El pasado 1 de septiembre en un medio local, apareció esta nota: “Implora la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental que la Fiscalía ya ponga en orden a ladrilleros” ... “la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Yvett Salazar Torres hizo votos porque al fin la Fiscalía General del Estado (FGE) haga algo en contra de las ladrilleras, ya que algunas inclusive operan con cinismo y ya no les importan las supervisiones de la autoridad administrativa que ella encabeza”.
En la misma: “Aceptó que trabajadores y dirigentes de ladrilleras han ignorado por completo los requerimientos a los que deben estar sujetos, además de cumplir con las leyes ambientales, a pesar que las inspecciones de la SEGAM se reforzaron este 2020 a raíz de la nueva implementación de análisis y emisión diaria de la calidad del aire en la zona metropolitana”.
Luego: «Sí hay muchos ladrilleros que no les importan ni siquiera las supervisiones, tenemos formadas algunas denuncias como delitos ambientales y esperamos que la Fiscalía nos ayude a darles seguimiento».
Concluye diciendo: “Sobre estas denuncias, Yvett Salazar exhortó a la ciudadanía para que también ellos se hagan partícipes de cuidar el ambiente … «Cualquier denuncia la pueden presentar los ciudadanos tanto a la Secretaría como a la Fiscalía, no es una facultad exclusiva de la dependencia», indicó”.
Recupero lo anterior porque es evidencia pura del poco conocimiento que tiene acerca de la normatividad ambiental y que la misma debe ser considerada un todo que debe aplicarse integralmente, no con ocurrencias y divagaciones, que solo nos confunden, y que en extremo revelan que en San Luis Potosí no existe armonización de la legislación ecológica, ni interés de funcionarios municipales, estatales o congresistas de solucionarlo.
El Código Penal de San Luis Potosí prevé los llamados Delitos contra el Ambiente. El artículo 310 ordena que se perseguirán por querella; salvo que el daño ambiental ocasionado sea irreversible, en cuyo caso se perseguirán de oficio (no tenemos registro de carpetas de investigación iniciadas así).
El 311 precisa que la SEGAM deberá coadyuvar con la autoridad que conozca de la investigación, o el proceso penal seguido por las denuncias o querellas, respecto de los delitos ambientales, y que incluso la SEGAM tiene la facultad para otorgar el perdón, por la comisión de delitos ambientales, en los casos que proceda.
Así, es facultad exclusiva de la SEGAM recibir, y en su caso, presentar las querellas o denuncias, y determinar si lo remitirá ante la fiscalía, por lo que entonces solo ella “tiene el control / monopolio de denunciar los delitos ambientales”. Esto se reafirma, porque además tiene potestad para otorgar el perdón.
Más allá, la Ley Ambiental de San Luis Potosí, cuenta con un capítulo llamado DE LA DENUNCIA POPULAR, indicando en el artículo 165 que toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, podrán denunciar personalmente, por vía telefónica o vía fax (¿aún existen?) ante la SEGAM, los ayuntamientos u organismos operadores del agua según el caso, todo hecho, acto u omisión de competencia local que produzca o pueda producir daños al ambiente o a la salud humana; la autoridad, una vez que reciba la denuncia respectiva, le dará seguimiento conforme a la ley. En aquellos casos en que como resultado del ejercicio de sus atribuciones tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos en materia ambiental, formularán ante el Ministerio Público denuncia por escrito conforme a los términos y condiciones previstos en esa legislación.
Luego el 175 mandata que la SEGAM deberá presentar denuncia o querella, según proceda, respecto de los delitos en materia ambiental de los que tenga conocimiento. Tratándose de delitos ambientales, como autoridad en la materia, la SEGAM deberá coadyuvar con el Ministerio Público del fuero común.
En la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado del 21 de noviembre del 2019, se dio cuenta de la Iniciativa presentada por Cambio de Ruta que tiene por objeto adicionar y reformar varios artículos de la LEY AMBIENTAL y del CÓDIGO PENAL, con la finalidad esencial de habilitar que toda persona pueda presentar directamente las denuncias o querellas que correspondan a los delitos ambientales.
Pues bueno, la misma iniciativa que tanto bien haría a la ciudadanía y al medioambiente, al día de hoy se encuentra congelada en Comisiones del Congreso local, por diversos argumentos débiles, que según nos dicen, han sido propiciados por la titular de la SEGAM, dado que quiere continuar con ese monopolio. Qué conveniente, ¿no cree?.
No entendemos como una iniciativa ciudadana que tiene un objetivo claro de protección al entorno, se obstaculiza por diversos intereses que atentan contra ellos mismos.
Finalmente debemos denunciar que pedimos al Congreso, en junio pasado, audiencia para explicar nuestra propuesta, pero como siempre, no hubo ni la decencia, ni la cortesía, de darnos respuesta.
Es claro así que en San Luis Potosí poco interés hay por la Justicia Ambiental.
Delírium trémens.- Será interesante conocer el apartado ambiental del próximo informe anual del Dr. Carreras. Dudo que alguien pueda comprobar que la SEGAM cuenta con una política ambiental congruente y de calidad. Ya se evidenciará.
@luisglozano