"Despenalización del aborto es un hecho", revira ILE

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que no es posible judicializar una carpeta de investigación ni continuar procesos penales contra mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, informó la Colectiva ILE.
Esto, derivado de la emisión de la sentencia del expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 16 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 148, fracciones I y II; 149 y 150, fracción III del Código Penal del Estado, a partir del amparo interpuesto por la colectiva.
Diana Idalia Montiel y Nuria Serrano explicaron en rueda de prensa a las afueras del Congreso del Estado, que con esto se garantiza la despenalización del aborto en San Luis Potosí, sin embargo, aún debe verse reflejado en las leyes correspondientes, por lo que exhortaron al Congreso del Estado a atender las sentencias que los obligan a dictaminar en esta materia antes del 26 de noviembre.
"También esto sirve para dejar en claro a los grupos conservadores, como el Consejo Coordinador Ciudadano, de que el tema de la despenalización dentro de las primeras 12 semanas ya es un hecho, y el Poder Legislativo ya solo debe adecuar la redacción de las normas penales y garantizar el servicio de salud para evitar riesgos sanitarios de una práctica que es común y hasta hace poco clandestina, pero que efectivamente requiere regularse bajo una perspectiva de derechos humanos y bajo la vigilancia del Estado", señalaron.
Comentaron que tuvieron acceso al dictamen para la despenalización del aborto que se analizará en la Comisión Primera de Justicia, sin embargo, señalaron que existen errores en el mismo. Por ejemplo, no se mencionan las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y por el Juzgado Tercero de Distrito, y hacen sólo referencia a las mujeres y no a las "personas gestantes" que puedan recurrir a un aborto.
También resaltaron la importancia de que no sólo se realice la legislación pertinente en la Constitución y en el Código Penal, sino también en la Ley de Salud del Estado, para garantizar el acceso seguro y gratuito a esta práctica dentro de las primeras 12 semanas de gestación.