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Incumplido con porra
Nómina sospechosa
El primero de octubre de 2015, durante su toma de protesta a la que llevó porra, el alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez se quejó de irregularidades de su antecesor Mario García Valdez, entre las que incluye dejar personal basificado para enriquecer la nómina con personas leales al exalcalde. Sin embargo, menos tardó la sospecha del sindicato de que Gallardo Juárez hará lo mismo.
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En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los Gallardo tomaron el control de los trabajadores a través de un sindicato paralelo, por cierto creado por otro gobierno perredista, el de Roberto Cervantes Barajas, para hacer contrapeso al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Soledad de Graciano Sánchez, que presidía Ramón Díaz Esparza Olivo, y reclamaba laudos por despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo, del que ostentaba la titularidad.
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En la capital potosina, los cálculos les salieron mal, y al menos hasta ahora no ha podido crear un sindicato para eliminar el que siempre ha representado los derechos de los trabajadores. Sin embargo, rebajar sueldos a funcionarios públicos abrió la posibilidad de contratar más personal, como ocurrió en Seguridad Pública Municipal, donde por cierto hay contratados que no hacen la función de policías y hay trabajadores administrativos que fueron enviados a cruceros viales, y algunos contratos más en otras dependencias, a donde llegaron recomendados para incrustarse en la nómina.
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Precisamente para esos trabajadores recomendados de la gallardía, existe la posibilidad de que con el corto periodo de labores pudieran recibir su base laboral sólo por cuidarle los zapatos para alcalde en turno, cuando hay empleados de diversas áreas que en diez años no tienen acceso a un beneficio como parte de los años de servicio.
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Ricardo Gallardo tiene dos tareas pendientes en vísperas del abandono de su cargo. Una de ellas, la que no sucederá, son las cuentas transparentes del manejo de dinero que con toda seguridad deberán incluir los casos Sandra Sánchez Ruiz y la compra fantasma de medicamentos por 60 millones de pesos, gastos en mochilas, plantas purificadoras y tortilladoras, pero entre estos es remota la posibilidad de que exista una explicación del gasto en la nómina y de otros casos de manejo de dinero oscuro, como ocurre con el Festival de la Cantera.
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La segunda tarea consiste en dejar el número de trabajadores que recibió para evitar un colapso financiero y laboral de la alcaldía capitalina. El único pretexto que pudiera servir para dejar más trabajadores es la ilegal Dirección de Respuesta Ciudadana, usada para triangular recursos públicos y para preparar desde la alcaldía la imagen del alcalde-candidato, en su malograda campaña por la reelección.
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De los estados financieros con toda seguridad habrá muchas cuentas que no cuadren, y ello no significa que afirmemos que el dinero se fue al pago de algunos gastos diferentes o al enriquecimiento de personas que tenían una vida modesta y de pronto, aparecen con un patrimonio que no conseguirían con diez años de trabajo, a tal grado que serían rechazados y denunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o si fueran policías no aprobarían los exámenes de control de confianza.
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Obviamente, para esclarecer todos los manejos financieros, una institución que se ha visto tibia en su desempeño es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que en los últimos dos años ha dado una calificación impecable en transparencia a un ayuntamiento capitalino oscuro, de probables visos de saqueo del erario público y de cuentas que por obligación debe evidenciar a qué beneficiarios van a parar.
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Ya no se sabe en qué medida, la Cegaip puede ser una institución de magros resultados, porque el sistema de evaluación seguirá siendo el mismo, en el que hacen parecer que es un Ayuntamiento transparente. La Cegaip no muestra los dientes ni cambia el método de calificación.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
Nómina sospechosa
El primero de octubre de 2015, durante su toma de protesta a la que llevó porra, el alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez se quejó de irregularidades de su antecesor Mario García Valdez, entre las que incluye dejar personal basificado para enriquecer la nómina con personas leales al exalcalde. Sin embargo, menos tardó la sospecha del sindicato de que Gallardo Juárez hará lo mismo.
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En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los Gallardo tomaron el control de los trabajadores a través de un sindicato paralelo, por cierto creado por otro gobierno perredista, el de Roberto Cervantes Barajas, para hacer contrapeso al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Soledad de Graciano Sánchez, que presidía Ramón Díaz Esparza Olivo, y reclamaba laudos por despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo, del que ostentaba la titularidad.
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En la capital potosina, los cálculos les salieron mal, y al menos hasta ahora no ha podido crear un sindicato para eliminar el que siempre ha representado los derechos de los trabajadores. Sin embargo, rebajar sueldos a funcionarios públicos abrió la posibilidad de contratar más personal, como ocurrió en Seguridad Pública Municipal, donde por cierto hay contratados que no hacen la función de policías y hay trabajadores administrativos que fueron enviados a cruceros viales, y algunos contratos más en otras dependencias, a donde llegaron recomendados para incrustarse en la nómina.
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Precisamente para esos trabajadores recomendados de la gallardía, existe la posibilidad de que con el corto periodo de labores pudieran recibir su base laboral sólo por cuidarle los zapatos para alcalde en turno, cuando hay empleados de diversas áreas que en diez años no tienen acceso a un beneficio como parte de los años de servicio.
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Ricardo Gallardo tiene dos tareas pendientes en vísperas del abandono de su cargo. Una de ellas, la que no sucederá, son las cuentas transparentes del manejo de dinero que con toda seguridad deberán incluir los casos Sandra Sánchez Ruiz y la compra fantasma de medicamentos por 60 millones de pesos, gastos en mochilas, plantas purificadoras y tortilladoras, pero entre estos es remota la posibilidad de que exista una explicación del gasto en la nómina y de otros casos de manejo de dinero oscuro, como ocurre con el Festival de la Cantera.
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La segunda tarea consiste en dejar el número de trabajadores que recibió para evitar un colapso financiero y laboral de la alcaldía capitalina. El único pretexto que pudiera servir para dejar más trabajadores es la ilegal Dirección de Respuesta Ciudadana, usada para triangular recursos públicos y para preparar desde la alcaldía la imagen del alcalde-candidato, en su malograda campaña por la reelección.
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De los estados financieros con toda seguridad habrá muchas cuentas que no cuadren, y ello no significa que afirmemos que el dinero se fue al pago de algunos gastos diferentes o al enriquecimiento de personas que tenían una vida modesta y de pronto, aparecen con un patrimonio que no conseguirían con diez años de trabajo, a tal grado que serían rechazados y denunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o si fueran policías no aprobarían los exámenes de control de confianza.
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Obviamente, para esclarecer todos los manejos financieros, una institución que se ha visto tibia en su desempeño es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que en los últimos dos años ha dado una calificación impecable en transparencia a un ayuntamiento capitalino oscuro, de probables visos de saqueo del erario público y de cuentas que por obligación debe evidenciar a qué beneficiarios van a parar.
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Ya no se sabe en qué medida, la Cegaip puede ser una institución de magros resultados, porque el sistema de evaluación seguirá siendo el mismo, en el que hacen parecer que es un Ayuntamiento transparente. La Cegaip no muestra los dientes ni cambia el método de calificación.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
