El 3 de mayo de 2019 el titular del Poder Ejecutivo Federal emitió un memorándum dirigido a los servidores públicos de la administración pública federal; en él se instruye que de manera inmediata se adopten medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público; en el rubro de servicios personales solicita ajustarse a la plazas autorizadas; no contratar asesores, no contratar choferes, ni adquirir o arrendar vehículos, ni personal para plazas no autorizadas; se eliminan las direcciones adjuntas y el personal de confianza en las delegaciones federales.
En materia de gasto operativo de la administración pública se instruye que de manera inmediata se aplique una reducción del 30% al presupuesto autorizado para 2019; en este rubro destacan gastos en materiales de oficina, combustibles, viáticos nacionales y la realización de estudios e investigaciones; además se solicita una reducción en viáticos internacionales, gastos de alimentación para servidores públicos, asesorías, subcontratación de servicios prestados por terceros, gastos en actos ceremoniales y comunicación social.
Diversos estudios realizados a la estructura y funcionamiento de la administración pública han llegado a la conclusión de que su estructura organizativa es obsoleta, hay baja capacidad técnica para resolver problemas públicos e ineficiente ejercicio del gasto público, que aunado a los actos de corrupción han producido que la sociedad tenga bajos niveles de credibilidad sobre el personal y las acciones gubernamentales; motivo por el cual las medidas de austeridad adoptadas han sido bien recibidas en diversos sectores de la sociedad mexicana.
En este contexto 27 Centros Públicos de Investigación existentes en México, los cuales operan bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, son vistos como dependencias de la administración pública, por lo que se les aplica la normatividad y políticas de austeridad presupuestal, sin tomar en cuenta que la naturaleza de sus funciones de estos centros es muy distinta, sus objetivos principales son la generación de conocimiento socialmente útil, la formación de recursos humanos y la divulgación del conocimiento en la sociedad mexicana.
Para que un país resuelva sus problemas públicos requiere generar conocimiento mediante la aplicación del método científico, aparece la necesidad de destinar más recursos y esfuerzos en la generación de actividades de investigación y la formación de capital humano altamente calificado; también fomentar la orientación de todas aquellas acciones que conlleven a mejorar la construcción y gestión del conocimiento científico e innovación tecnológica, sujetas a convertirse en el cimiento para alcanzar niveles destacados de desarrollo y disminución de las desigualdades sociales.
La experiencia internacional muestra: los países que han apoyado con gasto público y privado sus actividades científicas, han logrado incrementar sus niveles de desarrollo y elevar el nivel de vida y bienestar de su población; entre ellos destacan: Finlandia, Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá; entre los cuales no se encuentra México, aquí la actividad científica no ha formado parte de la agenda gubernamental, lo cual puede ser documentada con el indicador gasto en investigación como porcentaje del Producto Interno Bruto (Véase gráfica).
Los Centros Públicos de Investigación son el instrumento de política pública que tiene el Ejecutivo Federal para incrementar la capacidad científica del país, por eso es un error considerarlos como parte de su aparato administrativo gubernamental; su lógica de funcionamiento es diferente, están sujetos a evaluación permanente por sus pares académicos, se rinden cuentas a las autoridades administrativas; también tienen pendientes funcionales y sociales que cumplir, en tiempos de cambio es la oportunidad para adoptar una reestructuración de fondo.
La aplicación de las medidas de austeridad presupuestal tienen grandes implicaciones para el funcionamiento de los Centros Públicos de Investigación; la disminución del presupuesto implicará la reducción y cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos, ya que los investigadores y estudiantes no contarán con recursos para trabajo de campo, movilidad nacional e internacional, siendo éstas actividades sustantivas para la generación de conocimiento científico.
Para que haya altos niveles de bienestar social se demandan políticas públicas de calidad, esto implica la toma de decisiones sustentadas en evidencia empírica, la cual es construida por el conocimiento científico, reducir recursos al sector científico y tecnológico generará que en las políticas públicas del gobierno predominen los valores políticos sobre los argumentos técnicos, cuya consecuencia inmediata será despilfarro de recursos públicos y la adopción de políticas públicas que no solucionen las necesidades de la sociedad mexicana.
México está muy lejos de una cultura científica consolidada, es un país donde se cree más en el pensamiento mágico que en la ciencia, producto de una cultura ancestral; en el Estado mexicano no se han creado las condiciones institucionales y tecnológicas para generar marcos teóricos locales e innovaciones suficientes que sean capaces de identificar las causalidades de las situaciones sociales que requieren intervenciones gubernamentales; con la reducción del presupuestos de los Centros Públicos de Investigación el pendiente será mayor e incluso de grandes retrocesos.
En resumen: es un error considerar a los Centros Públicos de Investigación como una dependencia de la administración pública federal, su función es generar conocimiento científico, por lo que requieren su fortalecimiento financiero, lo cual también implica asumir el compromiso de mejorar sus sistemas internos de control de la actividad científica e incrementar el compromiso por generar conocimiento socialmente útil; generar una sociedad del conocimiento, implica mejorar el índice de gasto destinado a ciencia y tecnología mediante el incremento del gasto publico.