Democracias cansadas
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La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, elaborada por el INEGI, ofrece un dato alentador: en una escala de cero a diez, la población adulta mexicana calificó su satisfacción con la vida en 8.62, por encima del 8.45 registrado en 2021.
La cifra es verdadera, pero conviene comprender exactamente qué significa. La ENBIARE, cuya metodología sigue los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recoge la valoración que las personas hacen de su propia calidad de vida. Examina dimensiones como satisfacción, balance afectivo, sentido de vida, confianza, redes de apoyo y experiencias adversas. Es, por tanto, un instrumento valioso para complementar los indicadores económicos tradicionales.
Sin embargo, 8.62 no es una calificación nacional de salud mental. La satisfacción con la vida y la salud mental están relacionadas, pero no son equivalentes. El promedio tampoco permite conocer cómo se distribuye el sufrimiento entre sectores específicos. Una sociedad puede declararse ampliamente satisfecha y, al mismo tiempo, albergar grupos sometidos a condiciones extraordinarias de estrés, violencia o agotamiento.
El reciente fallecimiento de Orlando García Maciel, joven integrante de la Policía Vial de León, Guanajuato, representa una dolorosa señal de alarma. Antes de morir, difundió un mensaje en el que habló de una "depresión silenciosa" y pidió no descuidar la salud mental. Su caso, por sí solo, no constituye una estadística ni permite atribuir responsabilidades institucionales sin una investigación. Pero sí obliga a formular preguntas que un promedio nacional no puede responder.
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La evidencia internacional confirma que policías y otros trabajadores de primera respuesta enfrentan riesgos psicológicos particulares. Una revisión sistemática de 63 estudios encontró un riesgo elevado de pensamientos y conductas suicidas entre policías, bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos, aunque también advirtió la necesidad de investigaciones longitudinales más rigurosas (Stanley, Hom y Joiner, 2016, A systematic review of suicidal thoughts and behaviors among police officers, firefighters, EMTs, and paramedics).
En Canadá, otra investigación identificó entre el personal de seguridad pública una presencia considerable de síntomas compatibles con trastornos mentales (Carleton et al., 2018, Mental disorder symptoms among public safety personnel in Canada).
No resulta difícil entenderlo. Los policías trabajan entre violencia, accidentes, muerte, amenazas y decisiones urgentes. En México deben hacerlo, además, frente al narcotráfico, con corporaciones frecuentemente mal pagadas, jornadas extenuantes, equipamiento insuficiente y estructuras jerárquicas en las que pedir ayuda todavía puede interpretarse como debilidad.
Es razonable pensar que la advertencia alcanza también a médicos, enfermeras, jueces, ministerios públicos, periodistas, docentes y servidores que atienden cotidianamente a víctimas. Para confirmarlo necesitamos mediciones sectoriales, no sólo intuiciones.
La respuesta tampoco puede reducirse a contratar psicólogos. Se requiere una política social y laboral que examine salarios, jornadas, descansos, cargas de trabajo, liderazgos, atención confidencial y acompañamiento después de acontecimientos traumáticos.
La ENBIARE nos dice que México se encuentra satisfecho con su vida. El caso de Orlando nos recuerda que esa fotografía nacional puede contener zonas invisibles. Una democracia no sólo debe preguntar si su población está satisfecha; también debe averiguar quiénes, dentro de sus propias instituciones, están sufriendo en silencio.
Las y los espero el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
