Sigan importando inútiles

Luego de ver el video del muy torpe desalojo de su extitular llevada a cabo el martes de la semana pasada en la Oficialía del Registro Civil número 11, me vino a la mente un suceso que viene al caso narrar, más que nada porque demuestra que hay maneras de resolver bien situaciones mucho más complejas. A condición, claro, de que se encomienden a gente con la capacidad, experiencia e inteligencia suficientes.

A mediados de 1995, los alumnos de la entonces llamada Escuela Normal Rural del Desierto, ubicada en Cedral, se declararon en huelga. A poco de iniciado el paro, se convino en que una comisión que los representara vendría a esta capital a entablar negociaciones con las autoridades estatales.

Hicieron el viaje unos 150 jóvenes de ambos sexos, que tomaron la decisión de descender de los autobuses en el crucero de avenida de la Paz y 20 de Noviembre, desde donde marcharon hacía la Plaza de Armas. En el camino hicieron pintas y dañaron automóviles estacionados a su paso. Llegados a Palacio de Gobierno al caer la tarde, fueron atendidos por media docena de funcionarios, pero la posición de los estudiantes fue muy radical y las pláticas no llegaron a nada.

Para ejercer mayor presión con sus demandas, anunciaron que se quedarían a acampar al interior de Palacio, instalándose en el patio central. Miguel Naya, en ese entonces Director General de Seguridad Pública del Estado, recibió la encomienda de salvaguardar las instalaciones palaciegas, sin interactuar con los muchachos. Concretamente, se le indicó que evitara cualquier saqueo o vandalismo, pero que no hostigara a los invasores. Vamos, que ni feo los viera.

A la hora de reanudar labores al día siguiente, los jóvenes ya habían abandonado palacio e iban de regreso a Cedral. No hubo ninguna confrontación ni nada parecido. ¿Qué hizo Miguel Naya?

Una vez que apresuró la salida de Palacio del personal que ahí laboraba, sin siquiera voltear a ver a los normalistas y más bien con mucha discreción, procedió a clausurar todos los baños habidos y por haber en la sede del Ejecutivo estatal; en algunos casos incluso tuvo que colocar cerraduras o candados adicionales. En simultáneo, canceló todas las tomas de agua existentes y retiró de los pasillos algunos garrafones de agua con todo y dispensador.

Naya dejó abiertas las puertas y colocó un contingente de uniformados en el exterior. Sus instrucciones fueron muy claras: "todo el que quiera salir, que salga, pero nadie vuelve a entrar".

Entrada la noche, comenzó el goteo de salidas para ir a buscar un baño, para comprar refrescos o algo de comer. Cuando amaneció, dentro de Palacio no quedaban más de 20 jóvenes, quienes ante panorama tan desolador lo abandonaron voluntariamente y se regresaron a su lugar de origen. Ni un jalón, ni un rasguño, ningún esposado o arrastrado.

Si el Director General de Seguridad Pública Municipal no fuera tan incompetente, tan desconocedor del medio (debió saber que la desalojada es gente de armas tomar y que ya ha protagonizado más de un episodio difícil) y tan de pocas luces, mutatis mutandis podría haber hecho lo mismo que Miguel Naya en una escala muchísimo menor. Siempre pasan cosas así con las legiones extranjeras.

Por lo demás, la Oficial desalojada que es abogada sabe bien que su aferramiento físico, literalmente con manos y pies, a un escritorio en una oficina pública, no cambiaría en nada su situación jurídica. En todo caso, si lo considera injusto o improcedente, lo razonable habría sido inmediatamente impugnar su cese ante las instancias correspondientes y no protagonizar tan penoso incidente. Ella misma ocupó un tiempo una Oficialía, la número 12, cuyo titular había sido destituido por diversas irregularidades, litigó su remoción, ganó y regresó a su puesto. Por eso ella estaba ahora con carácter de sustituta en la Oficialía 11.

Ojalá este desagradable incidente sirva para algo. Por ejemplo, para actualizar la Ley del Registro Civil, el Código Familiar y la propia Constitución Política del Estado, y terminar de una vez por todas con esa extraña ambigüedad que envuelve el Registro Civil, responsabilidad del Gobierno Estatal, que hace una especie de subrogación a los ayuntamientos pero mantiene bajo su férula la dirección general correspondiente, en tanto que los ingresos derivados del servicio van a las arcas municipales, de donde salen sueldos y rentas, pero sin que estos tengan un control real de los movimientos financieros en las Oficialías. Un desmadre, pues.


UN VIAJE AL RESENTIMIENTO




Pronto hará cuatro años, el 3 de diciembre del 2015, publicamos en esta columna dos historias relacionadas: una, sobre cómo en los Servicios de Salud del Estado se pagaban a una empresa de limpieza sueldos de personal fantasma por unos 360 mil pesos mensuales, y, otra, reprodujimos la nota del reportero Leonardo Vázquez, publicada en Pulso el 22 de junio de ese mismo año, que daba cuenta puntual de la denuncia presentada por el ultimo titular de esa dependencia en el sexenio de Fernando Toranzo, el doctor Roberto Ávalos Carbajal, por haber encontrado que su antecesor pagó a una constructora casi 150 millones de pesos por la construcción de 15 centros de salud que nunca se terminaron y en algunos casos ni se iniciaron.

En esa columna se menciona, entre otros funcionarios, al doctor Francisco Javier Posadas Robledo, quien fue titular de los Servicios/Secretaría de Salud estatales entre agosto del 2012 y julio del 2014. Nunca dijo nada.

El pasado 20 de junio, hace tres semanas, reprodujimos tal cual aquella columna para ilustrar cómo hay casos de corrupción de la anterior administración estatal que la actual no investiga, y es ahora cuando el Dr. Posadas nos envía una extensa carta aclaratoria que en realidad es una mezcla de desahogo personal, cobro de facturas, reparto de culpas, y cosas por el estilo. El documento refleja también una mente desordenada. Sea como fuere, reclama su derecho de réplica que no pensamos escamotearle. Sucede, sin embargo, que su texto es considerablemente mayor que el que refuta y además debemos hacer algunas acotaciones. Por ello, nos vemos obligado a reproducir y comentar su misiva en partes.

A partir de aquí, el texto enviado por Posadas Robledo. Nuestras anotaciones van entre paréntesis y en negritas para distinguirlas). Dice el remitente:

En primer término quiero aclarar que no conozco a la persona que escribió el artículo, nunca he cruzado palabra con él y cualquier juicio personal de ambas partes, tendrá el sesgo propio de la visión unilateral. Por ello, solo haré algunas aclaraciones muy concretas, basadas en hechos comprobables. Porque a diferencia del señor Juan José Rodríguez, soy un profesional de la salud y no pretendo invadir otras áreas para las cuales no tengo formación profesional. A mi juicio, la investigación periodística en materia de salud, debe ser realizada por profesionales, no por personas improvisadas o que están fuera del ámbito de la salud periodísticamente hablando. (Simpático el planteamiento: para escribir sobre salud, los medios de comunicación deben contar con especialistas, supongo médicos, por lo que para escribir de aviación deben contratar pilotos o ingenieros aeronáuticos, y para abordar temas de seguridad deben tener policías o peritos forenses en su redacción. Además, en flagrante contradicción, el mismo doctor que exige conocimientos especializados para hablar de medicina, opina de periodismo, del cual no sabe nada).

El Sr. Rodríguez comete un error primario: juzga, sentencia, calumnia y miente acerca de hechos que desconoce, que sucedieron en un periodo muy breve, donde solo ostenté el cargo de Secretario de Salud durante 22 meses. Y el resto de los años parecen no existir. Es muy simple y claro, es tratar de dañar la imagen de una persona con calumnias y por motivos que aclararé párrafos adelante. (Efectivamente, sólo duró 22 meses porque fue destituido).

El señor Juan José Rodríguez desconoce que como médico y servidor público he trabajado en la Secretaría de Salud desde 1985. Desde pasante hasta Secretario de Salud Estatal  y durante 7 años Servidor Público de Carrera, durante una biografía de 34 años en la salud. Y el 23 de enero de este año 2019 recibí el Premio Nacional de Administración Pública en Primer Grado. Hay una biografía que respalda mi trabajo y ética profesional. No tendría que darle explicaciones ni hablar de mis méritos a este personaje,  pero es importante que al debatir con argumentos, se plasmen los hechos que respaldan la carrera profesional de un servidor público, de cara a la ciudadanía. (En cierta forma es fácil entender la ira y resentimiento del Dr. Posadas. Actualmente es director de área en el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, con un sueldo neto de 37 mil 464 pesos con 17 centavos. Cuando Toranzo lo despidió, hace 5 años, ganaba más del triple y aquí en su casa). 

Dice en su texto el artículo.  "Ambas historias provienen de fuentes conocedoras y confiables". Pero él como "periodista", sabe que para hacer un análisis objetivo, se requiere escuchar a todas las partes y no hacer juicios sin todo el escenario, porque corre el riesgo de ser un calumniador o poco menos que un mentiroso. En particular cuando habla de hechos que no le constan y a quien está calumniando, en este caso mi persona, no solo está en su terreno, sino que conoce a detalle los acontecimientos porque estuve ahí. Sería importante que escuchara las versiones de las personas a quienes calumnia. Creo que como abogado, debería saberlo. (No soy abogado. Y si él no admite que yo escriba de medicina, yo no admito que él dé clases de periodismo). 

Menciona que la empresa Acualimpio defraudó los Servicios de Salud. Solo debo aclarar que esta empresa trabajó durante muchos años como proveedor de servicios de limpieza en la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Y como en muchos procesos, había irregularidades administrativas. Que nosotros corregimos y que fueron solventadas en auditorias. Reto a quien escribió el artículo, que si tiene pruebas de un beneficio económico de servidores públicos, las presente. Calumniar y mentir es simple, la verdadera integridad se demuestra probando, de lo contrario, puede quedar como un simple mentiroso, como abogado debería saber eso. Durante la gestión que encabezamos, se combatió cualquier práctica ilegal, algo por cierto muy difícil porque las redes de corrupción dentro y fuera de la institución estaban y están a la orden del día. La corrupción es sistémica, combatirla siempre es un reto y se pagan costos altos. Lo que llama la atención es que el señor solo mencione el año 2013 y 2014, cuando esa empresa por lo menos trabajó una década en la dependencia. Son las burdas desconcentraciones de quien escribe por consigna. (Escribí del lapso en que él fue titular de la dependencia porque fue del que me mostraron los documentos que acreditaban la existencia de personal fantasma en los hospitales a su cargo).

Dice el escrito: "A la salida de Posadas Robledo de la Secretaría de Salud, el 15 de julio de 2014, el gobernador Toranzo nombró en su lugar al doctor Roberto Ávalos Carbajal, quien un año más tarde, junio de 2015, presentó una denuncia penal. Una excelente crónica de este asunto, autoría del excelente reportero Leonardo Vázquez, la publicó Pulso el 22 de ese mismo mes. No tiene desperdicio". Pues no tiene desperdicio de mentiras, porque nunca investigaron, solo escribieron por lo que les pagaron y nunca escucharon a las partes involucradas. (La crónica de Leonardo Vázquez reproduce lo esencial de la denuncia. Justamente porque no investigaron –las autoridades- es que hace tres semanas reproduje la columna de diciembre del 2015. Y una muestra más de extravío mental: quien debía investigar y escuchar a las partes es el Ministerio Público).

Primero, aclaro su memoria: La denuncia penal fue una treta política de un personaje muy conocido en San Luis Potosí, Cándido Ochoa, para administrar e inhibir mi posible ingreso a la política en algún cargo público y truncar mis aspiraciones políticas que ellos inventaron. Pero así actúan los cobardes, cuando los agobia el miedo. (Te hablan Cándido). 

Segundo, la denuncia no prosperó porque la licitación se hizo bajo la supervisión, aval y validación  de la Contraloría General de Estado y con seguimiento del Ejecutivo Estatal que había realizado un procedimiento idéntico como secretario de salud en 2004 y que permitió construir 11 centros de salud en tiempo de solo 8 meses. Por otra parte, quien estaba a cargo del Seguro Popular cuando se ejercieron los recursos fue el actual gobernador del estado Juan Manuel Carreras. En caso de haber irregularidades, ellos deben tener una visión muy clara y definir e investigar si realmente hubo corrupción. Cuando las cosas se hacen bien, solo es cuestión de tiempo para que caigan por su propio peso. (A mi Dios que me perdone, pero este párrafo son puras ganas de joder a Toranzo y a Carreras).

Hasta el próximo jueves.