Tragedias y millones

La segunda muerte entre personal que labora en la Arena Potosí prende muchas alarmas en torno al proyecto insignia del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. 

En la semana que concluyó se registró el fallecimiento de una persona identificada como trabajador de una empresa de seguridad privada contratada para dar ese servicio en el espacio de espectáculos, por la caída de un portón sobre él. Antes, en junio de 2023, un trabajador de la construcción fue aplastado por las varillas de una trabe que se construía en esos meses. 

Las dudas sobre el cumplimiento de las medidas de Protección Civil son más que justificadas y hasta el momento no ha habido una respuesta de alguna autoridad al respecto.

Por otro lado, detrás de este caso está también una trama que revela la opacidad, discrecionalidad, incumplimiento de la normatividad y la imprevisión con la que este gobierno maneja los contratos de sus obras y acciones.

Como se mencionó, el hombre fallecido en el reciente accidente en la Arena Potosí era empleado de una empresa de seguridad particular.

No se conoce oficialmente el nombre de la empresa para la que trabajaba, pero el asunto reveló que se han lanzado convocatorias para reclutar personas en redes sociales como Facebook, para realizar ese trabajo en la Arena Potosí.

Una de ellas se presenta en Facebook como R02 Servicios de Seguridad Privada, que el 11 y 12 de octubre, unos días después de haber sido inaugurada la Arena, publicó en su muro convocatorias de "personal de seguridad para el servicio temporal en Arena Potosí".

Los requisitos de la empresa en materia de experiencia son más bien laxos, pues los aspirantes podían o no contar con ella.

Las contrataciones se hicieron, según el anuncio, en la propia Arena hace dos semanas, el 12 y 13 de octubre.  

La oficina de R02 Servicios de Seguridad Privada está en una pequeña plaza de locales situada en Goytortúa 350. 

Salvo la página de Facebook, la empresa no tiene otra presencia en la red. No hay página web, no se encuentran contratos previos y no aparece entre las 62 compañías que integran el listado de empresas con autorización vigente en el estado para prestar servicios de seguridad privada que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Un detalle en el anuncio que la empresa tiene en el exterior de los locales esfuma este anonimato, que no se sabe si es fortuito o intencional:

Debajo del nombre "oficial" se identifica a RLM Prestadora de Servicios y Productos, S.A. de C.V. como la verdadera convocante de trabajadores de seguridad privada para la Arena Potosí.

Y de ella sí hay datos. Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, RLM se constituyó el 15 de diciembre de 2021 en Arriaga, Chiapas. 

Su objeto social, según el instrumento 5522 registrado por el gobierno chiapaneco, sus objetos sociales principales son el comercio y los servicios, aunque no se especifica el rubro de seguridad privada.

Como accionistas aparecen Luis Roberto Román Alfonzo, Karla y Roger Vicente Reyes Partida, con un reparto accionario dividido en partes iguales.

Llama la atención que ninguno de los accionistas tiene un perfil vinculado a la seguridad privada. Román Alfonzo presenta una trayectoria profesional relacionada con los seguros. Ella está vinculada a las artes y del hermano, abogado, no se detectó una actividad empresarial muy activa.

Pero RLM no era una compañía desconocida para el gobierno potosino. El 28 de diciembre de 2023, la Oficialía Mayor y la empresa firmaron un contrato de servicios, el DGA-CAASPE-LPE-002-24, para el reclutamiento de 47 elementos de empresa de vigilancia privada de seguridad en oficinas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de este año.

La operación se saldó con un pago de 10 millones 949 mil 995.25 pesos. Una suma muy jugosa, a razón de 232 mil 978 pesos por elemento. 

Roger Vicente Reyes aparece como apoderado legal de la empresa en la operación.

A diferencia de R02, RLM sí aparece en el registro oficial de empresas de seguridad privada la SSPC, pero con una gran bandera roja.

En una versión publicada en diciembre de 2023, la empresa aparecía con la autorización SSPC-SLP-266, por lo que contaba con registro a la fecha del contrato con la SEGE. Sin embargo, en el padrón vigente en septiembre de este año, RLM desapareció, por lo que en teoría, no debería prestar los servicios de seguridad privada para los que la contrató la Oficialía Mayor.  

Un especialista consultado al respecto indicó que la normatividad para autorizar el funcionamiento de empresas de este rubro es, en el papel, muy rigurosa y que para trabajar sin problemas debería ser refrendada año con año. Sin permiso, RLM no debería operar servicios de seguridad privada, fue la conclusión.

Con ese antecedente, y volviendo al caso de la Arena Potosí, la vigilancia privada contratada no cumple con ese vital requisito.

El caso refleja varias aristas preocupantes. De inicio, el que la empresa contratara a elementos "con o sin experiencia" un día antes de que se inaugurara el Campeonato Nacional de Charrería, no es una garantía para sus visitantes.

Tampoco es positivo que dependencias de la administración estatal estén contratando servicios especializados a proveedores que no cumplen con la normatividad del sector.

El caso también refrenda los señalamientos de que este gobierno tiene una marcada preferencia por las empresas foráneas para el otorgamiento de contratos. 

Y, aunque no hay información oficial sobre quién está pagando la seguridad privada del evento charro, el antecedente de la SEGE abre la posibilidad de que se esté dando otro gran negocio a cuenta del erario potosino. 

Seguridad: Nava le ganó a Galindo

El Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió el pasado 20 de octubre, el reporte de estadística delictiva correspondiente al mes anterior, septiembre, lo que permitió hacer el balance numérico del trienio municipal capitalino, primero encabezado por Enrique Galindo Ceballos.

En números gruesos, en San Luis capital se registraron 83 mil 741 delitos entre octubre de 2021 y septiembre de 2024. 

Siete mil 129 ocurrieron en el último trimestre de 2021, en el arranque de esa administración. En 2022 fueron 29 mil 501; 32 mil 728 en 2023, y para los nueve meses de este año que le tocó cubrir, fueron 14 mil 113.

Al hacer un comparativo con el antecesor de Galindo Ceballos, Xavier Nava Palacios, el resultado podría no ser del agrado del gobierno municipal actual: hubo un incremento porcentual de 9.8 puntos en la incidencia delictiva en la capital.

El saldo final de Nava Palacios fue de 75 mil 957 denuncias, siete mil 514 menos que su sucesor, casi diez por ciento.

Los tres primeros lapsos del gobierno navista, la porción de 2018, 2019 y 2020, tuvieron una menor incidencia que los periodos equivalentes en el gobierno de Galindo, el último trimestre de 2021 y los años completos de 2022 y 2023.

Hay un gran asterisco en 2020: la pandemia de Covid, que paralizó incluso la actividad delictiva.

El único periodo del gobierno de Enrique Galindo que registró menor incidencia que su equivalente navista, también llama la atención.

Entre enero y septiembre de 2021, el último periodo de Xavier Nava, hubo 19 mil 668 delitos registrados por la autoridad federal.

En el mismo periodo de este año, el último tramo del primer gobierno galindista, la cifra fue de 14 mil 113 denuncias.   

La administración se benefició de un fenómeno llamativo: el desplome en los registros federales de incidencia delictiva en este año.

El fenómeno se observó desde el arranque de 2024. El pasado enero, las cifras delictivas en la capital sumaron mil 575 denuncias, cuando en diciembre hubo dos mil 285.

En los nueve meses de este año contabilizados por el SNSP no se superaron los dos mil delitos en la capital, algo que fue la norma en 2023.

El promedio mensual de ese año fue de dos mil 727 crímenes, mientras en lo que va de este año, llegó a mil 568.

En el segundo mes con menores denuncias del periodo pandémico, abril de 2020, se registraron mil 371 denuncias. 

¿Cuál ha sido el de menor incidencia? Marzo de este año, con mil 361, diez casos menos.   

Ese mes ha sido el de mejores resultados en los seis años que abarcan las administraciones de Nava y de Galindo. Cuando ya la pandemia se ha vuelto el recuerdo de una pesadilla y la actividad social lleva al menos dos años reactivada totalmente.

El conteo es un reflejo de la situación nacional y de los estados, que muestran una disminución en la estadística criminal. Varios expertos en materia de seguridad ven en este comportamiento una trampa estadística para maquillar los desastrosos resultados del talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la inseguridad. 

Causa en Común, el Observatorio Nacional Ciudadano y México Evalúa, entre otras organizaciones y académicos han alertado este año sobre lo que parece ser una manipulación de cifras.

Francisco Rivas, director del ONC, se refirió específicamente a que la Fiscalía General del Estado "redujo" la incidencia de secuestro en San Luis al no contabilizar las decenas de víctimas de los secuestros masivos de migrantes ocurridos en Matehuala.

La alcaldía capitalina no es responsable de esta prestidigitación numérica, pero saca provecho en materia de imagen.

Al parecer, sin embargo, no bastó para mostrar una mejoría con respecto del gobierno que lo antecedió. 

Misterios charros

Un reclamo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, contra lo que consideró la difusión de "fake news" y la afirmación de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de que el resultado de las giras comerciales internacionales encabezadas por el mandatario se podrá observar al mediano plazo fueron las reacciones oficiales a la revelación del video de la visita gallardista al opulento centro de cría caballar Al-Shaqab de Doha, Catar.

Cabe precisar que la molestia del mandatario estaba centrada más bien en los señalamientos realizados por algunos medios, que retomaron la nota del video y dieron por hecho que la visita implicaba que el mandatario la había aprovechado para adquirir ejemplares de raza árabe para traerlos a San Luis.

En el texto del domingo pasado se precisaba al respecto que el video documentaba la visita, pero no alguna adquisición.

Sin embargo, la difusión del dato no comprobado la aprovechó el mandatario para cargar contra la difusión de noticias falsas, algo que hizo a lo largo de la semana para no hablar de lo que sí es evidente: que fue en una gira oficial, pagada con recursos públicos.

Tampoco explicó un hecho que se evidenció en redes sociales: de refilón, aparece en el video Andrés Aceves Aceves, estrella del equipo de charrería RG2, propiedad del mandatario y que hasta donde se sabe, no tiene cargo ni motivo oficial para estar en la gira, a menos que fuera como invitado del gobernador, aunque ha de haber disfrutado la visita tanto como Gallardo Cardona.

Es difícil precisar la situación de Aceves Aceves en la gira, porque la Secretaría Particular del Gobernador no difundió en la Plataforma Estatal de Transparencia los datos referentes a la agenda de la gira ni tampoco los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación, algo que venía reportando en los últimos meses, aunque solo a destinos como Axtla, Lagunillas o Villa de Reyes.