Hay muchas maneras de robar dinero público. Una de ellas es contratar personal innecesario, asignarle buenos sueldos y luego aplicarles “moches” que van a los bolsillos de sus patrocinadores. Es en lo que andan ahora muchos de nuestros insaciables diputados locales con el asunto ese de la Unidad de Evaluación y Control adscrita a la Comisión de Vigilancia del Congreso.
La UEC es un bodrio jurídico cuya creación impulsó hace casi dos años y medio (abril del 2017) el entonces presidente de la Comisión de Vigilancia Héctor Mendizábal Pérez, con el argumento de que un órgano similar existe en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin que eso justificara su necesidad en el Congreso local. La mayoría de las legislaturas estatales no cuentan con nada semejante.
Durante más de un año la UEC durmió el sueño de los justos porque había que hacer adecuaciones en la ley que le daría marco jurídico (la de Fiscalización y Rendición de Cuentas). Fue hasta julio del 2018 que se eligió por votación del pleno a su primer titular, el contador público Héctor Vicente Mayorga, quien renunció en mayo de este año, luego de que nunca se le autorizó la plantilla de personal que solicitaba ni se le asignaron oficinas, mobiliario, equipo de cómputo y demás recursos indispensables para cumplir su cometido.
Aquí hay un dato relevante: Mayorga solicitó una plantilla de siete personas, él como titular incluido. Ahora, sin más justificación que sus ansias rateriles, la Junta de Coordinación Política, en conchabanza con la Comisión de Vigilancia, estuvieron a punto de autorizar una nómina de 21 funcionarios y empleados. Sí, así es: sin ninguna justificación los integrantes de la Jucopo y de la CV ¡triplicaron! por sus puras pistolas el personal teóricamente necesario.
Es difícil encontrar en estas tierras a alguien con más experiencia en materia de fiscalización que Héctor Vicente Mayorga, quien ha sido Contador Mayor de Hacienda en dos legislaturas; primer Auditor Superior del Estado y Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Si él consideró que con seis colaboradores podía cumplir las responsabilidades encomendadas a la UEC, cómo es que ahora los diputados de la Jucopo y la Comisión de Vigilancia, todos iletrados en la materia, deciden que se le contraten 20 al nuevo titular Ovidio Robledo Gómez, quien ya salió a declarar que esa plantilla no es propuesta suya sino de los legisladores.
Algo de contexto: hasta hace tres legislaturas, sus integrantes incrementaban su ingreso nominal (la famosa Dieta) con bonos y apoyos extraordinarios. Usted recordará que además de los sesenta y tantos mil pesos en nómina, cada diputado recibía mensualmente casi 40 mil pesos por concepto de “Apoyo Legislativo”, una suma similar por “Apoyo de gestoría”, 10 mil pesos para fondo de ahorro, ciento y tantos mil pesos anuales para sus informes, otras cantidades nada despreciables para gasolina, gastos médicos menores y súmele usted. (Además, claro, de seguro de gastos médicos mayores, vehículo oficial, chofer, auxiliares y viáticos ilimitados).
Cuando ese nivel de abuso fue públicamente condenado por la ciudadanía, decidieron disfrazar el saqueo y suprimieron esas ya muy identificadas modalidades, y solamente dejaron algunas de carácter anual para informes y “capacitación”, pero inventaron los apoyos a ciudadanos y grupos sociales que eran designados por cada diputado, y se entró así en la terrible etapa de las facturas apócrifas, las empresas fantasmas, los beneficiarios inexistentes y los robos de personalidad.
La nueva Legislatura, ya con la presencia relevante de la 4T vía Morena, PT y PES, abominó de tanto exceso, tanta ilegalidad, tantas sinverguenzadas y ladronerías que entre otras cosas prohijaron la Ecuación Corrupta.
Parecían llegados tiempos mejores, pero la ilusión duró poco. El nuevo mecanismo de extracción fueron los asesores. Al día de hoy, cada uno de los 27 diputados locales tiene derecho a 80 mil pesos mensuales para contratación de esa clase de personal -aparte el Congreso les paga choferes y auxiliares-; los 10 coordinadores de fracción disponen de 40 mil pesos adicionales (o sea, 120 mil cada uno), y el presidente de la Jucopo, el modosito Edson de Jesús Quintanar, de Morena, recibe 40 mil más. O sea, él solito dispone de 160 mil pesos dizque para pagar asesoría propia.
Sería injusto decir que todos, pero sin duda la mayoría de los 27 diputados locales tienen contratados “asesores” a los que les piden “moche” cada quincena. No hace mucho una diputada morenista fue exhibida por uno de los suyos por pedirle la mitad de sus ingresos. Otro dijo que él debía pagar de su sueldo algunos gastos de su contratante -otra legisladora- “como la renta de su casa”.
Pues bien, 20 nuevos funcionarios y empleados para la UEC, con un gasto en nómina de unos cinco millones de pesos anuales, significan que al final del día gran parte de esa suma irá a los bolsillos de, por lo menos, varios de los integrantes de la Jucopo y de la Comisión de Vigilancia. No me atrevo a decir que todos, porque entre ellos hay varios con fortunas personales respetables –aunque sean mal habidas como la de Cándido- y sería verdaderamente enfermizo todavía así ir a saquear más las arcas públicas.
En días pasados, la Jucopo dijo que no sería autorizada la plantilla de personal para la UEC presentada por su titular (quien ya dijo que no, que esa lista no la integró él), pero nunca ha dicho que la UEC se quedará de cascarón, de entelequia con sólo su titular y ni una secretaria ni una silla donde sentarse. Es decir, esta propuesta inicial fue abortada, pero el filón de enriquecimiento ilícito sigue disponible y será cuestión –podrían estar pensando- de dejar que se enfríen un poco las cosas y volver a la carga con una nueva lista de candidatos al “moche” vil.
ALBARDA SOBRE APAREJO
¿Para qué se quiere a la Unidad de Evaluación y Control? Cada año, la Auditoría Superior del Estado presenta al Congreso, vía la Comisión de Vigilancia, sus informes de las auditorías practicadas al Gobierno del Estado, a los organismos autónomos o descentralizados que reciben recursos estatales y a los 58 ayuntamientos. Antes de someterse al Pleno, esa comisión debe revisar que dichos informes estén apegados a la realidad. Es decir, que reflejen el trabajo desempeñado por los auditores de la ASE y sus resultados.
Para los miembros de la CV puede ser un poco difícil desentrañar el contenido y lenguaje de contabilidad, fiscalización, solventaciones, etcétera. Necesita apoyo técnico, sin duda. Desde hace años, el Congreso del Estado cuenta con un cuerpo, llamémosle institucional, de asesores, actualmente compuesto por 16 profesionistas de diversas especialidades. En principio, y dado que el trabajo de revisión que debe hacer la CV no es a lo largo del año sino que está concentrado en unos pocos meses, con ese grupo de asesoría debería ser suficiente.
Pero más aún, cada uno de los siete integrantes de la Comisión de Vigilancia dispone de 80 mil pesos mensuales para contratar asesores personales. Con dos que cada uno aportara para la tarea de revisión de los informes de la ASE sería más que suficiente. No olvidemos que el experto Mayorga pedía únicamente seis elementos para hacer ese trabajo.
Integran la CV las y los diputados Marité Hernández Correa (Morena), como presidenta; José Antonio Zapata Meraz (PAN), Vicepresidente; Martín Juárez Cordova (PRI), secretario, y como vocales Alejandra Valdez Martínez (Morena), Rolando Hervert Lara (PAN), María del Rosario Sánchez (PRI) y Edgardo Hernández Contreras (PVEM). Hervert Lara, por ser coordinador de fracción, además de que es un hombre bastante próspero, dispone de 120 mil pesos mensuales para asesores.
En resumen: la partida para asesoría personal es el nuevo método de los diputados potosinos para robar; por lo menos la mayoría. Y todavía quieren crear un esperpento burocrático con la Unidad de Evaluación y Control para meter 20 empleados a quienes asignarles buenos sueldos y luego quitarles la mitad si no es que más.
Si alguna pizca de sensatez y algunas migajas de decencia les quedan a nuestros ínclitos diputados, deberían desaparecer la UEC, extinguirla.
Transcribo una nota publicada el pasado 26 de agosto en El Financiero: “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está ampliando sus labores y ahora está siguiendo de cerca de los Congresos locales, los beneficios fiscales y la Guardia Nacional, informó David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación.
“Hoy estamos ampliando la fiscalización y estamos auditando a todos los Congresos locales, nunca se había hecho”, agregó.
Antes de cambiar de tema: “San Luis Potosí no es refugio de delincuentes”, declaró el martes el gobernador Juan Manuel Carreras. Está absoluta, rotunda y lastimosamente equivocado: que se asome a Vallejo 200 y ya verá.
COMPRIMIDOS
El sonorense Julián Luzanilla concluyó su encomienda como Delegado General del CEN del PRI, habiendo pasado prácticamente desapercibido. Lo sustituye ahora la poblana María Isabel Merlo Talavera, ex diputada federal y ex secretaria del Comité Directivo Estatal del tricolor en su terruño. De bajo perfil, pues. Ojalá haga buena mancuerna con Elías Pesina y le inyecten más dinámica al Revolucionario Institucional de estas latitudes.
Cada día suceden más cosas en este país que son difíciles de creer. A las reiteradas agresiones, humillaciones, vejaciones y maltratos de que vienen siendo víctimas nuestras Fuerzas Armadas y corporaciones policíacas, ahora resulta que por órdenes de capos del crimen las gasolinerías del norte de Tamaulipas se niegan a vender el combustible a vehículos del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional. Los afectados han resuelto en principio el problema autoabasteciéndose con pipas que son fuertemente vigiladas en sus desplazamientos, con elementos que en automático se sustraen a la lucha contra la delincuencia. Como sea, los mañosos salen ganando.
Los diputados de las comisiones legislativas de Seguridad y Justicia no han descartado la posibilidad de invitar al ex director general de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alanís, a sostener un diálogo público sobre las serias denuncias que hizo, al momento de renunciar a su cargo, contra su superior Jaime Pineda. Si acude y no lleva mordaza, aquello puede ponerse interesante. O más bien vergonzoso para Pineda y su jefe.
Resulta que Gabino Morales no se ausentó del escenario público a ultimas fechas por estrategia o por instrucciones superiores, sino porque pescó una severa tifoidea cuyo tratamiento le trajo luego daños colaterales en el hígado, de suerte que tuvo que permanecer semanas en convalecencia. De ahora en adelante deberá tener extremo cuidado con lo que come.
Hasta el próximo jueves.