DinoOasis y la justicia ambiental
Hay decisiones públicas que se intentan vender como progreso, aunque huelan más a prisa, opacidad y cemento que a verdadera visión de futuro. Eso ha pasado con el proyecto conocido primero como Splash y ahora como DinoOasis, un caso que desde hace tiempo no debió tratarse ni con ligereza política, ni con soberbia administrativa, ni con ese tono de burla fácil con el que algunos opinólogos del poder suelen desacreditar toda preocupación ciudadana que les incomoda.
Lo ocurrido en este asunto merece atención no solo por lo que implica para un parque, un área verde o un proyecto recreativo en particular, sino porque exhibe algo más profundo: la dificultad de ciertos sectores del poder para entender que la materia ambiental no es un estorbo burocrático, sino un ámbito de tutela reforzada en el que el Estado debería actuar con más cuidado, más transparencia y más responsabilidad, no con menos.
Durante semanas, quienes advertimos sobre los riesgos ambientales, la falta de información suficiente, la necesidad de conocer con claridad el proyecto, sus impactos, sus autorizaciones, su dimensión hídrica, sus efectos sobre árboles, suelo, paisaje y equilibrio ecológico, fuimos tratados como si exageráramos. Como si defender el medio ambiente fuera una extravagancia. Como si exigir explicaciones técnicas y jurídicas fuera una molestia caprichosa. Como si pedir prudencia frente a un posible daño irreversible fuera equivalente a "estar en contra de todo".
Y no. No se trata de molestar. Nunca se ha tratado de molestar. Se trata de cuidar la casa común. Se trata de recordar que el medio ambiente no beneficia a un grupo pequeño: nos beneficia a todos. El aire, el agua, el arbolado, la temperatura urbana, la biodiversidad, la calidad del entorno y el derecho a una ciudad habitable no distinguen ideologías, partidos, simpatías ni cargos públicos. Todos respiramos el mismo aire. Todos padecemos la misma crisis climática. Todos terminamos pagando, tarde o temprano, el costo de las decisiones improvisadas.
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Por eso es tan relevante lo que ha ocurrido en sede judicial. En el video de la sesión del Tribunal Colegiado quedó expuesto un punto medular: la magistrada ponente consideró desacertado el desechamiento de la demanda por parte de la jueza federal, precisamente porque no se privilegió la materia ambiental del asunto. Esa afirmación no es menor. No es una anécdota procesal. Es una llamada de atención seria sobre la forma en que deben analizarse los casos en los que está de por medio la tutela del medio ambiente.
Porque en esta clase de asuntos el reloj corre distinto. En otras materias, un error judicial puede quizá corregirse con relativa holgura. En materia ambiental, no siempre. Hay daños que no se revierten con una disculpa institucional ni con una sentencia tardía. Hay árboles que, una vez derribados, no regresan. Hay alteraciones ecológicas que no se reparan con comunicados triunfalistas. Hay decisiones administrativas que, si no se revisan a tiempo, dejan cicatrices permanentes.
Ese es justamente uno de los puntos que algunos no quisieron entender, o fingieron no entender. Desde el Gobierno del Estado y desde ciertas voces cómodamente instaladas en la defensa automática del poder, se construyó la narrativa de que todo cuestionamiento era exagerado, malintencionado o alarmista. Pero los hechos han empezado a desmontar ese discurso. El caso no era un invento. El tema no era menor. Y la preocupación social y jurídica no era falsa.
En este caso, además, la defensa emprendida por Cambio de Ruta no responde a un ánimo de confrontación vacía, sino a una convicción elemental: la justicia ambiental exige vigilancia, participación y litigio estratégico cuando es necesario. No porque dé gusto entrar en conflicto, sino porque demasiadas veces las instituciones reaccionan solo cuando alguien les recuerda que la ley también existe para ellas.
No es casual que este caso haya despertado una reacción ciudadana tan amplia. Hoy existen ya más de 33 mil firmas en la petición de Change.org, lo que revela que la preocupación no es marginal ni artificial. No se trata de unas cuantas personas inconformes. Hay una sensibilidad social creciente frente a la forma en que se toman decisiones que afectan bienes comunes. Y esa cifra, lejos de ser un simple dato de redes, representa un mensaje político y moral muy claro: la ciudadanía sí está mirando, sí está entendiendo y sí está dispuesta a defender lo que considera valioso.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: sigamos firmando. Sigamos informándonos. Sigamos compartiendo el video de la sesión. Sigamos exigiendo que este asunto se discuta con seriedad. Porque cuando una comunidad baja la guardia, el poder se acostumbra a decidir sin explicar. Y cuando el poder decide sin explicar, casi siempre los costos recaen sobre la gente y sobre el entorno.
Nunca debió minimizarse.
Delirium Tremens.- Ya nace Verde Potosino: donde la tierra respira, el futuro florece.
@luisglozano
