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A un año de la primera de 11 denuncias presentadas por el robo de más de mil 69 millones de pesos, no hay un solo acto contundente de las fiscalías General de la República y General del Estado que recibieron las pruebas y realizan la investigación, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, en una presentación ante la prensa del estado que guardan los procedimientos promovidos en busca de justicia para la municipalidad.
Apoyado con mamparas con infográficos de cada denuncia, el funcionario municipal, cuestionó a la autoridad por falta de resultados. “¿Y la justicia…para cuándo?”, planteó en su reclamo público para que las fiscalías resuelvan las denuncias que indagan.
“Que haya responsables y que haya cárcel para quienes le vieron la cara a la sociedad potosina”, declaró categórico Pérez García
De las 11 denuncias hasta el momento presentadas, ante la Fiscalía General de la República se interpusieron seis: la del Camino a la Presa por la modificación del uso de suelo de 40 mil metros cuadrados para construir departamentos propiedad de un ex funcionario; por presunta defraudación fiscal por retención al personal del ISTP, por más de 267.6 millones de pesos –mdp-, pero que nunca se pagaron al SAT.
Por peculado, por la fallida modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena, por más de 112.9 mdp, debido a la contratación indebida de tres empresas, las que a su vez sub-contrataron a 15 más; hubo pago anticipado, pero no se realizó la obra ni se devolvió el dinero; el caso de caso Sandra “N”, por más de 42.8 mdp, por contratos para adquisición de medicamentos, pero no hay evidencia de su entrega.
Y en la Fiscalía General del Estado se interpusieron cinco denuncias más: por el caso de Camino a la Presa, por más de 408 mdp, debido al uso ilícito de atribuciones y facultades del ex alcade y algunos ex regidores que aprobaron el cambio de uso de suelo; por la Nómina Maestra ya que durante más de 2 años se simuló pago a un trabajador fantasma por más de 62.2 mdp.
También sobresalen las relacionadas con el Interapas, por el Servicio Médico que implican más de 152.6 mdp, por contratos inflados e indebidos.
