La invisibilidad ambiental en la sociedad dataficada
Hay un mantra que se repite en casi todos los foros sobre innovación, economía y desarrollo: “Los datos son el nuevo petróleo”. La frase, aunque ya suena a cliché de salón de conferencias, tiene implicaciones inquietantes cuando nos detenemos a pensarla con calma, sobre todo si nos atrevemos a trasladarla al plano ecológico. Porque si el petróleo fue el motor de una economía extractiva, desigual y contaminante, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo con este nuevo combustible digital?
La dataficación —ese proceso por el cual cada aspecto de nuestra vida comienza a ser cuantificado, monitoreado, registrado y transformado en datos— está reconfigurando la forma en que vivimos, decidimos, trabajamos e incluso cómo respiramos. Literalmente. Y digo “literalmente” porque hoy en día, cuando hablamos de políticas ambientales, de contaminación atmosférica, de sequías prolongadas o de pérdida de biodiversidad, lo que no está medido no existe. Lo que no está en un dashboard o en una visualización interactiva parece no tener importancia. Así, la crisis ecológica, que debería ser el centro del debate público, queda a menudo subsumida bajo capas de algoritmos y prioridades digitales que no necesariamente responden a la realidad del territorio.
San Luis Potosí no es ajeno a esta lógica. Por el contrario, es un caso paradigmático de cómo la dataficación puede coexistir con la invisibilidad ecológica. En teoría, vivimos en la era del dato, pero en la práctica, seguimos sin contar con un sistema confiable, público y accesible de monitoreo ambiental que nos permita conocer en tiempo real la calidad del aire que respiramos en la capital, en el Altiplano; el estado de nuestros mantos freáticos o el nivel de contaminación en los ríos de la Huasteca. La información existe, pero no fluye. O peor: no se genera. No se mide. Y si no se mide, no importa. ¿Quién tiene entonces el control del relato?
Es aquí donde conviene recordar que los datos no son neutrales. Todo proceso de recolección y análisis de datos conlleva una decisión política: qué medir, cómo medirlo, para qué y para quién. Si la digitalización masiva no está orientada a democratizar la información ambiental ni a garantizar justicia ecológica, entonces solo estará sirviendo para profundizar las brechas. Brechas entre quienes pueden acceder a datos para proteger sus derechos y quienes ni siquiera saben que sus derechos están siendo vulnerados.
La dataficación ambiental en San Luis se encuentra aún en pañales. No hay voluntad real del Estado por establecer una infraestructura sólida, abierta y transversal de información ecológica. Nos contentamos con reportes opacos, con declaraciones oficiales sin evidencia pública, con simulacros de participación ciudadana sin acceso pleno al conocimiento. El desequilibrio de poder digital también es ecológico.
En esta ecuación, las personas más vulnerables quedan fuera del sistema. La “pobreza de datos” es hoy una forma de exclusión ambiental. Y si no hay datos sobre ellos, no cuentan. No tienen voz. No tienen derecho.
¿Es posible imaginar otra lógica? Sí. Pero eso implica entender los datos como bien común, y no como mercancía ni como herramienta de vigilancia. Significa que los gobiernos —especialmente los municipales y estatales— deben comprometerse a construir plataformas públicas de monitoreo ambiental, con participación comunitaria, ciencia ciudadana y transparencia real.
También nos exige pensar localmente. ¿Cuáles son las variables ambientales más críticas en San Luis Potosí hoy? Sin duda, la disponibilidad de agua y la calidad del aire deberían estar entre las prioridades. Sin embargo, seguimos sin contar con un sistema robusto de monitoreo hídrico que permita saber con precisión cuánto agua se extrae, de dónde, para qué y con qué impacto. Lo mismo sucede con el aire: los potosinos respiran contaminación sin saberlo, o sin poder demostrarlo con datos que sirvan como evidencia ante los tribunales o frente a las autoridades.
En San Luis, urge recuperar la idea de que la tecnología debe estar al servicio de la vida, no de los intereses económicos ni de la indiferencia institucional. Dataficar lo ambiental sí, pero con justicia, con inclusión, con memoria territorial y con visión a largo plazo. Solo así podremos decir que vivimos en una sociedad verdaderamente democrática de los datos. Una donde nadie tenga que elegir entre conexión o comida… ni entre desarrollo y supervivencia.
Delírium Trémens.- La 4T ha matado la información pública, la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo en beneficio de Claudia Sheinbaum, de AMLO y, a nivel local, favorece a la Gallardía, el gobierno más opaco del que tengo memoria. Durante más de 20 años usé el INAI y la CEGAIP para armar litigios estratégicos en defensa de derechos humanos. Que hoy esa posibilidad esté bloqueada es una fatalidad. Una tragedia democrática.
@luisglozano
