Los mejores y más confiables jueces serán los resultados, con sus datos duros, cifras y métricas sin sesgo. Hechos y no opiniones, especulaciones o deseos. Hechos que pondrán a cada quién en su lugar. Aumentarán o reducirán simpatías y apoyos populares, elevarán o desplomarán prestigios; consagrarán o demolerán personajes.
Habrá dos etapas en el surgimiento de los resultados fundamentales: primero conoceremos los de la pandemia del coronavirus y después los de la crisis económica. La severidad de esta ultima dependerá en gran medida de la duración, profundidad y alcances de la primera. Entre más se dilate en el tiempo, la geografía y los daños la emergencia sanitaria, más graves serán los estragos en el campo económico: pérdida de empleo, quiebra de empresas de todo tamaño, caída en la producción de bienes y servicios, carestía, retroceso en los indicadores de desarrollo y -en su dimensión más humana y dramática- aumento en el número de pobres.
Los efectos que dejarán ambas emergencias se sentirán en todos los campos, desde los gubernamentales y políticos hasta los deportivos, pasando por los científicos, académicos y empresariales. Por lo alto de sus responsabilidades y atribuciones, igual que por su visibilidad y protagonismo, la atención está y estará puesta sobre todo en los gobiernos y sus titulares, llámense presidente de la República, gobernadores, secretarios de estado, titulares de organismos y alcaldes. Obviamente, también los partidos políticos van a experimentar consecuencias.
Sí, claro, inevitablemente habrá ganadores y perdedores. Debo insistir en algo que apunté aquí mismo hace una semana: en estos momentos es imposible sacar conclusiones válidas. Se puede especular, calcular y en muchos casos más bien desear, pero no están presentes los elementos de juicio que permitan arribar a conclusiones sustentadas.
Es en este contexto que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el martes un planteamiento que dejó frío a todo mundo, no solo a sus adversarios u opositores: anticipar para junio del 2021 la consulta para la revocación del mandato, actualmente contemplada en la ley para el primer trimestre del 2022.
Y digo que todo mundo se quedó frío, porque nadie en estos momentos es capaz de prever cuál será el nivel de aprobación o respaldo popular que traiga López Obrador dentro de 14 meses. Podrá estar en los cuernos de la luna y ser invencible política y electoralmente, o andará de capa caída enfrentando el riesgo de tener que irse del poder sin haber cumplido ni la mitad de su mandato.
Los hechos que definirán un escenario u otro nos son desconocidos y tardarán algunos meses en perfilarse. Es fácil entenderlo: si superada la pandemia México es a nivel mundial uno de los países con, proporcionalmente, menos infectados, menos hospitalizados y menos fallecimientos; si “el pico” de la emergencia sanitaria no colapsa nuestros servicios de salud, públicos y privados, y si la normalidad comienza a restablecerse en menos tiempo que en otras latitudes, AMLO subirá a los altares. Su visión, sus previsiones, sus tiempos, su ritmo, su acierto, serán legendarios.
Y si como sería previsible, a menores daños de la epidemia menores estragos económicos, López Obrador quedaría en inmejorables circunstancias para seguir a tambor batiente con su proyecto transformador, con posibilidades incluso de tener que someterse a la voluntad popular y ser reelecto en 2024.
Pero ¿y si los hechos le son adversos? ¿Si como país nos va muy mal con el COVID-19 y queda claro que el alto costo pudo haberse evitado con una actuación más atinada de la autoridad federal que él encabeza? Ya lo dijimos líneas arriba: andará de capa caída y con un pie en el estribo.
Mutatis mutandis, a Juan Manuel Carreras le puede suceder algo muy semejante. Aún cuando el mandatario potosino se ha mostrado más diligente que el presidente de la República en algunos aspectos, al final del día -perdón lo reiterativo- los jueces serán los resultados. JMC tiene la “ventaja” de que se va en 17 meses, pero la diferencia es que lo haga entre aplausos o entre abucheos, y que entre las patas de su eventual debacle se lleve su sucesión. Su séptimo año podría ser horrible.
NO ESTÁ DE MÁS
Si el diablo no mete su cola, es altamente probable que en fecha próxima los tres partidos políticos que más diputados tienen en el Congreso local amarren un acuerdo para introducir varias reformas sustantivas en la Ley Electoral del Estado, que estarían vigentes en las elecciones del año entrante.
Entre esas modificaciones hay dos que al aprobarse reducirán de manera importante las posibilidades de surgimiento y permanencia de partidos parasitarios, de esos que poco o nada aportan a nuestra vida pública y solo succionan dinero público digno de mejor destino.
El primero de los cambios proyectados eliminará de la ley estatal electoral la figura de “Alianzas Partidarias”, que a nivel federal fueron suprimidas hace seis años pero que aquí mañosamente se dejaron subsistir. Esa es la forma de asociación entre partidos que les permite suscribir un acuerdo en el que se establece, previo a las elecciones, qué porcentaje de los votos recibidos por el conjunto corresponderá a cada uno de los aliados.
Esta fórmula permite burlar la voluntad popular, pues la distribución de los sufragios es la que deciden las dirigencias partidistas y no los ciudadanos.
Hecha la reforma, respecto de la cual hay consenso pero que además si no se hace es muy probable que el Tribunal Electoral Federal la imponga, los partidos podrán aliarse y postular un mismo candidato a su libre albedrio, pero en las boletas aparecerá cada uno con su logotipo y en recuadros separados, para que reciban tantos votos como ciudadanos quieran otorgárselos.
Como está actualmente la ley, se necesita obtener mínimo el 3 por ciento de la votación válida emitida (que en las elecciones del 2018 equivalió a unos 35 mil sufragios) para mantener el registro y tener acceso a las diputaciones de representación proporcional.
La otra reforma importante tiene relación estrecha con la anterior: elevar del 3.0 al 3.7 por ciento ese mínimo. En la perspectiva de que en el 2021 el porcentaje de participación ciudadana en las urnas sea similar a la del 2018 (aquí se elegirán gobernador, alcaldes y diputados federales y locales), ese 3.7 se traduciría en unos 45 mil votos. Ya antes hemos explicado que este porcentaje tiene sentido y se justifica: ese es el mismo que representa cada una de nuestras diputaciones locales respecto del total de 27.
Con ese umbral, correrían grave peligro de quedarse sin registro y sin diputaciones plurinominales por lo menos cinco partidos: Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde y PT. Sobrevivirían sin mayor problema Morena, PAN, PRI y quizá PRD.
Así las cosas, en el escenario local pasaríamos de nueve partidos con registro estatal a cuatro o quizá tres. Pero nada de qué preocuparse: el Instituto Nacional Electoral anunciará en unos meses más (los plazos se interrumpieron por la emergencia sanitaria) cuántos nuevos partidos cumplieron con los requisitos para participar en las elecciones del 2021. Según estimaciones conservadoras, serán entre cuatro y cinco. Localmente quedaríamos igual: se van unos pero llegan nuevos.
La Constitución General de la República mandata que ninguna ley electoral podrá aprobarse o reformarse cuando falten menos de tres meses para que inicie el proceso electoral en que habrán de aplicarse. El proceso local inicia los primeros días de septiembre, de manera que cualquier modificación a nuestra ley en la materia debe aprobarse y promulgarse antes del 31 de mayo. Hay tiempo, apretado pero suficiente para sacar adelante el decreto correspondiente.
Se trata de reformas a una ley no a la Constitución Política del Estado, por lo que no se requiere de mayoría calificada. Es decir, con 14 votos es suficiente. Morena tiene seis propios (aparte los dos del PT y uno del PES, con los que tiene alianza); el PAN igual seis y el PRI cinco propios y uno más por su acuerdo con Nueva Alianza. Son 18 en total, por lo que no deberían tener ningún problema para sacar adelante el proyecto, aún si sufrieran dos o tres defecciones.
Los que van a gritar como locos van a ser Óscar Vera, Eugenio Govea, Cándido Ochoa y Edgardo Hernández y quizá alguien del PT, que sabrá Dios quién será.
COMPRIMIDOS
Pasan los años y no cede un ápice mi admiración profunda por la sangre fría (caradura, dirían los españoles) de Ricardo Gallardo Cardona. Cada que se asoma a madrear a su enemigo favorito se olvida por completo de su pasado, se le borran de la memoria nombres como Clínica Wong, Ocampo y Panavi, recurre a argumentaciones chapuceras y actúa como si todos los potosinos, no sólo sus simpatizantes, fuéramos amnésicos.
Cuando se suscitan episodios como el más reciente a propósito de las nuevas luminarias adquiridas por el Ayuntamiento, fortalezco mi convencimiento de que a Gallardo Cardona más que ser el próximo gobernador del Estado lo que verdaderamente le importa, su mayor y más auténtica prioridad es que de ninguna manera vaya a serlo Xavier Nava Palacios. Sabe que ese sí lo pasaría a cuchillo.
Luego de seis meses de trabajos de reacondicionamiento y cientos de miles de pesos gastados, las instalaciones que ocupaban el C4 y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Sierra Leona, pronto estarán listas para ser ocupadas por dependencias de la Fiscalía General del Estado. El gasto y tiempo perdido hubieran sido innecesarios, si no fuera porque antes de irse a sus nuevas, amplias y cómodas oficinas en el C5, el secretario Jaime Pineda al saber a manos de quién pasarían ordenó que las desmantelaran por completo. Vamos, hasta los cables de luz y marcos de ventanas arrancaron. Para nada los necesitaba, Pura mezquindad. Enterado de semejante locura y el costo de enmendarla, por allá de octubre, el Gobernador Carreras tomó la temeraria y muy ejecutiva decisión de fruncir el ceño.
Justo dentro de dos semanas el nuevo rector Alejandro Zermeño tomará posesión de su cargo. Lo más probable es que lo haga en el marco de una sesión solemne del Consejo Directivo Universitario transmitida a distancia. Pocas semanas después, hacía mediados de junio, deberá solventar su primer desafío: la elección y eventual reelección de los 18 directores de escuelas y entidades académicas. Va a ser muy interesante observar qué nuevos vientos soplan en nuestra máxima casa de estudios.
Hasta el próximo jueves.