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El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, lamentó que algunos diputados ignoren los procesos legales que deben seguir las denuncias contra excongresistas que usaron empresas “fantasma” para simular entregas de apoyos sociales.
Aclaró que las denuncias en contra de ocho exlegisladores del PAN y del PRI que usaron facturas de la empresa Sistema de Comercialización Nava S. A. de C. V. siguen su curso y que no se requiere que la Fiscalía Anticorrupción tenga un titular, pues “para eso existe el Ministerio Público”.
También explicó que, en caso de que proceda una sentencia y ésta sea la reparación del daño, es decir, la devolución de 4.2 millones de pesos presuntamente sustraídos del erario, este dinero regresaría a la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo estatal y no al Congreso.
González Covarrubias consideró que si la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el propio Ejecutivo “fueran igual de duros con los funcionarios que incurren en actos de corrupción como lo son con los ciudadanos que incumplen alguna obligación, las cosas entonces cambiarían para bien”.
En el caso del presunto desvío de 4.2 millones de pesos por medio de facturas de una empresa inexistente están involucrados los exlegisladores Óscar Bautista Villegas, José Luis Romero Calzada, Rebeca Terán y Esther Angélica Martínez del Partido Revolucionario Institucional, así como Mariano Niño, Jorge Díaz Salinas, Josefina Salazar y Xitlálic Sánchez, del Partido Acción Nacional.
