La mordaza digital

Regular la inteligencia artificial es necesario. Decir lo contrario sería irresponsable. La IA puede utilizarse para cometer fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad, manipulación informativa o ataques graves a la vida privada. Eso nadie lo discute. Lo verdaderamente preocupante no es la regulación, sino la forma en que el poder decide regular cuando se siente incómodo.

En San Luis Potosí, la discusión sobre inteligencia artificial dejó de ser tecnológica y se convirtió en algo mucho más delicado: un problema de libertades, de censura y de silencios institucionales. Porque aquí no se está regulando el daño; se está criminalizando la herramienta. Y cuando el Estado castiga herramientas en lugar de conductas probadas, el mensaje es claro: mejor no hables.

La reforma penal aprobada por el Congreso local introduce delitos tan ambiguos como "alterar la paz social", "generar alarma pública" o "afectar la confianza pública". Dicho en lenguaje sencillo: conceptos que no dicen nada con precisión, pero que sirven para perseguir casi cualquier cosa. ¿Un meme? ¿Una parodia? ¿Una investigación periodística? ¿Una denuncia ambiental incómoda? Todo puede caber ahí, dependiendo de quién interprete la ley.

Y aquí aparece la primera contradicción grave que nadie ha querido explicar.

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Un partido, dos discursos opuestos: Resulta francamente extraño que el PVEM a nivel nacional esté impulsando una propuesta para regular la inteligencia artificial desde un enfoque ético, civil y regulatorio, alineado con estándares internacionales, mientras que el PVEM local en San Luis Potosí opta por la vía penal. No es un matiz técnico. Es una contradicción política de fondo.

 A nivel nacional se habla de transparencia, auditorías, responsabilidad, innovación con límites. A nivel local se habla de cárcel.

A nivel nacional se entiende que la IA no debe usarse para censurar la crítica. A nivel local se construyen tipos penales que castigan el uso, incluso cuando no hay un daño real probado.

 La pregunta es inevitable: ¿por qué el promovente local decidió no alinearse con su propio partido? ¿Por qué aquí se eligió el camino más autoritario? ¿A quién se pretende proteger de verdad con esta ley?

Pero lo más preocupante no es solo la mala legislación, sino el silencio de quienes tienen el poder constitucional para detenerla.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden promover acciones de inconstitucionalidad. No es una concesión política. Es una facultad diseñada precisamente para momentos como este, cuando una norma amenaza derechos fundamentales. Y, sin embargo, han callado.

Ese silencio no es neutro. Tiene consecuencias sociales reales. Porque mientras las comisiones guardan silencio, la ley entra en vigor, el miedo se instala y la autocensura comienza a operar. Periodistas, activistas, artistas y ciudadanos empiezan a pensar dos veces antes de publicar, criticar o denunciar.

Cuando un organismo de derechos humanos calla frente a una ley que inhibe la libertad de expresión, no solo deja de proteger: contribuye al daño. La inacción también viola derechos.

Conviene decirlo con claridad: esta ley no va contra la inteligencia artificial; va contra la crítica. Va contra el uso incómodo de la tecnología. Contra el humor político. Contra la sátira. Contra la investigación periodística. Contra el activismo, incluido el ambiental, que incomoda al poder. Hoy es la IA. Mañana puede ser cualquier otra herramienta.

El precedente es peligrosísimo: usar el miedo tecnológico para ampliar el control penal del discurso público. Eso no es modernidad. No es progresismo. Es autoritarismo disfrazado de regulación.

Las democracias maduras regulan con cuidado. Los gobiernos inseguros castigan con vaguedad.

La inteligencia artificial debe regularse, sí, pero de manera inteligente y democrática:

– Castigando fraudes y daños reales, no opiniones.

– Protegiendo la libertad de expresión, incluso cuando incomoda.

– Usando sanciones civiles y administrativas antes que la cárcel.

– Reconociendo que la crítica política y la sátira no son delitos, aunque molesten.

El derecho penal debe ser la última opción, no el primer reflejo del miedo legislativo.

Cuando los políticos legislan desde el temor, el resultado nunca es protección: es censura. Cuando los organismos de derechos humanos callan, la mordaza se aprieta sola. Y cuando se criminaliza la herramienta, lo que realmente se busca controlar no es la tecnología, sino a las personas.

 La inteligencia artificial no es el enemigo. El verdadero peligro es una clase política que no tolera la crítica y unas instituciones que olvidan su deber de defendernos. Y eso, más que cualquier algoritmo, sí debería alarmarnos.

Delirium Tremens.- "Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las fuerzas armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad" (no hablaba de México, ni de Morena, ni de la 4T, aunque parezca).

 @luisglozano