Producto de una serie de iniciativas de la sociedad civil y decisiones gubernamentales, hijas de la buena fe y del deseo de tener sistemas de procuración e impartición de justicia a la altura de los mejores del mundo, como si fuéramos uno de los países más avanzados del orbe, hemos llegado a una situación extraña, surrealista, compleja y riesgosa: tenemos leyes que atentan contra la gente, contra sus intereses, contra su seguridad.
El jueves pasado, luego de una rápida y eficaz investigación a cargo de la Policía Ministerial del Estado que encabeza el comandante Castillo Celestino, fue detenido el homicida del pintor vallense Héctor Domínguez, de su señor padre y de uno de sus hermanos. Se trata de un individuo treintañero que asesina por dinero; es un auténtico sicario. El triple homicidio lo cometió el viernes 19 de abril sin siquiera conocer a sus víctimas. Tan es así que necesitó de cómplices que lo condujeran al domicilio de la familia Domínguez y le señalaran a Héctor.
Cobró algo más de 50 mil pesos y recibió la promesa incumplida de un paquete de drogas. La Policía Ministerial sabe que ha cometido varios homicidios más, quizá una docena, y aunque está en proceso de investigarlos, mucho le ayudaría poder publicar en los medios y en las redes sociales una fotografía y el nombre completo del sicario, para ver si alguien lo reconoce y puede aportar datos que ayuden a esclarecer sus crímenes previos.
No puede hacerlo. Se lo impiden las normas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que con su esencia garantista (garantizar el respeto a los derechos de los delincuentes) y su avanzadísimo principio de la presunción de inocencia, lo que realmente hace, lo que en los hechos consigue, es dejar expuesta a la gente a que asesinos a sueldo, peligrosísimos, regresen pronto a las calles.
(Por cierto, la Fiscalía General del Estado dijo la verdad al afirmar que el homicidio del muralista huasteco no estaba vinculado con el crimen organizado. Su muerte la pagó alguien que competía profesionalmente con Héctor, que se fue quedando en desventaja y que acumuló un rencor demencial que condujo a contratar al sicario).
A PROPÓSITO DE LO MISMO
Por disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en vigor desde Junio del 2016, los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, cualesquiera que sean los delitos que hayan cometido, no podrán permanecer en algún centro de reclusión o internamiento más de cinco años. Es decir, si alguien al que le faltan unas semanas para cumplir 18 años viola, asesina e incinera a una niña, y si antes de que lo atrapen reincide en el mismo delito varias veces, a más tardar cinco años después estará en la calle. Y si la edad de nuestro imaginario delincuente juvenil es de entre 14 y 16 años, su sanción máxima será de tres años.
¿Qué efectos ha tenido esta normatividad en la práctica? Que desde hace varios años, el crimen organizado recluta para sicarios a jóvenes de máximo 17 años, a quienes les pueden dar la garantía de que en el peor de los casos, a los 22 o 23 años andarán de nuevo en la calle, serán ascendidos de rango y cobrarán más. Antes del 2016, las leyes locales en la materia contemplaban una pena máxima de 18 años para adolescentes, según la gravedad del ilícito. Aguascalientes nos superaba con hasta 20 años. La nueva ley es nacional y uniformó la penalidad más alta en 5 años.
No quedan ahí las cosas. Partes fundamentales del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes -inspiradas en exitosas prácticas de los países más desarrollados- disponen al detalle cómo debe ser el manejo y tratamiento de los adolescentes por parte de las autoridades, en caso de ser detenidos. Implican tal complejidad y delicadeza estos procedimientos, que muchos policías y ministerios públicos prefieren dejarlos en libertad, hayan hecho lo que hayan hecho, con tal de ahorrarse el engorro tramitológico.
Veamos los hechos: en los años previos a la entrada en vigor del nuevo sistema, nuestro Centro de Internamiento Juvenil llegó a tener 120 huéspedes. Su población rara vez fue menor de 80. Hace unos días, al verificar datos para esta nota, el Centro contaba con nueve internos. Sí, nueve.
Históricamente, el delito más frecuente por el cual se recluía en el CIJ a los adolescentes era por robo. Entre los nueve actuales, no hay ninguno acusado de ese ilícito. ¿Qué pasó? ¿Súbitamente nuestros jovencitos dejaron de hurtar? No, lo siguen haciendo en igual o mayor medida, pero ninguno va a reclusión porque los policías o los agentes del Ministerio Público prefieren soltarlos que lidiar con sus tratamientos especiales.
“Es que no puedes ni verlos feo, porque ya violaste sus garantías. Si de casualidad deben pasar una noche en reclusión y su almohada no es de pluma de ganso, ya te cayeron encima los activistas y capaz que el que va a la cárcel eres tu”, nos explicaba un viejo y experimentado agente policiaco.
Según lo ilustran estos casos, la realidad es fácil de entender pero no sé que tanto de aceptar: hemos importado leyes y normas de los países más avanzados del primer mundo cuando que, en muchos aspectos, seguimos siendo un país tercermundista. El desfase nos está pasando factura.
Otro ejemplo vivo
Nuestro país ha eludido sistemáticamente debatir siquiera -amplia, formal, exhaustiva y seriamente- el tema de la despenalización de las drogas. Lo más que se ha avanzado en este terreno es fijar las pequeñas cantidades o gramajes de droga que pueden traerse consigo sin incurrir en delito, asumiendo que son para consumo personal, y que por lo general son suficientes para unas pocas dosis.
Hasta hace cinco años, las corporaciones policiacas tenían ubicadas 150 narco tienditas en los diferentes rumbos de la ciudad. Lo más que hacían para inhibir su ilegal comercio era pasar en las patrullas frente a los domicilios y las esquinas cercanas. Los narco menudistas se evadían y por algún tiempo suspendían sus actividades.
En la actualidad, beneficiándose tanto de la tolerancia para el supuesto autoconsumo y de las normas del Nuevo Sistema de Justicia Penal que tajantemente prohíbe los cateos o revisiones si no es mediante mandamiento judicial, el narcomenudeo en esta ciudad va a la alza; está en auge. Según datos de la semana anterior, solamente aquí, en la capital, funcionan más de 500 narco tienditas, en un entorno relajado y en ausencia de por lo menos acoso policial.
¿Cómo llegamos a esta situación? Los encargados de las narco tienditas hacen su “negocio” en la esquina más cercana o en la banqueta de la casa, pero tienen el buen cuidado de no traer consigo más de las cantidades permitidas por la ley que, como antes decíamos, son suficiente para unas pocas dosis. Las venden con la absoluta tranquilidad de que si eventualmente llegara la policía y los registrara, no los podría detener porque portarían los gramajes legales. Luego de que venden las dosis que sacaron, vuelven a su casa y se traen otras tantas.
A la pregunta de por qué no solicitan a los jueces las respectivas ordenes de cateo y van por las cantidades mayores de drogas, nuestro amigo policía nos comentó resignado que ni siquiera eso es garantía de éxito en el decomiso, o porque tienen escondites muy bien disimulados o porque siempre hay alguien con la droga a la mano lista para lanzarla a fincas vecinas.
Finalmente, y aunque es algo que puede parecer un dato menor, en la práctica está teniendo consecuencias negativas para el rendimiento policiaco en campo: también por efectos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ahora son los policías investigadores quienes deben conducir los procesos indagatorios desde la escena del crimen hasta comparecer a rendir testimonio en el juicio. Antes, salvo la parte estrictamente técnica de investigación, esto lo hacían los agentes del Ministerio Público, quienes actuaban siempre con la policía y los peritos forenses bajo sus órdenes.
Esta modalidad vigente, significa en la práctica que nuestros escasos policías investigadores pasen incontables horas-hombre sentados ante sus escritorios llenando hojas y hojas de informes que además tienen hora tope de entrega. Según el delito de que se trate y sus circunstancias, hay informes “homologados” integrados por más de 80 hojas, complicadísimos en su llenado.
Alguna vez, al inicio del sexenio de Marcelo de los Santos, la entonces llamada Policía Judicial del Estado contaba con más de 800 elementos. Al inicio de la administración de Juan Manuel Carreras contaba únicamente con 300. Al día de hoy son 400 ¡para todo el Estado! Un buen número de ellos cumplen tareas administrativas y otros consumen horas con los nuevos formatos de informes.
Comprimidos
Apareció el peine. Como oportunamente comentamos, la concesión de la franquicia local del PVEM al gallardísimo se difirió unas semanas porque los mandamases nacionales del Verde no querían que la dirigencia estatal quedara en manos de Emmanuel Ramos Hernández, por estar bajo fuego de acusaciones penales. Los señores Gallardo se empecinaron en su proyecto inicial hasta sacarlo avante. La explicación que nos llega tiene mucho sentido: Toda la operación tenía como objetivo mayor tranquilizar a Emmanuel, quien al verse tan asediado dejó entrever que o lo blindaban o podría “soltar la sopa”. Eso sería gravísimo, para los Gallardo.
La noche del lunes se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de las cámaras y organismos empresariales con los principales funcionarios del Ayuntamiento de la Capital, encabezados por Xavier Nava. El encuentro fue convocado por los dirigentes del empresariado potosino, que querían información detallada sobre las denuncias presentadas por el Ayuntamiento contra la administración gallardista. No quedaron defraudados. Recibieron toda la información que solicitaron. Incluso los funcionarios municipales se hicieron acompañar de algunos de los abogados que están litigando esos asuntos. Al finalizar la reunión, la pregunta que más se escuchó entre los empresarios fue ¿Por qué Carreras se empeña en proteger tanto a los Gallardo? Podrían ir a preguntárselo, no creo que los muerda.
Mostrando una sensibilidad poco habitual entre las autoridades, el pasado fin de semana el Ayuntamiento capitalino regresó a su estado anterior la circulación en las calles Río Pánuco, Río Lerma, Río Nazas y otras del mismo sector de Lomas Primera Sección, que había modificado dos semanas atrás y que había complicado antes que resolver el flujo vehicular de toda la zona.
A reserva de pronto retomar el tema del saqueo a las finanzas de Interapas con el esquema de los servicios médicos contratados a Axioma Kusuri, S.A de C.V. por ahora le informamos que esta fraudulenta empresa tiene tratos actualmente con el Ayuntamiento de Soledad, en términos tan singulares, por no decir tan descarados, que el accionista principal de Axioma, el doctor Juan Carlos Negrete Ayala, es el jefe de Servicios Médicos del vecino municipio. A reserva de eventuales delitos, por lo pronto el conflicto de intereses es evidente.
Hasta el próximo jueves.