Ahora que se habla de austeridad en el sector público, propongo que la discutamos con seriedad desde los datos, desde el conocimiento y, sobre todo, desde la razón. En otro momento he compartido con Usted algunas apreciaciones sobre la manera en que la retórica de la austeridad puede o no materializarse en el ejercicio de los recursos públicos. Hemos hablado también sobre la amenaza de rebasar el punto de equilibro de manera tal que la carencia de recursos compromete el cumplimiento de objetivos fundamentales de las organizaciones públicas. Dejando de lado las visiones que señalan que el control presupuestal es, por definición, una medida de control político, vislumbro por lo menos otros tres problemas que tienen que discutirse –insisto- con seriedad: la claridad de distinguir entre lo indispensable, lo necesario y lo prescindible; la capacidad de identificar el interés público de los intereses particulares –y su consecuente tasación monetaria- y, la certeza de que la redistribución de recursos genera un resultado mejor, tangible, observable, medible y relevante.
Quisiera ilustrar un ejemplo que es crucial para la vida de las personas. Un hospital que cuenta con un quirófanos Grupo I –para cirugías normales- o Grupo II –para cirugías especiales-, requieren cumplir con Normas Oficiales que establecen los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. La climatización de los quirófanos es un asunto indispensable, se trata de garantizar las condiciones que eviten la propagación y acumulación de partículas, bacterias y hongos en un lugar donde se practican cirugías que salvan vidas. Cualquier decisión u omisión política, técnica o de gestión que comprometa el funcionamiento de esos aparatos, afecta la vida de las personas. La austeridad no puede comprometer aspectos indispensables para la prestación de un servicio en favor de la sociedad. Para tener claridad sobre lo que es indispensable, necesario o prescindible, hay que escuchar a quienes participan en los procesos de gestión en el terreno de los hechos. Como lo escribí hace unos días, hay oficio político y democrático cuando se toman decisiones técnicas y políticas hablando con los responsables de la implementación de las acciones gubernamentales.
Los otros dos problemas propuestos en este texto son un poco más complejos. Desde que se discute la política –hace apenas unos 25 o 30 siglos- se ha debatido sobre la dificultad de definir el interés público y distinguirlo de los intereses particulares. Quien participa en la toma de decisiones políticas enfrenta este dilema todos los días. Por regla general, podría decirse que las decisiones deben privilegiar a la sociedad por encima de los individuos, pero carecemos de métodos –o de hábitos- para justificar las decisiones con claridad, honestidad y certeza. Merece mención aparte la dificultad de ponderar el costo financiero de producir bien público. No me refiero a realizar cotizaciones –eso se puede, sin problema- sino a decidir realizar una determinada inversión –o gasto- para beneficiar a las personas en ciertos aspectos de la vida que no necesariamente se ven reflejados en los indicadores de medición del desarrollo humano. El costo de llevar servicios a comunidades alejadas es alto y necesario. El costo de garantizar plenamente sus derechos constitucionales también lo es. Y hay enormes reproches presupuestales en ambos ejemplos.
¿Cómo sabremos que hemos hecho lo correcto?. ¿A dónde se deben destinar los recursos públicos? Los organismos públicos justifican los recursos que reciben en función de su capacidad de cumplir con eficiencia las responsabilidades y fines públicos que les han sido encomendados. Durante los últimos meses hemos visto que los organismos electorales, las dependencias de turismo, las instituciones académicas, los institutos de salud, los organismos de protección al ambiente -por mencionar algunos ejemplos- enfrentan recortes presupuestales que comprometen seriamente el cumplimiento de sus objetivos. ¿cuál es el costo de contar con capacidades para sofocar incendios forestales, de educar con calidad a la población, de proveer medicamentos oncológicos o practicar cirugías seguras en comunidades alejadas, de construir cultura de la paz, de celebrar elecciones pacíficas, de generar conocimiento científico que resuelve problemas públicos?. Hay un delicado equilibro que debe mantenerse. El bienestar de la sociedad depende de ello.
Twitter. @marcoivanvargas