En los próximos días se anunciará el incremento anual del denominado “salario mínimo”, se habla de un piso de 117 pesos diarios que podrían llegar a los 127, un incremento que por segundo año significaría una reivindicación salarial importante, considerando la pérdida acumulada de poder adquisitivo en los gobiernos anteriores al actual de hasta un 70 por ciento. De igual manera, los salarios contractuales reportan un incremento por encima de la inflación durante los últimos 13 meses (“La Jornada”, 15 de diciembre de 2019). Evidentemente, se trata de un cambio en la política salarial con respecto a los gobiernos anteriores donde, cada fin de año, una burocrática comisión oficial resolvía el incremento del mínimo buscando contener la expansión de su poder adquisitivo.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había venido planteando que “una magra alza salarial, si bien representa un esfuerzo en el camino de la progresividad, es insuficiente para alcanzar un nivel de vida digno”; y es que, en efecto, esa progresividad ha estado muy rezagada con respecto al deterioro acumulado del poder adquisitivo y se trata de salarios reales que no han cumplido con el espíritu constitucional de “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural”, convirtiéndose esa legalidad en letra muerta, operando en la práctica las “leyes” del modelo económico neoliberal.
En un clásico texto marxista, “Salario, precio y ganancia”, se plantea una de las claves de la funcionalidad de la acumulación del sistema económico capitalista, consistente en considerar “la suma de salarios reales, medidos por su capacidad de comprar mercancías, como de magnitud variable y no constante”, por lo que cualquier incremento nominal salarial será insuficiente, incluso si se mantiene constante la productividad (situación que ciertamente se ha complicado en el país). ¿Por qué? Porque la subordinación del trabajo al impacto que impone la innovación científica y tecnológica garantiza la ganancia del capital con independencia de que la explotación laboral gane en extensión o en intensidad, según sea el momento histórico determinado por ese proceso de acumulación.
En otro texto marxista, “El Capital”, es célebre el pasaje que plantea: “pero todos los métodos para la producción del plusvalor son, a la vez, métodos de la acumulación, y toda expansión de ésta se convierte, a su vez, en medio para el desarrollo de aquéllos métodos. De esto se sigue que a medida que se acumula el capital, empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración. La acumulación de riqueza en un polo es, al propio tiempo, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital”. En esta cita se advierte que “sea cual fuere su remuneración” -el salario del obrero-, la expansión progresiva de la acumulación de capital empuja, a su vez, el desarrollo de métodos para la producción de ganancia y acumulación de riqueza que, al propio tiempo, generan miseria en el polo opuesto (cada vez en una desproporción abismal, por lo que se entiende la racionalidad de fortalecer programas de bienestar social como promueve el actual gobierno federal).
Sin embargo, aún y con la importancia de reivindicar el poder salarial mínimo, profesional y contractual de los trabajadores en general, queda el problema de moderar la insultante remuneración de una clase política que sigue disfrutando de las mieles del poder, sin consideración de la suerte de los demás. En este caso, el llamado presidencial a la austeridad le ha venido guango a no pocos representantes populares de distintas fuerzas políticas y, en el caso de la entidad potosina es denigrante el nivel de voracidad mostrado por no pocos legisladores que, por cierto, siguen sin aprobar las mediciones de organizaciones de la sociedad como el denominado “congreso calificado”, pero esto es otro tema que luego abordaremos.