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El estado rompió ayer una nueva marca de contagios de coronavirus, ahora la de los siete mil casos, al registrar ayer, en el conteo de la Secretaría de Salud del gobierno federal los siete mil 297 casos.
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La estadística también quedó cerca de otro récord, el de los 300 positivos en una sola jornada, pues serían 293 contagios más que el día anterior. Siempre hablando de las cifras federales.
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Los potosinos apenas están recuperando el aliento por ver las cotas diarias de más de 200 casos positivos por jornada, y ya tienen que procesar una nueva cifra.
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El asunto es que el estado se ha visto sometido a una curva que ya es más bien una vertical. Y lo peor es que no se le ve un final en el corto plazo.
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Lo que estamos viendo no es sino consecuencia de la desordenada vuelta de los ciudadanos a las calles. El más reciente reporte de movilidad en los estados, preparado por el Conacyt, San Luis Potosí se mantiene entre los tres estados con menor reducción de la movilidad. Así es imposible lograr avaneces.
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Quizá con los tormentosos días que se vienen puedan limitar esas salidas. Sólo el mal clima dejaría a los potosinos en sus casas.
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Las lluvias habrían logrado lo que los anuncios oficiales, aún los más ominosos, no han podido. Lo cual habla mucho tanto de la ciudadanía como de las autoridades.
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En ese sentido, no habría que perder de vista la iniciativa de algunas organizaciones de abogados de imponer sanciones contra quienes no usen cubrebocas.
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La autoridades locales, tanto municipales como la del estado, se han visto reticentes en convertir en una falta punible el no portar este instrumento sanitario.
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Si bien desde la misma autoridad –ahí está la terquedad del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizarlo- se desanima su utilización, hay elementos científicos suficientes para convencer que sí se es una barrera eficaz contra la expansión del virus.
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Si ya una parte de la ciudadanía, por la causa que se quiera, no ha aceptado su uso, la autoridad, pensando en el bien mayor, debe establecer su obligatoriedad y sancionar su falta de uso.
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El avance del COVID-19 está rompiendo marcas diariamente en San Luis. Ya son necesarias medidas más duras para intentar controlarlo.
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La Comisión Estatal del Agua ya falló en la licitación del contrato para el estudio enfocado a la detección de contaminantes en las aguas de la presa El Realito.
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Optó por la alternativa más económica, que ronda por los 550 mil pesos. Esperemos ahora que el análisis dé el resultado esperado, que sirva para fundamentar las acciones que le garanticen a los potosinos agua limpia, que no amenace su salud.
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¡HASTA MAÑANA!