Dos campañas impulsadas vigorosamente por el gobierno de la 4T, una que busca erradicar el uso de facturas falsas para defraudar al fisco o para desviar recursos públicos, y otra que se propone imponer la austeridad republicana tan querida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suprimiendo derroches, lujos, gastos excesivos, adquisiciones o contrataciones injustificadas y cualquier erogación sin sustento, están tocando las puertas del Congreso del Estado y bien pudieran ser el origen de auténticas pesadillas para la mayoría de los diputados de la anterior y la actual legislaturas. Algunos de ellos, incluso, podrán enfrentar fuertes sanciones administrativas y hasta consignaciones penales.
La primera de estas acciones federales está a cargo principalmente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera. De lo que se trata es de suprimir o por lo menos reducir al mínimo el empleo de facturas falsas, expedidas por empresas fantasmales que proliferaron en años recientes y que causaron estragos en la recaudación fiscal nacional.
En un primer informe sobre este tema, entregado el 25 de junio pasado, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, destacó que a ese momento la dependencia a su cargo tenía detectadas 8 mil 204 empresas factureras, asumiendo que las existentes en todo el país son muchas más. Estimó que en conjunto habían expedido casi 9 millones de facturas falsas, por un monto total de 1.6 billones (un millón 600 mil millones) de pesos, con lo que habrían propiciado una evasión de impuestos por aproximadamente 354 mil millones de pesos.
El mecanismo es en el fondo simple: un contribuyente compra por mil pesos una factura que ampara gastos deducibles (que pueden ser desde adquisición de insumos o equipos, mantenimiento de maquinaria, pago de honorarios, construcciones, etcétera, etcétera) por 10 mil pesos, con lo cual según el manejo exacto que se haga, puede ahorrarse de impuestos el triple o más de lo que desembolsó por el documento apócrifo. El SAT ubicó casos donde mediante ese tipo de facturas no solo se evadió el pago de contribuciones sino que se pudieron obtener devoluciones de impuestos.
Hasta ahora, la atención en torno a esta campaña del SAT y la UIF ha estado centrada en la cuestión fiscal, pero ambas dependencias tienen claro que en no pocos casos las facturas falsas han servido también para desviar recursos públicos en beneficio de funcionarios de todos tipos, colores y sabores.
En esa materia, los integrantes de la legislatura anterior podrían dar clases. A lo largo de tres años, utilizaron la adquisición de facturas apócrifas, a empresas virtualmente inexistentes, ya que consistían en un equipo de cómputo, la disponibilidad de un sello fiscal y un domicilio generalmente falso, para justificar un saqueo millonario del presupuesto del Congreso local. Ya incluso, por casos puntuales denunciados por particulares o por organismos de la sociedad civil como Ciudadanos Observando, está sujeto a proceso el exdiputado Mariano Niño, y en ese camino van sus compañeros José Luis Tekmol Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira.
De acuerdo con las ultimas informaciones oficiales proporcionadas por el SAT y la UIF, se desarrolló un modelo informático que está permitiendo hacer un “cruzamiento” de millones y millones de operaciones para detectar el factureo doloso. Según nos explican expertos en el tema, con base en un solo dato, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo mismo de empresas vendedoras que compradoras o de individuos, y mediante el uso de potentes equipos de cómputo, cada día se detectan centenares de miles de operaciones sospechosas, que el mismo programa computacional separa y somete a verificaciones más detenidos.
Es sólo cuestión de tiempo para que el SAT detecte las operaciones fraudulentas de la legislatura anterior, pues confiados en la impunidad que disfrutaban hicieron muchas operaciones con una misma empresa fantasma, foránea por cierto, que ya está en el radar del SAT y la UIF.
En el caso concreto del Congreso local, sus operaciones fraudulentas no fueron para evadir el pago de impuestos, sino para cometer el delito de peculado, desviando recursos públicos que supuestamente pagaban despensas, materiales de construcción, libros, etc., que irían a beneficio de gente de escasos recursos, cuando la realidad fue que previo “moche” con la facturera, el dinero iba directo a sus bolsillos. Cada legislador se embolsó por ese medio más de 2 millones de pesos en los tres años de la legislatura.
Llegado el caso, lo que el SAT tiene previsto para esos casos es hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, que en este tema serían la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.
Por cierto, un dato relevante: el programa informático del “cruzamiento” de información no es el único medio de que disponen las autoridades hacendarias para detectar los casos fraudulentos. La ley prevé la denuncia, que ha existido siempre, pero con la gran diferencia de que ahora sí las atienden con rapidez y eficacia. Ojo, Ciudadanos Observando, Frente Ciudadano Anticorrupción y demás.
VAN EN SERIO
En nuestra colaboración de hace dos semanas publicamos lo siguiente: “Transcribo una nota publicada el pasado 26 de agosto en El Financiero: “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está ampliando sus labores y ahora está siguiendo de cerca de los Congresos locales, los beneficios fiscales y la Guardia Nacional, informó David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación. “Hoy estamos ampliando la fiscalización y estamos auditando a todos los Congresos locales, nunca se había hecho”, agregó”.
Pues con la novedad de que la ASF avisó en días pasados al Congreso del Estado que a más tardar a mediados de octubre próximo estará aquí un equipo de auditores, que revisará todo lo relacionado con el ejercicio de su presupuesto de 300 millones de pesos correspondiente al 2018.
No es la primera vez que la ASF solicita algún tipo de información o envía a alguien a recabarla, pero lo que viene ahora es algo totalmente diferente. Por primera vez en la historia, con sustento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promulgada en julio del 2016, la Auditoría Superior de la Federación viene a hacer una revisión exhaustiva de las finanzas y su ejercicio del Congreso potosino.
Persigue un propósito claro y así se los ha hecho saber a la legislatura: viene a verificar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que aprobada en abril del 2016 no acaba de implementarse como es debido en todo el país.
Esta ley, que contiene disposiciones específicas para evitar o disminuir gastos excesivos o innecesarios, lujos, cualquier forma de derroche o adquisiciones injustificadas en los gobiernos estatales y municipales de todo el país, ha sido identificada por la administración lopezobradorista como una herramienta eficaz para poner coto a los excesos en estados y municipios.
Dentro de ese esquema de contención de excesos, adoptado por iniciativa propia en algunas entidades, sobre todo de un año para acá, se detectó que no ocurría lo mismo con muchos congresos estatales, que siempre se han sentido intocables.
La intervención de la ASE en una instancia estatal como nuestro Poder Legislativo tiene base legal, a partir del hecho de que todos o buena parte de los fondos con que opera el Congreso son de procedencia federal, a través de las famosas Participaciones.
Quienes conocen bien el tema y han recogido información de los congresos estatales ya auditados por la ASF en meses recientes, nos comentan que hay algunos puntos en los que pone particular atención, es severa en la exigencia de correcciones si hay cualquier irregularidad, no deja escapar la oportunidad de hacer recomendaciones enfáticas y en cuanto haya sustento finca responsabilidades.
En esos puntos de particular interés destacan: costo absoluto y porcentual del capítulo de Servicios Personales (nómina, incluidos pagos por honorarios); prestaciones a los legisladores (vehículos, marca y modelo; choferes, asistentes, asesores, etc.), gastos en festejos, celebraciones, viajes y en general los considerados no prioritarios.
En términos de ley, la ASF solamente puede auditar el ejercicio anual previo, 2018 en este caso, pero “Ojo”, si existe alguna denuncia ciudadana seria y por escrito, puede ampliar sus escrutinios tantos años atrás como sea necesario. Otra vez: tip para Ciudadanos Observando, Frente Ciudadano Anticorrupción y demás.
¿Cómo verá la ASF el que nuestros 27 diputados reciben mensualmente 80 mil pesos cada uno dizque para pagar asesores, que diez de ellos (los miembros de la Jucopo) reciben otros 40 mil cada uno y que su presidente Rolando Hervert recibe en total 160 mil para él solito?
Bienvenidos, pues el SAT, la UIF, la ASF y quien más quiera, a ver si así las instancias locales dejan de seguirle otorgando impunidad a cuanto rata nos brinca.
COMPRIMIDOS
El Cuarto Informe de Gobierno y sus proximidades (me) confirmó dos cosas: el cortejo político entre Andrés Manuel López Obrador y Juan Manuel Carreras avanza viento en popa (baste ver la inauguración del C5) y a la histórica mentalidad de albañiles de nuestros mandatarios a manera de modernidad se agrega ahora el espíritu de promotor de negocios. No está mal, o mejor dicho no estaría mal si en el camino no se dejaran tiradas otras responsabilidades como ofrecer seguridad pública, combatir la corrupción y desterrar la impunidad. Ah!, y si no fuera mucho pedir, dejar de entregarle el cuerpo a Nina cada que se le antoja, pues los platos rotos se van a pagar en pocos años más.
Buena idea esa del Consejo del Centro Histórico de promover, mediante un sistema de becas, trabajos de investigación histórica, social, arquitectónica, religiosa, política, económica, militar y demás, todo vinculado con la parte más antigua de nuestra ciudad, que luego habrán de publicarse y difundirse. Y digo que es buena idea porque además de que hace tiempo que no se promueve algo semejante, son el tipo de trabajos que contribuyen a identificarnos mejor, consolidan nuestro sentido de pertenencia y refuerzan el tejido social. Y en estos tiempos justamente de pérdida de identidad, eso es oro molido.
No sé si lo haya pero sin duda debería de haberlo: algún tipo de delito que permita castigar con pena de cárcel las payasadas, simulaciones, afanes de engaño y demás mariguanadas de El Mijis, que ya se pasa de rosca. Ya lo quiero ver cuando se le acabe la fiesta diputadil y pase de moda en los medios nacionales que sí ha logrado engatusar.
Difícil recordar en la vida pública nacional un papel más triste, una actitud más patética que la del ex presidente Enrique Peña Nieto disfrazado de pelotero greñudo. Eso es caer bajo. ¡Y desde qué alturas!
Hasta el próximo jueves.