SEVICIA

La privación de la libertad es un castigo severo. No por nada es la pena más extendida en el mundo para aquellos que han infringido la ley, con algunos casos, como el de nuestro país, donde también se aplica a quienes se supone que lo han hecho.

Tiene otra característica que en general es poco tomada en cuenta: la cárcel no es una sanción unidimensional; no afecta únicamente a quien la padece en forma directa. Salvo aquellos que estén solos en el mundo, sin ningún pariente, todas las demás personas privadas de su libertad enfrentan desgarramientos familiares que en muchos casos son dramáticos.

Alguna excepción habrá, pero quienes tienen en prisión a un hijo o una hija, al padre o a la madre o a un hermano, al esposo o a la esposa, padecen también diversas formas de penalidades sin tener ninguna culpa. Un familiar en la cárcel, en la inmensa mayoría de los casos, altera negativamente hábitos de los demás integrantes de la familia.

Quienes conocen de penitenciarismo o cosa parecida, saben que muchos reclusos y, sobre todo, reclusas, mantienen un frágil equilibrio emocional gracias a que dos veces por semana pueden recibir la visita de sus hijos, padres, hermanos o cónyuges. Privarlas de ese asidero afectivo y psicológico, puede llegar a ser un acto de auténtica crueldad por parte de quienes toman semejante decisión.

En un terreno más práctico, el alejamiento de los parientes implica también la pérdida de mejor alimentación por lo menos tres o cuatro días a la semana; dejar de recibir artículos personales de aseo que les son fundamentales para rescatar algo de dignidad en la apariencia cotidiana, o el abasto de medicinas que el servicio médico penitenciario no tiene y tarda demasiado en conseguirlas.  

Viene todo esto al caso porque en días recientes he tenido conocimiento directo -y conmovedor- de varias familias con hijas, hermanas o madres recluidas en la sección femenil del penal de La Pila, que viven horas de angustia porque de alguna manera se han enterado de que en cualquier momento serán trasladadas al penal de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz. En la inmensa mayoría de los casos, las mandan lejos de su lugar de nacimiento, lejos de sus familias, lejos de sus amistades.

Bien a bien no se sabe cuáles son las razones del posible traslado, ya que los anteriores no han sido objeto de ninguna explicación. En alguna ocasión, cuando todavía era secretario de Seguridad Pública, y por ello responsable de los establecimientos penitenciarios, el general Guzmar habló de que se trataba de atender una recomendación de la Asociación de Correccionales de América. Ya lo decía un economista famoso, creo que John Maynard Keynes, que con demasiada frecuencia se sacrifican personas concretas ante ideas abstractas.

Al pasado martes, en la sección femenil de La Pila permanecían 51 mujeres privadas de su libertad; 18 de ellas en un espacio coloquialmente conocido como El Bunker, en donde se aloja a las de nuevo ingreso, que están en espera de que el juez decida si las sujeta a proceso o recuperan su libertad. De las 33 restantes, únicamente tres están sentenciadas. Todas las demás están siendo procesadas, por lo que legal, técnica y lógicamente no se sabe si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La capacidad de esa sección es para más de 150 internas, por lo que actualmente aloja un tercio de las que caben. Es decir, no hay problema de sobrepoblación ni cosa que se le parezca. 

Los traslados de reclusos (as) a veces son necesarios. Por ejemplo, para reubicar a causantes de violencia; para desmantelar estructuras de autogobierno al interior y, por supuesto, para resolver problemas de hacinamiento. Ocasionalmente se hacen por razones humanitarias. Para acercar internos a sus familias. Como fue exactamente el caso de Ricardo Gallardo Cardona en 2015, cuando de su internamiento original en un penal de Hermosillo, a casi 1,700 kilómetros de distancia, fue transferido al penal federal de Ocampo, Guanajuato, a escasos 100 kilómetros. 

El primer traslado femenil efectuado en esta administración fue a finales del 2023, cuando cambiaron a Tancanhuitz a 80 internas. Entre ellas iban las más indisciplinadas o violentas. La operación tuvo cierta lógica. Después se han hecho por lo menos dos más, con 25 mujeres en cada caso, pero ya sin mucho sentido. Entre otras razones, porque se han llevado a internas productivas, que trabajaban en las tres instalaciones fabriles que hay en su sección de La Pila, y generaban ingresos para sus familias. En Xolol no existe esa opción.

TORTURA PSICOLÓGICA

A reserva de que se puedan establecer las verdaderas razones o intereses detrás de los arbitrarios traslados femeniles al reclusorio de Xolol, en la Huasteca, por lo pronto son evidentes tanto su crueldad como su arbitrariedad. Esto último porque el 90 por ciento de las internas afectadas no están sentenciadas, lo que implica que cualquier cambio de ubicación debe ser ordenado o autorizado por el juez que lleva su proceso. No están a entera disposición del Ejecutivo. No sabemos con certeza si los anteriores movimientos y el que se está planeando hayan cumplido con las normas legales correspondientes.

Sea como fuere, las pocas mujeres que permanecen en La Pila, se van a dormir todas las noches con la angustia de que en cualquier momento lleguen a levantarlas, subirlas en un transporte y llevárselas a 400 kilómetros de distancia. Por cierto, en los primeros casos el operativo para trasladar a las mujeres lo ejecutaban custodias del mismo sexo. En el último, lo cumplimentaron varones, prepotentes y procaces.

En razón de lo anterior, desde hace semanas las internas mal duermen vestidas y con sobresaltos. 

En el caso concreto de La Pila y Xolol, no se trata únicamente del alejamiento de las familias, de por sí pesaroso, sino de otros factores. Uno de ellos, las condiciones físicas del reclusorio huasteco; la mala calidad de la alimentación, la ausencia de centros de trabajo donde ocuparse como terapia y para ganar algo de dinero; la distancia, que en transporte público impone más de cinco horas de viaje desde esta capital, por el imprescindible transbordo en Ciudad Valles. La inmensa mayoría de las afectadas son de esta ciudad o municipios cercanos.

Conversamos también con familiares de internas que fueron trasladadas hace algunos meses. Lo primero que señalan es que en general las condiciones materiales de Xolol son insalubres. Hay fauna invasiva, sobre todo sapos de gran tamaño que incursionan donde les da la gana. El clima es severo la mayor parte del año, el servicio médico es deficiente y hay versiones de que en más de una ocasión el médico que las atiende asiste con aliento alcohólico.

En el área femenil de La Pila vienen funcionando tres centros de trabajo: un taller donde ensamblan lámparas, otro de costura y uno más de manualidades. La mayoría de las internas encuentran ocupación y algo de ingreso. Casi todas son de escasos recursos.

A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez un eventual traslado arbitrario, sin razones conocidas ni justificación compartida, no será fácil para el Ejecutivo estatal. Hasta donde sabemos, las familias de las internas en riesgo de desplazamiento han consultado abogados y estarían en proceso juicios de amparo. Uno de los soportes de confianza en este recurso jurídico es que el eventual movimiento tiene que ordenarlo o autorizarlo un juez, quien como todos sabemos está obligado a fundar y motivar sus resoluciones. 

En un caso extremo, al que nadie quisiera llegar, si las vías legales se les cierran y el acto inconsulto se cumple, nadie se extrañe si llegamos a presenciar huelgas de hambre simultáneas al interior y al exterior de los reclusorios. Justo ahora que hay inconformidades entre padres de familia y maestros de las escuelas Tipo y ETI; que el SUTSGE tiene tomadas las instalaciones del TECA, que los pensionados del Hospital Central no reciben sus pagos y que, en general, hay hervores en varios lugares, simultáneamente. Me quedo con la impresión que sería mucho invocar al diablo abriendo otro frente de fricción social.

Debo decir que me llamó la atención que las personas con las que me entrevisté, se refieren con respeto y reconocimiento a la directora del penal femenil de La Pila, la doctora Carmen Villa. Afirman que atiende bien a las internas y sus familiares, que cuida que cuenten con lo elemental, aunque lamentablemente no está en sus manos decidir si hay o no traslados.

Finalmente, cuesta trabajo entender que un gobernante como el nuestro, que vivió en carne propia los rigores de la prisión y que consiguió un traslado, pero para que lo acercaran con su familia, sea capaz ahora de hacerle lo opuesto a medio centenar de mujeres potosinas. Sería mucha sevicia.

De forasteros a la administración gallardista, desde sus comienzos en septiembre del 2021, aunque estoy consciente de que no sirve de nada porque nunca se le ha considerado vinculante, para efectos de ilustración reproduzco el artículo 23 de nuestra Constitución estatal. Dice: 

“Los potosinos, en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia frente a los nacidos en cualquier otra parte del territorio de la República Mexicana o a los extranjeros, para obtener toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del gobierno, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano potosinos”. 

COMPRIMIDOS

Hay cosas del quehacer gubernamental con las que no estoy de acuerdo, pero las entiendo. Hay otras con las que sí estoy de acuerdo y también las entiendo. Pero de repente aparecen algunas con las que no puedo saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo, por la sencilla razón de que no las entiendo. Es el caso del obsequio, sospecho que ilegal, de 350 mil pesos de las arcas públicas a un empresario que fue robado en su local. Y luego, un día después, el anuncio jactancioso de que ya tenía a su disposición un crédito de 650 mil pesos del Sifide, que por sumas mucho menores tardan meses en tramitarse. Aquí fueron horas. Me quedo con dos dudas atosigantes: el beneficiario tiene socios muy bien enchufados en el mundo oficial o alguien imparte órdenes en Palacio de Gobierno en completo estado de embriaguez.

La comidilla del día (así se decía hace mucho) entre el empresariado potosino, la semana pasada, fue la compra de un paquete de seis o siete gasolineras en esta capital, por parte de la familia en el poder. La operación, me dicen los que de esto saben, debe haber sido por varios centenares de millones de pesos. Habrá que investigar en donde comenzará, o ya comenzó, a abastecerse el enorme parque vehicular oficial. Parece que ni ser de los aplaudidores permanentes sirve de nada a la hora de levantar billete.

Según expertos en la materia, no más allá de este fin de año el Gobierno del estado deberá emprender complejas y delicadas operaciones financieras para renegociar su deuda pública de corto plazo, para no quedarse sin liquidez y paralizar más de lo tolerable tareas de gobierno. Esa deuda la recibió en 1,500 millones en 2021, y en septiembre pasado iba en 10 mil millones. El problema para el Ejecutivo es que para eso sí necesita la aprobación del Congreso, y aunque lo trae de rodillas, sobre este particular comienzan a soplar aires de rebelión.

Hasta el próximo jueves.