Si esta crisis política, también conocida como temporada de videoescándalos y filtraciones, se prolonga en el tiempo y profundiza en sus alcances, es muy probable que produzca damnificados inesperados. Por ejemplo, varios que tienen que ver con algunos de nuestros motivos de orgullo nacional en materias tan sensibles como la procuración e impartición de justicia y la mecánica electoral. Razones de orgullo, hay que subrayarlo, apreciadas más que nada entre las élites académicas e intelectuales del país. En otros momentos hubiera sido obligado incluir élites políticas, pero lo que en ese terreno nos va quedando cada vez justifica menos esa expresión que hace referencia a minorías selectas con un nivel social por encima del promedio.
Esos motivos de orgullo son esencialmente medidas legislativas que en su momento se vendieron -y se compraron- como innovaciones que instalaban a México entre los países más avanzados del orbe en los rubros ya citados: procuración e impartición de justicia y la cuestión electoral. El paso del tiempo ha demostrado que están obsoletas y, en el mejor de los casos, requieren de correcciones profundas.
Una de las convicciones que resultan de observar los reveladores videos de moda y de leer la extensa denuncia de Emilio Lozoya, es que el objetivo original del financiamiento público a los partidos políticos (fuertemente incrementado en los años de elecciones) ya no solo carece de sentido sino que viene a ser una burla socarronamente asumida por todos los mexicanos.
Conviene recordar, así sea muy sucintamente, que en la reforma electoral de 1996 se dispuso entregar todos los años sumas elevadas de dinero público a los partidos políticos, con dos argumentos centrales: que había que hacer más equitativa la competencia y que debía impedirse que en las elecciones de todos los niveles entrara dinero indeseable, viniera de la delincuencia organizada o de los grupos privados de interés.
Han pasado casi 25 años de esa presumible “innovación” y lo que tenemos hoy es algo irrebatible: los partidos reciben actualmente miles de millones de pesos de las arcas públicas y cada vez hay mayor presencia de dinero sucio en nuestros procesos electorales, desde una modesta alcaldía hasta la presidencia de la República. Más chocante aún: hay constancias irrefutables de que también se da una gran proporción de dinero público que se inyecta a los partidos y sus candidatos por debajo de la mesa.
Nuestro por otros motivos valorado sistema electoral -ciudadanos elegidos al azar recibiendo y contando los votos, personal de carrera a cargo de la organización, padrón electoral confiable, etc.- en materia de financiamiento es una chapuza a la vista de todos, aceptada por todos y beneficiosa para todos (los actores políticos).
Hace cinco años, en nuestra ultima elección de gobernador, el tope oficial de gastos de campaña fue de 19 millones 745 mil pesos por partido. Yo le puedo asegurar a usted que en ese proceso hubo partidos que gastaron entre tres y cinco veces más. ¿Cómo se financiaron? Con lo que pudieron.
Desde el 2008 los partidos reciben tiempo oficial sin costo en radio y televisión, y tienen prohibido comprar ese tipo de espacios. En su momento, para la reforma electoral del 2007, con la partidocracia en su apogeo, se argumentó que ese rubro consumía la mayor parte del gasto partidista, por lo que al ahorrárselo podría disminuir el costo global de las campañas. Mentira, pura y cruel mentira. Cada año desde entonces ha aumentado el dinero público destinado a las formaciones políticas y cada año se detecta más dinero sucio en las contiendas electorales.
¿Hay alguna solución? Sí, varias, aunque ninguna fácil o rápida. Básicamente, lo que se debe hacer es abaratar las campañas y la organización de las elecciones. Un primer paso sería la implantación del voto electrónico, que reduciría el numero de personal en cada casilla y de representantes de los partidos. En 2018 se instalaron en el país 156 mil mesas de votación, en cada una de las cuales se requirieron cinco personas del INE y un representante de cada partido. Son ciudadanos sin sueldo, pero les entregan en promedio unos 250 pesos a cada uno para sus alimentos y traslados. Otra vía es la reducción igualmente drástica de cierto tipo de propaganda tan costosa como ineficaz y agresiva al medio ambiente.
Al final del día a lo que vamos es que ese otrora motivo de distinción nacional (el alto financiamiento público a los partidos para evitar dinero del narco o de los grupos de interés), en los hechos nunca ha servido, pero hoy por hoy es una payasada monumental.
EL OTRO ÁMBITO
Uno de los temas más discutidos en medio de nuestra videoescandalera es el poco respeto que se está mostrando por la sacrosanta figura del Debido Proceso, una de nuestras cumbres jurídicas. Su introducción es parte medular del nuevo sistema de justicia penal impregnado de un espíritu garantista como nunca habíamos visto antes.
Esta cuestión, la del debido proceso, es una de esas que enfocada desde el punto de vista teórico y doctrinario es absolutamente irrebatible, incuestionable. ¿Quién no quiere que si un día es el caso su juicio se lleve con estricto respeto a sus derechos humanos, observando tiempos y modalidades que le favorezcan?
Pero, hay que remover un poco los oropeles en que llegó envuelta la reforma y asomarse al contenido real. O, quizá sea mejor decirlo así, a lo que en la práctica se ha hecho con ese contenido.
A propósito de los videos y denuncias filtradas a los medios de comunicación, hay una fuerte corriente de opinión que aboga por cesar las exhibiciones públicas con lo que de estigmatización y juicio popular comportan, y optar por el pulcro y civilizado camino de la legalidad que implica dirimir culpas e inocencias en tribunales, instancias éstas donde deciden hombres sabios, justos y honorables.
Pues no, lamentablemente no es así; por lo menos en una generalidad que casi no admita excepciones. En el marco del baluarte civilizatorio indiscutible que es el debido proceso, hace un par de meses todos nos enteramos de como la mamá de José Ángel Casarrubias, El Mochomo, arregló a través de su abogado la entrega de una elevada suma de dinero al juzgador federal para que dejaran en libertad a su hijo. Y le cumplieron. Este individuo es uno de los principales jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, dedicado al narcotráfico, la extorsión, los asesinatos y vinculado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En la banqueta del reclusorio lo detuvieron nuevamente, pero ya había sido declarado libre de toda culpa en el marco de su debido proceso.
Gildardo López Astudillo El Gil, jefe de los Guerreros Unidos en la región de Iguala al momento del secuestro y asesinato de los jóvenes normalistas, en cuyo teléfono se encontraron videos escalofriantes de asesinatos y torturas, así como mensajes incriminatorios, recuperó su libertad hace un año porque al momento de rendir la declaración en que confesó sus culpas no lo acompañaba su abogado defensor.
Para no ir tan lejos, en los círculos judiciales y de la abogacía potosina sabido es que uno de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que está en espera de su ratificación para quedarse otros nueve años en su bien pagado cargo, ofrece a ciertos litigantes redactarles los alegatos que luego deben presentarle a él mismo para que tengan la garantía de que serán recibidos sin ninguna objeción, en beneficio de sus clientes. El servicio, por supuesto, cuesta.
Podríamos llenar páginas y páginas con casos como éstos, pero creo que lo importante por ahora es que la discusión suscitada sobre el debido proceso, en vista del poco aprecio que le está mostrando el presidente López Obrador, conduzca a una revisión profunda de sus términos y deje de ser la llave de la puerta giratoria que hoy tanto beneficia a la delincuencia de todos los calibres.
COMPRIMIDOS
Lo ocurrido ayer en el Congreso del Estado es una especie de empate, del Caco consigo mismo. Estableció prioridades y decidió sacar adelante a su amigo Delgado Sam y sacrificar al aliado macabeo por vía paterna, Torres Zúñiga. ¿Y Juan Manuel? ¡Saaabe! Ya les platicaremos la historia completa, que incluye un reparto de millones entre un buen numero de diputados.
La seguridad pública en esta zona metropolitana de la capital y Soledad de Graciano Sánchez está en crisis. Ni siquiera hay necesidad de argumentar al respecto, los hechos lo confirman. Lo que más preocupa es que los únicos potosinos que no quieren darle la bienvenida a esta desagradable realidad son los responsables de remediarla: el gobernador Carreras, los alcaldes Nava y Hernández Villafuerte; el secretario Jaime Pineda, y el comisario Jiménez Arcadia. Eso es lo más grave. Hace unos días me llegó un mensaje electrónico que citaba una frase atribuida a Albert Einstein que me parece viene como anillo al dedo: “Hay quienes respetan más los problemas que las soluciones”.
Con motivo de la reunión de la Conago con el presidente López Obrador, anduvo por aquí muy en su papel de secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán. Sin embargo, no pudo escapar a las preguntas sobre su eventual postulación como candidato de Morena a la gubernatura potosina. Fue elusivo, pero me quedé con la sensación de que en esta ocasión fue menos categórico en deslindarse de la posibilidad. Externó un precario “por el momento” a propósito de su dedicación a las tareas educativas. La verdad es que parece como si hubiera que rogarle hasta la indignidad. Y tampoco. Ya vimos la madriza que le puso Madrazo en el 95.
A propósito del encuentro Conago-AMLO realizado aquí el miércoles 19, creo que sus saldos fueron buenos, en la medida que no se dieron los escenarios de confrontación que muchos preveían. No todos los participantes salieron satisfechos, pero hay posiciones tan distantes las unas de las otras que no era sensato pensar que se conciliaran en un solo diálogo. La adversidad fue otra: esa misma tarde se filtró la denuncia de Emilio Lozoya, una auténtica bomba noticiosa, y eso dejó casi sin reflectores al evento potosino.
La embestida de la Secretaria (así, sin acento) de la Función Pública contra la revista Nexos, antes que cualquier otra cosa es una torpeza cruda. Desde luego que afectará las finanzas de la empresa, pero parece ser que la reacción de sus lectores suscribiéndose en gran número paliarán en buena medida los daños. En el fondo, es un hecho ominoso, amenazante, preocupante y perturbador.
Hasta el próximo jueves.