En 2012, Daron Acemoglu y James Robinson publicaron el libro ¿Por qué fracasan los países?, tomando como hilo conductor la pregunta: ¿a qué se deben las dramáticas diferencias en el nivel de vida entre las diversas comunidades?, realizan el análisis de varios casos en todo el mundo incluyendo a México, concluyen que los contrastes entre los países y comunidades no se deben a las diferencias geográficas, culturales o incluso económicas, sino a las instituciones de sus sistemas políticos.
Retomando los argumentos de estos académicos, se puede concluir que las raíces de los problemas públicos de exclusión, desigualdad y pobreza que dominan en nuestros días en todas partes del país y del mundo, no están en los errores cometidos en la implementación de la política económica, financiera o social, ni tampoco en las reformas a la administración pública y las políticas de austeridad presupuestal, sino que son las instituciones políticas quienes determinan quién tiene poder en la sociedad y la manera en que lo utilizan.
Los autores argumentan que los países han fracasado porque han privilegiado a las instituciones que llaman “extractivas”, éstas son las que concentran el poder en manos de una élite reducida que acaba extrayendo los recursos del resto de la sociedad, son las que favorecen a los grupos más poderosos de la sociedad, debilitando las instituciones nombradas “inclusivas”, que corresponden a organizaciones que estimulan la educación, salud, seguridad, cambio tecnológico y el bienestar social, mediante inclusión de todos los sectores de la sociedad.
Las instituciones “extractivas” son origen del fracaso de los países y las comunidades por concentrar la riqueza en unos cuantos, por lo que otros sectores sociales lucharán por sustituirlas; la inestabilidad creada por esta lucha genera incertidumbre, conflicto y polarización social; una estructura institucional de élite debilita al gobierno por que sus políticas públicas están capturadas, generan injusticias porque hay una aplicación selectiva de la ley, lo que provoca una ruptura del orden social establecido.
Un país exitoso mantiene una pluralidad efectiva; es decir, impulsa opciones políticas reales, con reglas del juego iguales para todos y con un gobierno fuerte que vigila el cumplimento de la ley; sin un gobierno centralizado, según Acemoglu y Robinson, no podrá imperar la legalidad y políticas públicas redistributivas; los procesos de gobierno deben ser incluyentes y transparentas; la historia ha demostrado que la riqueza de las naciones está vinculada con el predominio de instituciones políticas inclusivas.
Los planteamientos de Acemoglu y Robinson llevan a pensar en los problemas actuales de México, un país que sufre desde hace bastante tiempo de una débil estructura institucional, en donde la ley no se respeta sino que se negocia entre particulares, donde en lo laboral no predominan las relaciones profesionales sino las personales, y en lo social no importan quiénes son como personas sino a qué familia se pertenece, donde hay altos niveles de impunidad y corrupción; en todos los ámbitos de la vida de nuestro país hay privilegiados y excluidos.
La desigualdad en México aún es alta (véase grafica), porque como dice una de las mujeres más inteligentes de San Luis Potosí de apellido Nava: “en todos lados hay pandillas”, las hay en la política, en la economía, en la administración pública, en las organizaciones de la sociedad civil, en la comunidad científica y académica, y en muchos sectores más, de tal manera que se requiere una sacudida institucional, en donde todos los actores salgan de su zona de confort y se enfrenten los problemas públicos de manera más plural e incluyente.
Se requiere repensar la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones que comprendan los partidos políticos, las responsables de los procesos electorales, la estructura gubernamental, la administración pública, las que imparten justicia, las fiscales, las académicas y de investigación; es necesario terminar con las áreas opacas de las instituciones, son éstas las que fomentan la captura y predominio del interés particular sobre el bien común, el problema no está en las leyes sino en el predominio de prácticas informales en su aplicación.
En México el gran problema social es la desigualdad, cuya causa no son los recursos insuficientes destinados a la política social, sino las decisiones políticas que benefician a unos cuantos con la privatización de las empresas públicas, a quienes se les otorgan las concesiones de la obra pública de manera opaca, aquellos que son los beneficiaros de las condonaciones fiscales; éstas son decisiones de las instituciones políticas que fomentan un eterno proceso de acumulación de riqueza en uno cuantos y persistencia de la pobreza en la mayoría de los mexicanos.
Surge la pregunta: ¿las élites mexicanas poseen la capacidad de generar un proceso efectivo de construcción de “instituciones inclusivas”?, la respuesta queda en el aire, ya que son ellos, con sus decisiones quienes tienen que demostrar contar con la voluntad para hacerlo; sin embargo, para que esto se dé existen muchas complicaciones, ya que hay muchos intereses en juego, no querrán salir de sus áreas de privilegio y compartir los beneficios que hasta ahora concentran y quienes lo intenten serán atacados sin piedad por todos los medios.
En síntesis: la desigualdad en México no es producto de factores geográficas, culturales o incluso económicos, sino que es causa del predominio de instituciones políticas capturadas, quienes son las que determinan qué instrumentos de política pública se implementan, sin considerar qué problema público están resolviendo; impulsan reformas que son innovadoras en el nombre, pero donde todo permanece igual; la solución no es técnica, sino de voluntad política para superar los grandes problemas que aquejan al país.
@jszslp