Desde 2017 SL registra 14 denuncias de trata

DIF estatal reporta 23 casos, pero sin precisar investigaciones

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Desde 2017 SL registra 14 denuncias de trata

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De 2017 a 2019 se abrieron 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en San Luis Potosí, de las cuales no se conoce cuántas sentencias se lograron, reveló un reporte del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” A.C. (CAM). 

Sin embargo, refirió que, de 2017 a mayo de 2020 el DIF estatal registró 23 casos de trata de personas (pero no se precisó apertura de denuncias penales), de los cuales el 39.13% fueron cometidos contra mujeres. 

Los principales sectores de explotación son: explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre forzada, prostitución forzada, mendicidad forzada y delincuencia organizada.

El estudio se denominó “Legislación, política pública y Trata de Personas en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas”, cuya información se obtuvo, mediante solicitudes de información de distintas dependencias.

Alertó que en el estado existe una gran presencia de zonas clandestinas de enganche de personas migrantes con fines de trata para trabajos forzosos y explotación sexual, ubicadas en los municipios de: Huehuetlán, Tancanhuíz de Santos, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajás, Tamazunchale, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, Lagunillas, Santa Clara, Villa de Arista y Matehuala.

Describió que las características de las víctimas son: población migrante interna e internacional, mujeres adolescentes y adultas; mujeres y hombres indígenas; niñas y niños; niñas, niños y adolescentes indígenas, hombres adultos y adolescentes; y personas con discapacidad.

Según el informe, 2019 fue el año con más carpetas de investigación abierta, con 7 asuntos; 2018 con 5 carpetas de investigación y 2 en 2017.

Para la Organización no gubernamental (ONG), el incremento en las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) puede ser resultado de la promulgación de la segunda ley en materia de trata en 2018, en la cual se especifica en qué son competentes los municipios, el Estado y las instituciones en el combate del delito.