En su afán por ampliar la burocracia del Congreso del Estado, siempre con el propósito de tener dónde acomodar aviadores, achichincles, recomendados, amigas y amigos, cómplices y valedores, los diputados de la anterior Legislatura crearon una delicada situación de ilegalidad que los de la actual han prolongado. Llegado el caso, ambos serán corresponsables de las irregularidades administrativas y delitos que se susciten.
Esta historia tiene también que ver con la apresurada, torpe e innecesaria creación de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso local, adscrita a la Comisión de Vigilancia, que nació mal y ha ido a peor.
Como señalamos en nuestra colaboración anterior, la UEC se creó, a mediados de 2017, a insistencia del entonces presidente de la Comisión de Vigilancia, Héctor Mendizábal, sin más argumento que un órgano similar existía en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde la dinámica legislativa es sustancialmente distinta a la local.
Los errores comenzaron muy pronto: la UEC, en términos de la entonces vigente Ley de Fiscalización del Estado, se creó como parte de la Auditoría Superior del Estado. Auténtica estupidez. Su modelo de inspiración, la Unidad de la cámara federal, es un organismo de apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia para la supervisión del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, necesariamente tiene que estar adscrita a la comisión legislativa y no a la Auditoría cuyo trabajo debe evaluar.
Se les hizo bolas el engrudo, pero en lugar de recomponer el entuerto optaron por hacerse tontos en la Legislatura anterior y dejaron en hibernación la UEC más de un año, hasta que en julio del 2018, ya con un nuevo marco legal, procedieron a disponer que quedara adscrita a la Comisión de Vigilancia.
Pero profundizaron sus desatinos. Los diputados de la Legislatura pasada dispusieron que la Contraloría Interna de la ASE pasara a formar parte de la UEC. En los hechos, solamente su titular, Rosa María Ruíz Medellín, fue trasladada, y los restantes cuatro integrantes de esa Contraloría Interna se quedaron en la ASE con nuevas encomiendas.
Después de meses de meteduras de pata, incluso de tomar protesta a siete funcionarios que integrarían la UEC (cada uno propuesta de los siete integrantes de la Comisión de Vigilancia) pero que nunca jamás entraron en funciones, y luego de que Héctor Vicente Mayorga renunciara en mayo de este año, después de diez meses de solicitar infructuosamente que se le dotara de personal, recién nos encontramos con que el tema de la UEC fue resucitado por la actual Legislatura, con la brillantísima idea de crear un aparato burocrático con 21 directores, subdirectores y jefes de departamento.
Buena parte de lo hasta aquí comentado lo planteamos en nuestra columna de la semana anterior. Lo que hoy queremos destacar es que como daño colateral de este desgarriate la Auditoría Superior del Estado carece desde hace dos años de Órgano Interno de Control (denominación actualizada de las anteriores contralorías internas), con lo cual se está violando la ley. Concretamente, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi. Entre otras cosas, porque dicha ley, promulgada el 3 de junio del 2017, hace obligatorio que la ASE, igual que muchas otras entidades administrativas estatales y municipales, cuente con su propio OIC.
La misma ley establece que los OICs tendrán la responsabilidad de supervisar el correcto desempeño administrativo de su respectiva dependencia, detectar cualquier irregularidad, establecer procedimientos de investigación y sanción y, en caso de configurarse delitos, presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Sin Órgano Interno de Control, no por voluntad propia sino por las burradas de los señores diputados de ésta y la anterior Legislatura, la ASE carece desde hace dos años de un órgano que cumpla esas responsabilidades de vigilancia, supervisión, sanción y denuncia. Es decir, por culpa de nuestros torpes y avariciosos legisladores, en la ASE no hay manera de avanzar en procedimientos para sancionar administrativamente a su personal que incurrió en irregularidades durante la negra etapa de la Ecuación Corrupta.
De ese tamaño son los estragos causados por la mezcla de estupidez y codicia de los diputados de las dos ultimas legislaturas.
Y véalos usted, en lugar de aplicarse a corregir esa delicada situación de ilegalidad en la que tienen viviendo a la ASE y en buena medida a su propia Comisión de Vigilancia, los diputados andan viendo cómo resucitan a la UEC con 20 funcionarios bien pagados que le entren al “moche”.
LAS COSAS NO PODÍAN SEGUIR ASÍ
El sentido común se hizo presente y los altos mandos de nuestras fuerzas armadas, que en su condición de Comandante Supremo encabeza el Presidente de la República, retiraron la orden dada a la tropa de no reaccionar ni responder a ninguna agresión. Se habían tardado.
Cualesquiera que fueran las ideas o concepciones ideológicas detrás de la orden que ahora se revoca, en los hechos se estaba sometiendo a nuestras fuerzas armadas a la humillación pública. Ahora mismo circulan en las redes sociales y el ciberespacio una decena de videos donde se exhibe a nuestros soldados siendo agredidos, maltratados, humillados y vejados, por ajustarse disciplinadamente a la instrucción superior de “no reaccionar”.
Hace pocas semanas, preguntábamos en este mismo espacio “¿Cuál es el límite de nuestras Fuerzas Armadas para soportar humillaciones?”. Ya vimos que, afortunadamente, no mucho.
Sin que mediara un anuncio formal o un comunicado oficial de la Presidencia de la República o de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la semana pasada trascendió en los medios el cambio de órdenes a la tropa y la adopción de algunas medidas pertinentes.
Entre estas últimas, que a partir de ya los soldados y marinos están siendo capacitados en el uso del tolete o macana y el empleo de gas lacrimógeno, para que en una primera instancia sean sus armas defensivas ante agresores.
Aquí es inevitable observar algo extraño: en todo el mundo, quienes utilizan toletes y gas lacrimógeno para contener multitudes y/o repeler ataques, suelen ser las fuerzas policiacas, no los ejércitos. En nuestro país se explica porque el ejercito salió de sus cuarteles hace ya dos sexenios para suplir las insuficiencias y deficiencias de las corporaciones de policía. A la tropa le van a tener que comprar los toletes y los tanques de gas, pues no forman parte de su equipamiento habitual.
Sea como fuere, lo que ya era insostenible era que los militares tuvieran que soportar impávidos ofensas de todo tipo, golpes, empujones, vejaciones y hasta secuestros. Unas fuerzas armadas que no inspiran respeto entre la población, son un absurdo.
Por ahora, según un documento atribuido al titular de la SEDENA y reproducido el jueves pasado por el periódico Milenio, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval ordenó realizar “entrenamientos para uso de armas no letales (toletes) y sustancias químicas irritantes (gas), a fin de neutralizar la resistencia y la violencia de los agresores”.
En el mismo documento se instruye a todo el personal militar dar cumplimiento a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, apegándose a sus principios de “absoluta necesidad, legalidad, prevención y proporcionalidad”. (De aquí se desprende que la orden de no reaccionar ante las agresiones, en estricto sentido, era contraria a la ley).
El escrito enviado por el titular de la SEDENA a todos los oficiales y jefes del ejercito, hace énfasis en el principio de proporcionalidad dispuesto en la citada Ley. Dicho principio establece siete niveles, que van desde la persuasión (cese de la resistencia mediante el uso de indicaciones verbales) hasta la muerte (uso de la fuerza letal como una acción excepcional).
Todo esto, precisa el alto mando militar, con estricto respeto a los derechos humanos (que también tienen los soldados o marinos). Adicionalmente, se instruye también que se graben en video todos los eventos posibles, como un recurso para identificar agresores que en caso de huir, puedan ser identificados y denunciados ante la autoridad correspondiente.
COMPRIMIDOS
Sorpresiva la noticia conocida ayer de que dos ex diputados locales, José Luis Tekmol Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, han sido citados a comparecer ante un juez para que conozcan la imputación que se les hace del delito de Peculado, escuchar sus argumentos de defensa y decidir si se les inicia el procedimiento penal. Yo no echaría campanas a vuelo, pero en el supuesto de que efectivamente se les abra juicio y posteriormente se les sujete a proceso, todos sus compañeros que en la legislatura anterior utilizaron el esquema de las facturas falsas, las empresas fantasmas y los beneficiarios inexistentes, deberían poner sus barbas a remojar.
De entrada, el asunto ese parece no muy preocupante, toda vez que se trata de un delito no grave que salvo situaciones de excepción permite seguir el juicio en libertad. Pero esta condición no quiere decir que nunca pudieran ir a la cárcel. Me explico: en caso de ser encontrados culpables, y si el monto del peculado es mayor de 113 mil 235 pesos (más de mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el ilícito, en 2017), como parece ser el caso pues por lo menos en lo referente al Tekmol se habla de 124 mil pesos, la penalidad aplicable es, según el Código Penal en su artículo 339 fracción III, de 5 a 10 años de prisión. Esas ya son palabras mayores.
No sé qué hacer. No se sí felicitar a la diputada Sonia Mendoza por su insuperable optimismo o si criticar su miopía política. Dijo el sábado anterior, al rendir su informe anual como presidenta de la Mesa Directiva, que en ese lapso el Congreso del Estado recuperó su dignidad y la credibilidad de la ciudadanía. Por supuesto que no hay tal, pero ella quiso verlo así porque en la actual legislatura nadie ha bailado cumbia en el salón de plenos ni se han mentado la madre y retado a partírsela. Es una forma miope de ver las cosas: ¿y los excesos del diputado Edgardo Hernández Contreras en tribuna, y El Mijis detenido en Aguascalientes por andar de mapache? Y, en cuanto a credibilidad ¿y el asunto de la Unidad de Evaluación y Control resucitado para meter canchanchanes a cobrar buenos sueldo y luego aplicarles el “moche”? ¡Ay, Sonia!
Respondo una inquietud recogida en diversas conversaciones: Si para el Partido Revolucionario Institucional el 2021 pinta no mal sino malísimo ¿cómo le va a hacer para conseguir candidato a la gubernatura? No problem. Para estos casos existe esa especie política que pudiéramos llamar de “candidatos profesionales”. Le entran a lo que sea, con tal de recibir apoyo económico suficiente. Claro, exigen 100 pesos y si acaso se gastan 50. Así, por tres meses de campaña se llevan a casa suficiente para pasar tranquilos su vejez.
Hasta el próximo jueves.