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[Spoiler alert: internet existe]

No mire ahora, pero falta un poco más de nueve meses para que termine la segunda década del siglo XXI. En esta obsesión que algunos tenemos por medir nuestra vida en múltiplos de 5 o 10 -sistema métrico decimal, a fin de cuentas-, resulta interesante preguntarnos sobre la capacidad que tiene nuestro gobierno para conducir, coordinar y mantener la rectoría de la sociedad en un contexto dinámico a través de actos de autoridad –legislación, por ejemplo- que se ajustan a las circunstancias actuales.

Vamos a ponerlo en preguntas claritas: ¿Contamos con métodos y estilos de gobernar que responden de manera proactiva al dinamismo del ambiente social? ¿será que el Gobierno –en sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tiene la capacidad de leer la realidad y anticiparse a ciertos fenómenos antes de que se conviertan en problemas, brechas o rezagos? ¿se gobierna a la altura y ritmo del cambio social?.

Empiezo por la peor parte. Operaciones financieras reales basadas en criptomoneda, servicios de transporte público autogestivo, vehículos autónomos, ciberseguridad, blockchains, privacidad, democracia digital, elecciones y redes sociales, gobierno abierto, gestión de las ciudades, combate al cambio climático basado en fuentes de energía renovables, mercados comunitarios digitales, tecnología de la información en el campo médico, biotecnología, sus aplicaciones en la agroindustria, por mencionar algunos ejemplos. A estas alturas del texto Usted ya se imaginará para dónde vamos. Hay una clara asimetría entre las prácticas y tendencias sociales, y la capacidad gubernamental de tener control sobre ellas en favor de la sociedad a la que se debe.

Permítame ser claro en mi planteamiento. El surgimiento mundial de plataformas como Uber o AirBnB es consecuencia del dinamismo social y de la transformación de la manera en que se prestan servicios que tienen décadas –o siglos- funcionando de la misma forma. Partiendo de una noción más o menos elemental de eficacia política, la autoridad debe tener control de lo que ocurre dentro de su territorio. Me refiero al control proactivo, positivo, fértil, que crea valor público y enriquece a la vida social. Hay quien entiende que la responsabilidad gubernamental frente a estos temas se debe orientar a la regulación, pero nadie parece tener claro a qué se refieren con eso. O peor aún: hay quien confunde regulación con recaudación.

En tiempos donde transitamos de las promesas de campaña a las agendas legislativas y los programas de gobierno, me llama poderosamente la atención lo poco que se está hablando sobre contar con una perspectiva política para ir “a la delantera” en los temas emergentes de nuestra sociedad. 

¿Qué hay que hacer? Si nos ponemos clásicos, debemos reconocer que el estado –o si gusta, imagínese al Leviathán- no solo se fortalece con tributos y recaudaciones, sino con la agregación de ideas y voluntades. La sociedad tiene años proponiendo e innovando; no veo agendas políticas formuladas de la mano de emprendedores, universidades, agricultores, geeks, artistas, madres y padres de familia, de personas que tienen el pulso y la perspectiva sobre cómo está funcionando el mundo más allá de nuestras instituciones. Se trata de una obligación ética de quienes participamos en los distintos ámbitos de la vida pública: no se dialoga por pose popular, sino por compromiso democrático e inteligencia colectiva.

También seamos autocríticos. El mercado político se asemeja la ley de la oferta y la demanda. ¿será que como sociedad necesitamos aumentar la calidad de la demanda para obtener mejores ofertas políticas?.

Twitter. @marcoivanvargas