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Quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales. Aquí una breve reseña de algunos mexicanos que valientemente han defendido los derechos humanos, su tierra y nuestro medio ambiente.
Isidro Baldenegro López, asesinado en enero del 2017, fue líder rarámuri y protector de los bosques de la Sierra Tarahumara, galardonado en 2005 con el premio Goldman, otorgado a las personas que arriesgan la vida en su lucha contra el daño ambiental. Por muchos años, este activista indígena fue recipiente de numerosas amenazas derivadas de sus constantes denuncias contra la tala clandestina.
En abril del 2017 fue ultimado Benjamín Juárez José, oaxaqueño que luchó contra proyectos mineros que han explotado más de 30 mil hectáreas de suelo en las localidades de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.
La defensora de los bosques mexicanos Guadalupe Campanur Tapia fue liquidada en enero del 2018; líder purépecha fundadora del cuerpo de guardabosques de Cherán que hizo un llamado a la población a salvaguardar sus bosques contra la tala forestal ilegal en aquella región.
Quintín Salgado fue asesinado también en enero 2018; cabeza visible del movimiento de pescadores de Nuevo Balsas que exigían estudios de impacto ambiental para conocer los niveles de contaminación originados por la Mina Media Luna en la rivera del Río Balsas, Guerrero.
En mayo del 2018 el defensor del derecho del territorio y del agua del Municipio de Cuetzalan, Puebla, Manuel Gaspar Rodríguez, fue privado de la vida por ventilar la colusión de autoridades federales y estatales con empresas particulares, para la realización de lo que llamaba “proyectos de muerte” en las cuencas hidrológicas poblanas.
Adrián Tihuilit, defensor de los bienes comunales de San Juan Tahictic, se opuso a la construcción de la hidroeléctrica Gaya en las aguas del río Apulco, Puebla, para preservar las áreas protegidas por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ultimado en junio 2018.
La lucha de José Medel Jiménez Cruz fue de promoción nacional por encabezar un movimiento contra la minería a cielo abierto, así como el uso indiscriminado del agua de esa actividad extractiva. Asesinado en julio 2018.
En septiembre 2018 fue privado de la vida Margarito Díaz González, conocido por su defensa de los sitios sagrados del Pueblo Wixárika, ante la llegada de las mineras canadienses en la zona Wirikuta.
Jesús Ramos Arriola denunció en diversas ocasiones la sobreexplotación del cerro del Tenayo, sitio devastado para obtener material pétreo usado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Él fue asesinado en septiembre 2018. La comunidad de Tlamanalco a la que perteneció, alertó que la destrucción en dicho cerro afectó vestigios arqueológicos y la desaparición de flora y fauna.
Julián Carrillo Martínez, líder rarámuri y defensor del bosque de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara; hasta el momento de su asesinato en octubre del 2018, tenía diez años luchando contra la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de la zona. Además de la tala clandestina, el crimen organizado ha ocupado los bosques para la siembra de amapola y cannabis.
Noel Castillo Aguilar fue un defensor de derechos humanos que trabajaba para la protección de las playas y los derechos a la tierra de la comunidad Barra de la Cruz, Oaxaca. Asesinado en octubre 2018.
Joaquín Díaz Morales, comisario ejidal y activista contra la tala ilegal y defensor de los bosques de Chihuahua. Fue jefe de la brigada de incendios y ejidatario de Tule y Portugal, en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Lo asesinaron en noviembre 2018.
Samir Flores Soberanes fue activista indígena e integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, organización que se opuso desde 2011 al Proyecto Integral Morelos. A inicios de 2019, el activista se pronunció en contra de la construcción de la termoeléctrica con los representantes del nuevo gobierno federal. Samir Flores fue asesinado en febrero del 2019.
Asesinado en junio 2019, José Luis Álvarez Flores fue un ecologista reconocido por su labor como defensor del santuario del mono saraguato, cuyo hábitat estaba en peligro por la explotación ilegal del río Usumacinta. También era encargado de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Saraguato. Antes de su muerte solicitó la protección de las autoridades por las amenazas de muerte que recibió tras denunciar la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta.
Nora López De León fue asesinada en agosto 2019. Bióloga y coordinadora del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico Aluxes, ubicado en el Municipio de Palenque.
Arturo Benjamín Rodríguez Altamirano asesinado en septiembre 2019 creaba huertos urbanos en Xalapa para quitarle espacios a la delincuencia que azota a Veracruz y fundador del Colectivo Xalapeño de Permacultura. Recordado porque caminaba por colonias populares y donde veía un espacio abandonado ideaba un plan para rescatarlo, invitar a jóvenes a generar alimentos y promover el conocimiento de los huertos urbanos.
Paul Vizcarra Ruiz recibió el Premio Nacional al Mérito Ecológico por su trabajo a favor del manejo integral de los residuos sólidos en el Estado de Morelos y mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos de “pepenadores”, mediante la promoción de políticas públicas en derechos humanos y desarrollo sustentable. Asesinado octubre 2019.
Irma Galindo Barrios defendió el bosque de la comunidad San Esteban Atatlahuaca, Oaxaca, y denunció la tala clandestina del bosque de maderas preciosas de su localidad, Juchitán, Oaxaca, movilizando organizaciones ambientalistas, defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas. Por ello fue asesinada en noviembre 2019.
De quien ya nos hemos referido, Homero Gómez González, asesinado el 29 enero 2020, defensor de la mariposa monarca y administrador de un santuario de la Mariposa Monarca, que denunció a diversos grupos de talamontes.
Y del ultimo que se tiene registro, Raúl Hernández Romero, asesinado el 2 febrero pasado, que también fue un protector de la mariposa monarca y denunciante de la tala clandestina de los bosques en el ecosistema al que cada año arriban millones de Mariposas Monarca.
Ante este panorama: ¿serán capaces los gobiernos Federal, Estatales y Municipales de generar mecanismos eficientes de protección para quienes defienden el medio ambiente?
Delírium trémens.- Pues el tiempo pasa y las autoridades ambientales nulo interés muestran para proteger el ANP de la Sierra de Álvarez. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante tanta apatía? ¿Para cuándo su programa de manejo?
@luisglozano