facultades para autorizar desarrollos inmobiliarios, aprobar construcciones, otorgar licencias de funcionamiento, etcétera. Independientemente de sus arreglos y eventuales componendas internas, lo cierto es que la responsabilidad de todo lo que se haga mal con esos recursos será fundamentalmente de Hernández Villafuerte.
Hay que insistir en algo: El Alcalde soledense debe actuar convencido de que estará bajo la lupa.
Quién sabe si al Ejecutivo Estatal le interese vigilarlo -lo más seguro es que no- pero los diputados de corrientes adversas al gallardismo, que son la inmensa mayoría, sin duda lo van a traer cortito.
No vaya a andar dentro de tres años, o antes, buscándose un buen abogado penalista.
COMPRIMIDOS
Xavier Nava inicia su andadura como presidente municipal de esta capital comprometiéndose con unas pocas pero muy importantes cosas: honestidad, transparencia, respeto a las personas. Con esas que cumpla, ya cumplió. Creo que haría bien en tener presente algo que hace días me recordaba un amigo: El Ayuntamiento es una trituradora de proyectos políticos; un auténtico molino de carne.
Finalmente no fueron dos sino una regiduría de representación proporcional la que el Tribunal Electoral federal le quitó al PAN. Con esto, el Cabildo está formalmente en situación de empate: nueve posiciones para el Alcalde y otras tantas para la suma de las oposiciones. Teóricamente el regidor del MC debería jalar con Nava, pero si es gente de Govea, no hay manera de hacerle confianza.
La visita del gobernador Juan Manuel Carreras a Matehuala, donde elogió al Jano Segovia, quien lo insultó no al calor de una borrachera o en una conversación privada que trascendió sino que fue a ofenderlo deliberada y sañudamente desde la tribuna del Congreso, me conmovió. Me dio mucha tristeza.
Es obvio que los alcaldes electos del PAN que mantuvieron esa condición durante tres meses no recibieron algún curso elemental de responsabilidades, atribuciones, compromisos éticos y demás. Lo digo por el inefable nuevo alcalde de Aquismón, Óscar Suárez Mendoza, que en los primeros minutos de su mandato al amanecer del pasado lunes, mandó pintar de azul panista el Palacio Municipal. Como si al Ayuntamiento le sobrara el dinero. No lo conozco, pero debe ser un hombre muy tonto.
Francisco Martínez Ibarra, que según tengo entendido es el único dirigente sindical formalmente expulsado de la CTM, que además ha perdido en todas las instancias legales, laborales y judiciales, los juicios que ha promovido para revertir su expulsión, anda engañando despistados en la Huasteca, tratando de introducirse en diversas agrupaciones sindicales, como la del organismo de agua potable de Ciudad Valles. Les dice que él mantiene sus derechos sindicales a salvo, lo cual no es cierto.
Hasta el próximo jueves.
En el Congreso, lo que se cree fue un sonoro campanazo va a terminar en un inútil petardazo. Si los todavía flamantes diputados en verdad quieren corregir las cochinadas que hicieron sus antecesores con las cuentas públicas que les tocó aprobar, particularmente las negociadas por la Ecuación Corrupta, lo primero que tienen que hacer es cambiar de estrategia, pues erraron el camino, el destino y el objetivo.
Como es sabido, en su primera sesión ordinaria del pasado viernes 21 de septiembre, los integrantes de la LXII Legislatura aprobaron una iniciativa de decreto presentada por el diputado Edgardo Hernández Contreras, “para dejar sin efecto” el decreto aprobado por la Legislatura anterior en sesión extraordinaria del 7 de septiembre (una semana antes de irse), mediante el cual “determinó que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables”. También se dispuso reponer el procedimiento para que lo cumpla la nueva Comisión de Vigilancia.
El sustento jurídico del decreto aprobado el 21 del mes pasado es muy endeble. Básicamente consiste en que la ley sólo permite conocer de dictámenes de Cuentas Públicas en períodos ordinarios de sesiones y no en extraordinarios. Esta es una interpretación muy controversial, igual que el otro argumento de Hernández Contreras según el cual las sesiones extraordinarias deben convocarse cuando haya necesidades urgentes o motivos de gravedad, que en el caso no se acreditan, según él, pero se desentiende del hecho de que el mismo artículo (33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo) dispone que la existencia o no de esas circunstancias quedan sujeta “al juicio” de la Diputación Permanente.
Pero más allá de esa fragilidad jurídica, que tendrá importancia sólo si alguien combate en tribunales el decreto de marras, el fondo verdadero meollo de todo el asunto está mal enfocado, por dos razones: una, las cuentas públicas que realmente es necesario revisar son las del 2016, pues son esas las que manipuló y negoció, y con las que extorsionó, chantajeó y se benefició la Ecuación Corrupta; y dos: el Honorable Congreso del Estado simplemente no puede ordenarle a la Auditoría Superior del Estado que reponga auditorías o emprenda otras.
Esto último, porque en sentido estricto a eso se refiere la autonomía técnica y de gestión que la Constitución General de la República (artículo 116 fracción II) le reconoce a los organismos estatales de fiscalización (no todos se llaman igual), uno de los cuales es nuestra Auditoría Superior del Estado. Obviamente, la Constitución local dispone lo mismo, en su artículo 54.
¿Quiere esto decir que no hay manera de que la ASE vuelva a realizar auditorías anteriores o en curso? No, no es así. Sí puede hacerlo. Mediante un procedimiento específico claramente previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (artículos 47 al 54), “cualquier persona” puede solicitar a la ASE directamente o al Congreso o a la Comisión de Vigilancia, que se revisen las auditorías hechas a las cuentas públicas del ejercicio en curso o de ejercicios anteriores.
El mismo articulado de esa ley establece qué requisitos debe cumplir la solicitud, pero es obvio que no se trató de obstaculizar la acción ciudadana, pues son relativamente sencillos. Llama la atención el último párrafo del artículo 48, que es el que se refiere a los requisitos y formalidades de la denuncia: “Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La Auditoría Superior del Estado deberá proteger en todo momento la identidad del denunciante”.
Presentada la denuncia o solicitud con las fáciles formalidades y requisitos establecidos en la ley, la titular de la ASE debe turnarla a las áreas técnicas de ese organismo, para que en un plazo breve le den su opinión. Es facultad exclusiva de quien sea titular de la ASE decidir si se obsequia o no el fondo de la petición.
Respecto de este último punto, conviene subrayar que ni el pleno del Congreso ni su Comisión de Vigilancia pueden ordenar a la ASE que resuelva de tal o cual forma la denuncia, solicitud o petición de que se trate (otra vez, por efecto de la autonomía constitucional de los órganos fiscalizadores), pero tampoco él o la Auditor Superior del Estado puede resolver como se le venga en gana, primero porque su resolución, cualquiera que ésta sea, debe estar fundada y motivada, es decir, apegada a legalidad y al debido procedimiento; y segundo, porque si el demandante o solicitante no queda satisfecho, tiene diversas instancias legales, administrativas y judiciales, locales o federales, a las cuales recurrir para combatir el fallo con el que esté en desacuerdo.
Dicho de otra forma y en resumen, si a nuestros neodiputados realmente los mueve el ánimo de hacer justicia, de corregir los entuertos, enmendar las fallas y sancionar las pillerías de sus antecesores, en especial las de los conspicuos integrantes de la Ecuación Corrupta (Oscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén y Enrique Flores Flores) lo único que necesitan es hacer la tarea, investigar en los municipios de sus distritos, recabar datos, buscar indicios y presentar las denuncias correspondientes.
Lo curioso es que para avanzar en esta tarea ni siquiera necesitan invocar su condición de legisladores. La ley es muy clara: “Cualquier persona”. Ahora que si de lo que se trata es de lucimientos personales, de vedetismo legislativo o de búsqueda de celebridad tipo “El Mijis”, entonces que sigan perdiendo el tiempo en tribuna, proponiendo y aprobando decretos que al final del día serán como el agua de borrajas, que no sirve para nada.
¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA?
Durante aproximadamente dos años y medio de la gestión de Gilberto Hernández Villafuerte como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el joven Juan Ignacio Segura Morquecho (actual dirigente estatal del PRD), despachaba en una pequeña oficina aledaña a la antesala del Alcalde, desde donde cumplía puntualmente la encomienda que le hicieron.
Prácticamente nadie entraba a las oficinas de Hernández Villafuerte sin antes pasar a platicar con Segura Morquecho. A fuerza de tanto repetirlo, acabó por establecerse una especie de diálogo estándar: “¿Usted a qué viene?”, preguntaba Nacho. Si la respuesta era del tipo “vengo a decirle al Alcalde que hace días no hay luz en mi calle” o “hace semanas que no pasa el camión de la basura” o “quiero ver si me rebaja una multa de Tránsito”, los interesados podían seguir adelante, con la recepcionista o con el secretario particular, a ver si tenían suerte y eran recibidos.
Pero si la respuesta era de otro calibre, por ejemplo: “Vengo a tramitar un permiso para cambio de uso de suelo” o “me están cobrando mucho por un permiso de construcción” o “necesito que me autorice los planos de un nuevo fraccionamiento”, entonces la respuesta habitual del cancerbero era “para eso necesita ver al jefe”. Cuando el interceptado argumentaba que justamente eso era lo que estaba tratando de hacer, se le hacía la aclaración inapelable: “No, con el jefe de a deveras; está aquí cerca en sus oficinas, cosa de caminar unas pocas cuadras”.
Las indicaciones que recibían los ingenuos ciudadanos los conducían al despacho privado del ex alcalde soledense Ricardo Gallardo Cardona, donde efectivamente se “arreglaban” todos los asuntos mayores y redituables de la Alcaldía. Hecho el “arreglo”, un simple telefonazo a Hernández Villafuerte y todo caminaba sobre ruedas.
No tengo idea de si en el nuevo trienio de GHV se vaya a repetir el esquema que hemos descrito.
Pienso que si así fuera sería un tanto complicado reproducirlo exactamente igual, habida cuenta de que Gallardo Cardona debe estar entre tres y cuatro días hábiles de la semana en la Ciudad de México atendiendo sus responsabilidades de diputado federal. Claro que lo más fácil es que lo sustituya su papá, pero no sé si le interese al ex alcalde de la Capital.
Obviamente, lo más cercano a una “caja chica” que le queda al gallardísmo es el Ayuntamiento de SGS, con sus nada despreciables mil millones de pesos de presupuesto y, sobre todo, facultades para autorizar desarrollos inmobiliarios, aprobar construcciones, otorgar licencias de funcionamiento, etcétera. Independientemente de sus arreglos y eventuales componendas internas, lo cierto es que la responsabilidad de todo lo que se haga mal con esos recursos será fundamentalmente de Hernández Villafuerte.
Hay que insistir en algo: El Alcalde soledense debe actuar convencido de que estará bajo la lupa.
Quién sabe si al Ejecutivo Estatal le interese vigilarlo -lo más seguro es que no- pero los diputados de corrientes adversas al gallardismo, que son la inmensa mayoría, sin duda lo van a traer cortito.
No vaya a andar dentro de tres años, o antes, buscándose un buen abogado penalista.
COMPRIMIDOS
Xavier Nava inicia su andadura como presidente municipal de esta capital comprometiéndose con unas pocas pero muy importantes cosas: honestidad, transparencia, respeto a las personas. Con esas que cumpla, ya cumplió. Creo que haría bien en tener presente algo que hace días me recordaba un amigo: El Ayuntamiento es una trituradora de proyectos políticos; un auténtico molino de carne.
Finalmente no fueron dos sino una regiduría de representación proporcional la que el Tribunal Electoral federal le quitó al PAN. Con esto, el Cabildo está formalmente en situación de empate: nueve posiciones para el Alcalde y otras tantas para la suma de las oposiciones. Teóricamente el regidor del MC debería jalar con Nava, pero si es gente de Govea, no hay manera de hacerle confianza.
La visita del gobernador Juan Manuel Carreras a Matehuala, donde elogió al Jano Segovia, quien lo insultó no al calor de una borrachera o en una conversación privada que trascendió sino que fue a ofenderlo deliberada y sañudamente desde la tribuna del Congreso, me conmovió. Me dio mucha tristeza.
Es obvio que los alcaldes electos del PAN que mantuvieron esa condición durante tres meses no recibieron algún curso elemental de responsabilidades, atribuciones, compromisos éticos y demás. Lo digo por el inefable nuevo alcalde de Aquismón, Óscar Suárez Mendoza, que en los primeros minutos de su mandato al amanecer del pasado lunes, mandó pintar de azul panista el Palacio Municipal. Como si al Ayuntamiento le sobrara el dinero. No lo conozco, pero debe ser un hombre muy tonto.
Francisco Martínez Ibarra, que según tengo entendido es el único dirigente sindical formalmente expulsado de la CTM, que además ha perdido en todas las instancias legales, laborales y judiciales, los juicios que ha promovido para revertir su expulsión, anda engañando despistados en la Huasteca, tratando de introducirse en diversas agrupaciones sindicales, como la del organismo de agua potable de Ciudad Valles. Les dice que él mantiene sus derechos sindicales a salvo, lo cual no es cierto.
Hasta el próximo jueves.