El desarrollo de las energías alternas es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables conlleva beneficios económicos, sociales y ambientales muy positivos en las regiones donde se implemente cualquiera de estas alternativas ecológicas.
Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos como el sol, el viento, o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales de renovación ilimitada, a diferencia de las energías limpias que son aquellas formas de obtención que producen un mínimo o nulo impacto ecológico en el medio ambiente, durante sus procesos de extracción y generación. En particular, las energías limpias suelen emplear la fuerza y el calor de los elementos naturales, canalizándolos para generar con ellos electricidad utilizable en los hogares e industrias humanas. Y lo hacen causando el mínimo impacto posible en sus respectivos ecosistemas.
Un Ciclo Combinado es la generación de energía a la coexistencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro que es gas producto de una combustión o quema. Una Central de Ciclo Combinado es una central eléctrica en la que la energía térmica del combustible se transforma en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos: el correspondiente a una turbina de gas, generalmente gas natural, mediante combustión y el convencional de agua/turbina de vapor. Este tipo de centrales se caracterizan por el uso que se realiza del calor generado en la combustión de la turbina de gas, que se lleva a un elemento recuperador del calor y se emplea para mover una o varias turbinas de vapor.
Cambio de Ruta, el 05 de junio pasado, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno un informe sobre el registro de plantas y/o instalaciones de generación de energía eólica o solar en el Estado de San Luis Potosí, especificando en qué Municipios se localizan, así como el tipo de energía limpia y renovable corresponden.
Fue grande nuestra sorpresa cuando obtuvimos como respuesta que las energías limpias y renovables equivalen en San Luis Potosí a USD $1`659,817,146.00 y que beneficia a los Municipios de Charcas, Rioverde, Santo Domingo, Tamazunchale, Villa de Arriaga, Villa de Arista y Villa de Ramos, además de que por sí solas contribuyen a mejorar el entorno en muchos aspectos.
En estos días la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció oficialmente la cancelación de dos licitaciones para la construcción de dos plantas de ciclo combinado en San Luis Potosí y Salamanca, pretextando el impacto de la crisis sanitaria por la epidemia de la COVID-19 en el país.
La actual política energética del Gobierno Federal pone en riesgo no solamente nuestro medioambiente, sino también inversiones en San Luis Potosí y empleos tan necesario en tiempos de pandemia. Cancelar o restringir las energías solar y eólica, aunado a la anulación de la Central de Ciclo Combinado, es un gran golpe para todos los potosinos.
Hace más de un mes también preguntamos por escrito al Gobernador nos indicara cuál era su postura, criterio, posicionamiento, pronunciamiento o manifestación al respecto; también se le cuestionó si realizaría algún acto jurídico y/o político respaldando la obstaculización del uso de energías renovables y energías limpias, o bien rechazando dicha política impulsada por el Gobierno Federal, pero no se obtuvo respuesta.
Líderes de otras entidades, como Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco iniciaron formalmente la defensa del medioambiente y las inversiones que se tienen en proyectos de energías renovables, pero aquí en San Luis Potosí nadie se ha pronunciado, a pesar de que esas cancelaciones y restricciones son acciones que aquejan la calidad de vida de todos los que habitamos en esta biosfera. No basta con afectar el presente, sino que también comprometen nuestro futuro.
Ante la emergencia climática, vamos sin carreras.
Delírium trémens.- El pasado 18 de julio el Gobierno del Estado debió instalar la Procuraduría Urbana, para dar cumplimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; esta es indispensable para frenar la corrupción inmobiliaria de los últimos años, el crecimiento desordenado y la falta de certeza jurídica para empresarios, inversionistas, sociedad, desarrolladores de vivienda y cuidado al medio ambiente. Ahí también vamos sin carreras (así, con minúsculas).
@luisglozano