Una de las instituciones más apreciadas entre los potosinos, el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, está siendo empujado a una grave crisis financiera, que pone en riesgo la continuidad y calidad de sus servicios. La maniobra fue concebida y operada por la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, por razones oscuras, sucias y vengativas.
Fundado hace 73 años, el Hospital Central ha jugado un papel relevante en la atención médica de los potosinos de todo el estado y sus alrededores. A lo largo de su existencia ha enfrentado –y superado- numerosas crisis, principalmente financieras, sin haber dejado caer la calidad y volumen de sus servicios, al contrario.
A partir del 2004, con su incorporación al Seguro Popular en calidad de prestador de servicios, el HC comenzó a disponer de un ingreso propio muy importante. En 2018, el Hospital tuvo ingresos por casi mil cien millones de pesos, 400 de los cuales, en números redondos, provinieron del Seguro Popular, Es decir, casi el 40 por ciento del gran total de sus ingresos provinieron de esa única fuente. El resto se obtuvo de las aportaciones federales y estatales que sumaron 415 millones de pesos, y los otros aproximadamente 250 millones fueron ingresos propios.
En los últimos meses del año pasado, la Dirección de Calidad en Salud de la Secretaría de Salud del gobierno federal solicitó a la Secretaría estatal del ramo, a cargo de la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, que remitiera a la brevedad unos documentos denominados “cédulas de autoevaluación” de los hospitales que se incorporarían o continuarían en el esquema del Seguro Popular. En el caso que nos ocupa, el trámite habitual hubiera sido que Rangel Martínez reenviara tal solicitud al Hospital Central para que le diera cumplimiento. Nunca lo hizo.
Posteriormente, en la misma época, la SS federal insistió en su petición, advirtiendo que de no ser satisfecha eso implicaría retirarle al Hospital Central la “acreditación” que le permitía prestar servicios médicos al Seguro Popular. Una vez más, la comunicación correspondiente se perdió en algún cajón de las oficinas de Mónica Liliana sin que nadie en el HC se enterara jamás de los requerimientos federales.
La importancia de ese mecanismo de autoevaluación es que si el hospital o clínica involucrado tiene algún problema o alguna deficiencia que deba corregir, la SS federal otorga, hasta en dos ocasiones, plazos razonables para ello.
Por el proceso de sustitución de sus viejas instalaciones por las nuevas en proceso de construcción, seguramente el Hospital Central hubiera recurrido a esos plazos de gracia para cualquier acondicionamiento, pero nunca tuvo conocimiento de los requerimientos federales. Perversamente doña Mónica Liliana los hizo perdedizos.
Así, en noviembre pasado, la SS federal comunicó a su homóloga estatal que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” había perdido la acreditación que le permitía prestar sus servicios médicos en el Seguro Popular (por no haber atendido las solicitudes de autoevaluación) y que por lo tanto quedaba excluido de ese esquema y de sus 400 millones de pesos anuales.
Para entonces, la secretaria Rangel Martínez ya no pudo ocultar las comunicaciones del caso, y le echó la culpa del daño a un empleado de tercer nivel en la dependencia a su cargo, un joven médico que solo hacía lo que ella le ordenaba.
En marzo de este año, ya con la nueva administración federal, se convino con funcionarios de la Dirección de Calidad en Salud una visita suya para inspeccionar el Hospital Central. Se comprometieron a reponer a la brevedad la acreditación correspondiente, cosa que hasta el martes pasado no había ocurrido.
Sin embargo, aun y cuando hoy se repusiera la acreditación, el Hospital Central ya dejó de ser prestador de servicios del Seguro Popular durante 6 meses, lo que le significará una pérdida de ingresos por unos 200 millones de pesos, que no tiene manera de reponer, salvo con una aportación extraordinaria del gobierno del Estado. Esa cantidad representa casi el 20 por ciento de los ingresos totales del nosocomio. Todo, gracias a la perversidad, patología vengativa y vocación centavera de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez.
DE QUÉ Y DE QUIÉNES ESTAMOS HABLANDO
Si alguien conoce bien los intestinos del Seguro Popular es el gobernador Juan Manuel Carreras, quien fue su coordinador estatal por ahí de 2013-2014. Que con ese antecedente la Dra. Rangel Martínez se haya animado a hacerle la sucia jugarreta al Hospital Central, hace sospechar de que está absoluta, firme e irrevocablemente convencida de que es intocable. Y de hecho lo es.
Mónica Liliana fue durante varios años jefa de la Jurisdicción Sanitaria con cabecera en Tamazunchale, de donde fue relevada en 2012 para trasladarla a las oficinas centrales en esta capital con el cargo de Subdirectora de Primer Nivel de Atención. Ahí estaba cuando en septiembre de 2015 el gobernador Carreras la nombró titular de la SS.
A raíz de su remoción, en Tamazunchale se registró un incendio en los archivos de la dependencia a su cargo, con lo cual se perdió valiosa documentación de todo tipo. Siempre se ha sospechado -aunque no comprobado- que fue intencional para cubrir huellas delatoras. Al momento de nombrarla, Juan Manuel Carreras prácticamente no la conocía. La designó por recomendación/imposición de Fernando Toranzo.
Antes de concluir el 2015, en las primeras semanas de la nueva administración, personeros de la SS estatal se presentaron en el Hospital Central para indicar a sus directivos que por instrucciones de la Dra. Rangel Martínez deberían contratar a determinada compañía para las tareas de sanitización (fumigar, desinfectar, etc.). Les explicaron que ese trabajo lo hacían en buena parte con personal propio en nómina y el resto con un proveedor local que les daba buen precio, les fiaba y les tenía paciencia con el pago. O sea, que no y adiós.
Tiempo después, volvieron los enviados de la secretaria de Salud, ahora para “recomendar” a unos amigos que podían hacerse cargo del servicio de comedor en el Hospital, negocio de una veintena de millones al año. Nuevamente los mandaron por un tubo.
No mucho después regresaron, ahora para transmitir la indicación superior de que el servicio de lavandería se lo debían concesionar a cierta empresa. Una vez más, les dieron las gracias y les explicaron que el HC tenía resuelto ese tipo de necesidades, en condiciones favorables.
El intento final, que involucraba un negocio de aproximadamente 100 millones anuales, se dio comenzando el 2016, cuando Mónica Liliana envió a un amigo suyo, dueño de un laboratorio médico de Ciudad Valles, para que el Hospital Central le concesionara sus laboratorios. Una vez más, le dijeron gracias, pero no.
A partir de entonces, la relación institucional fue tensa. Testimonios diversos nos señalan que desde aquellos tiempos Mónica Liliana comenzó a decirles a sus íntimos “me voy a chingar al Hospital Central”. Bueno, pues en esas anda.
Los afanes vengativos de la señora secretaria de Salud no se contienen. No le cuesta incluso llegar a la infamia. El Seguro Popular funciona en cuatro rubros. Uno de ellos es el llamado “Fondo de Protección para Gastos Catastróficos”, que da cobertura a diversos tipos de cáncer, entre otros males. Dentro de ellos, el más frecuente es el de mama, que absorbe gran parte de los aproximadamente 50 millones que representan los gastos catastróficos. Personal bajo el mando de Rangel Martínez, comunicó a oficinas centrales del Seguro Popular que el HC estaba practicando cirugías de cáncer de mama en los quirófanos viejos que no cumplían con las especificaciones, razón por la cual se suspendió ese rubro.
Enterados de la sanción, los médicos del Hospital Central pudieron demostrar que la gente de Mónica Liliana mentía, ya que las cirugías mencionadas se llevaban a cabo en quirófanos de ginecobstetricia más modernos.
La Secretaría de Salud del gobierno del estado tiene bajo su control por lo menos otros cinco hospitales importantes: el del Niño y la Mujer, y los generales de Soledad, Valles, Rioverde y Matehuala. Ninguno es tan grande como el Central, pero sumados probablemente lo superan. Sin duda será interesante ver quiénes o qué empresas se encargan allí de los servicios de lavandería, sanitización, comedores, laboratorios y lo que caiga.
A lo largo de casi tres cuartos de siglo, durante los cuales ha funcionado también como hospital-escuela, el “Morones Prieto” ha producido generaciones y generaciones de médicos que le tienen un cariño entrañable. No exagero si afirmo que en torno al Hospital Central existe una muy particular mística profesional. Desafiar a la comunidad médica potosina no parece una buena idea.
Lo que enseguida le cuento es difícil de creer pero le aseguro que es verdad: en más de una ocasión, en reuniones de gabinete, el gobernador Juan Manuel Carreras ha puesto como ejemplo de buen desempeño a la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud. Amén.
COMPRIMIDOS
La sujeción a proceso del ex diputado Mariano Niño y la judicialización del caso de la Cena Fantasma de diciembre del 2016, reavivan un poco la esperanza de que el Ejecutivo Estatal comience a procurar justicia y el Judicial a impartirla. En este último asunto hay que hacer una precisión: los consignados fueron empleados de la Auditoría Superior del Estado (salvo uno que es el fraudulento proveedor), que probablemente se ganaron una propina, pero la parte sustantiva del dinero hurtado (600 mil pesos), se la repartieron los ex diputados locales Oscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres. No tocarlos a ellos es hacerse pendejos.
Alguien me preguntó mi opinión sobre el gabinete municipal capitalino cuando iniciaba sus funciones. “Es un gabinete para tiempos de paz, y Xavier Nava va a la guerra”, opiné. Bueno, con refuerzos como Gustavo Barrera, Jorge Chessal y Alejandro Zapata Perogordo, en su calidad de abogados litigantes, puede que ya estén listos para la guerra.
No sé si es por su precisión y concisión o si haya una campaña específica para fijarla en el imaginario popular, pero a raíz de que se escuchó el pasado lunes en la reunión de los dirigentes de cámaras y organismos empresariales con Xavier Nava y equipo, oigo con mayor frecuencia la pregunta “¿Por qué Juan Manuel Carreras protege tanto a los Gallardo?”.
En respaldo a mis argumentos de la semana pasada en contra de algunos aspectos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, permítaseme utilizar una metáfora. Nadie puede ponerle algún pero a un Rolls Royce: construcción perfecta, tecnología de punta, gran confort y estética, colores personalizados, lujo, etc. Ahora imagínese usted que el bien intencionado alcalde de Salsipuedes, cuyas calles son todas de terracería, con hoyancos al por mayor, ahorra y se endeuda para comprar uno de esos costosísimos vehículos para patrullar el pueblo y perseguir a los delincuentes.