El martes 9 de julio fue un día fascinante. En mis ya muchos años en el oficio no había visto nada parecido. Fue la información noticiosa fluyendo casi a la velocidad de la luz y en parte con una perceptible planificación: a las 7:30 de la mañana el presidente López Obrador dio una nota que perfectamente podía ser la principal de cualquier periódico, noticiero o portal: descalificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por carecer de autoridad moral. Unos 45 minutos después, desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el exgobernador veracruzano Javier Duarte anuncia en entrevista radiofónica que está dispuesto a contar todo lo que sabe sobre corruptelas y componendas de la administración peñanietista, que igual calificaba para ser “la de ocho” en cualquier medio. Su vigencia no llegó a las tres horas, cuando cayó la bomba: “Renunció Urzúa”. No se había asimilado la noticia cuando, poco más de una hora después, se anunció que Arturo Herrera sería el nuevo secretario de Hacienda. El ciclo parecía cerrado, cuando hacia las cinco de la tarde el otro estallido informativo: Juan Collado, El Abogado del Poder, fue aprehendido por delitos que no le permitirán la libertad bajo caución.
A reserva de que los especialistas nos digan si jornadas como ésta abonan a la superficialidad del abordamiento, procesamiento y asimilación de eventos informativos relevantes, por ahora lo obvio es que en términos noticiosos sí hubo efectos colaterales interesantes: por ejemplo, desapareció de los medios el conflicto en la Policía Federal, del que bien a bien no sabemos si se solucionó, si está en un impasse o si se diluyó misteriosamente.
Otro de esos efectos colaterales podría ser el que también desplazó de los espacios informativos -sin que fueran muchos- la contienda interna del PRI para renovar su dirigencia nacional. Así, poco trascendió que todo el proceso se dificultó por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de anular la expulsión partidista de Lorena Piñón, con lo cual pudo reingresar a la contienda. Esto implica reimpresión de boletas y reconfiguración de los órganos electorales que deben incluir representantes de los candidatos.
Por esa y otras razones, hasta ayer no se sabía a ciencia cierta cuántas mesas de votación se instalarán en cada entidad, ni cual será su distribución. En la planificación original se hablaba de que serían unas 130 casillas (aunque otra versión hablaba de menos de cien) pero con una dispersión muy curiosa. Por ejemplo, para Villa de Reyes se consideraba solo una en su cabecera, mientras que para Villa de Zaragoza serían dos, no obstante que este municipio tiene la mitad de habitantes que aquel.
Desde otro ángulo, a quien sin duda favoreció bastante la menor atención mediática fue al candidato Alejandro Alito Moreno, en la medida que distrajo la atención sobre la ostentosa y costosa residencia privada de su propiedad que había sido revelada con pelos y señales por el periódico Reforma, haciéndose eco otros medios y las redes sociales, por supuesto. Ayer por la tarde debió celebrarse el primer debate entre los tres candidatos: Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón. Dependiendo del desempeño de cada uno, alguna parte de los indecisos podría encontrar elementos de juicio para decantarse en un sentido u otro.
Por lo que al terruño se refiere, fue hasta fines de la semana anterior que el aparato priista que se supone atiende las indicaciones del Gobernador comenzó a dar señales de vida a favor de Alito. La operación la coordina Martín Juárez, sin que se le vea un entusiasmo mayor. Hay un escenario final que pudiera ser políticamente catastrófico para Juan Manuel Carreras: que Alejandro Moreno gane la votación nacional pero pierda aquí. No es seguro que así ocurra, pero tampoco imposible. No se percibe entre la militancia esa docilidad de antaño al lineazo. En poco más de tres semanas se habrá despejado la incógnita.
Continuando en el escenario local, es obvio que Xavier Nava tuvo un tropiezo no menor que si bien no parece que lo vaya a aniquilar políticamente y a dejarlo sin futuro alguno, sí les ha servido a sus enemigos para darle una zarandeada de aquellas. El problema que yo veo es que el alcalde está haciendo poco por ayudarse. Eso de alargar el proceso interno de investigación sin tomar ninguna decisión ejecutiva -la que sea- lo único que está haciendo es darle más tiempo a sus no pocos enemigos para seguir tupiéndole.
A propósito de estos últimos, el incidente del desalojo en la Oficialía del Registro Civil número 11 les cayó de perlas para tomar posiciones y comenzar el tiroteo. No es ningún consuelo, pero una pequeña ganancia para XN viene a ser la posibilidad de identificar sin margen de error y de alguna forma medir a sus adversarios políticos: el gallardismo, que busca parar cualquier acción penal en su contra y cobrar facturas; los Macabeos, que traen un proyecto político diferente y superpuesto (a ambos les encantaría recibir el apoyo de AMLO), y los panistas en control local del partido, que también traen sus propios planes de cara al 2021, en los que no figura ninguna nueva alianza con Nava.
Ciertamente, los más agresivos han sido los panistas anti navistas, a quienes nada les importó mostrarse insolidarios -más bien se mostraron antropófagos- con su aliado nominal. Por algo la política no deja de ser interesante: mientras que en Morena (a la espera de renovar su dirigencia en octubre o noviembre) no se descarta la posibilidad de un candidato externo a la gubernatura que les facilite ampliar su base electoral, en el PAN están cerrándose todo lo posible en la endogamia. Tampoco es que el grupo fuerte que comanda Xavier Azuara traiga todas las canicas. Ya levantaron la mano Marco Gama y Octavio Pedroza, y no creo que se hayan excluido Josefina Salazar y Sonia Mendoza.
Por lo que a este asunto toca, creo que lo importante es que Xavier Nava entienda que el caso de la oficialía del Registro Civil no es ni administrativo ni jurídico. Como sea que haya comenzado, es ya absoluta e irremediablemente político. No entenderlo así, será un grave error. Por eso, lo de integrar una comisión investigadora suena hasta bobo. Es como enfrentar una manada de lobos cantándole el Himno a la Alegría. Bien haría igualmente en convencerse de un hecho: los Gallardo están derrotados electoralmente en esta capital, pero no políticamente. Menos mientras extrañamente la dirigencia nacional del PRD les siga dejando la franquicia local en sus manos. Esto podría modificarse relativamente pronto.
Cambiemos de temario. Cuando la delincuencia se muestra osada, como por ejemplo al ir a asaltar un restaurante a plena luz del día y a escasos 200 metros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (donde siempre hay patrullas y elementos uniformados y armados), según los expertos ocurre una de dos cosas: los delincuentes están “arreglados” con las corporaciones policíacas o las consideran sumamente incompetentes. Para efectos prácticos, no sé que sea peor.
Por cierto, el hecho de que los asaltantes de Antiguo Garufa sean foráneos, no trae ningún consuelo a los potosinos. Todos suponemos que los cuerpos de seguridad están para protegernos de locales, foráneos, extranjeros y hasta extraterrestres, si se ofrece. Por lo que hace a la desafortunada declaración del Secretario Jaime Pineda, de que tardaron pocos minutos en llegar, denota una cuestión preocupante: que no acaba de entender que su responsabilidad es p-r-e-v-e-n-t-i-v-a, de tal manera que aunque haya llegado dos segundos después, ya llegó tarde. Por lo demás, una persona en condiciones físicas normales, recorre 200 metros en 30 a 40 segundos.
Un último punto vinculado a la seguridad pública. De un tiempo para acá, digamos varios meses, muchos potosinos han notado un incremento significativo en la cantidad de vehículos automotores (automóviles, camionetas, pickups, etc.) que circulan sin placas, y en no pocos casos con vidrios oscurecidos. Eso nunca ha sido buena señal. Ver de qué se trata es competencia municipal, cuyos elementos de la Policía Vial deberían verificar esa clase de vehículos en vez de hostigar jovencitas para ver qué les bajan. Si les da miedo, pongan retenes con elementos suficientes y bien armados.
El pasado día 4 de este mes tuvo lugar aquí un evento que pasó casi desapercibido, pero que entraña una presencia inquietante para el Estado. Ese día vino Napoleón Napito Gómez Urrutia a tomar protesta al excetemista y experredista Francisco Martínez Ibarra como dirigente estatal de la nueva organización Confederación Internacional de Trabajadores (CIT). Lo preocupante es que en el mismo evento tomó protesta como “Secretario de la Sección 24 de la Alianza de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí”, perteneciente a la propia CIT, a un tamaulipeco de apellido Ochoa que en distintos momentos ha sido vinculado con grupos del crimen organizado. Cuidado.
Extraña y desaseada la forma como el Ejecutivo frenó mediante veto la vigencia de las ultimas reformas a las leyes de Bebidas Alcohólicas, de Hacienda y de Ingresos del Estado, cuando tuvo toda la oportunidad del mundo para objetarlas y negociar su modificación con las diferentes fracciones legislativas que las impulsaban, en especial la de Acción Nacional, sin necesidad de llegar a su aprobación para luego vetarlas. La única explicación es que en su momento, últimos días de junio, el Ejecutivo no dijo nada para no confrontar a los panistas que ya le habían ofrecido votar a favor de desechar el juicio político contra Jaime Pineda, precisamente en la sesión del sábado 29 de junio, en la que también se aprobaron las citadas reformas. Ahora, Sonia Mendoza anda montada en pantera y jura y perjura que se las va a cobrar. Es decir, ya se dio cuenta de que la chamaquearon gacho a ella y a sus compañeros de bancada. Bueno, hasta a la fracción del PRI hicieron quedar mal.
El pasado día 3, el Congreso del Estado a través de sus comisiones de Gobernación y Justicia tuvo todo lo necesario para imponer una sanción a Ricardo Gallardo Juárez, por haber violado, en el 2017, las disposiciones legales que prohíben la propaganda personalizada con recursos públicos. Previamente el asunto pasó por el Ceepac y el Tribunal Electoral del Estado. La sanción podría ir de un simple extrañamiento privado hasta una inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante años. De última hora el ala norte de Palacio de Gobierno asumió la defensa del ex alcalde y todo quedó en rebotar el asunto al TEE, que era quien lo había turnado desde el año pasado al Congreso. Están fuertes los arreglos bajo la mesa.
Hasta el próximo jueves.