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Las cifras de homicidios ocurridos en San Luis Potosí que son reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los últimos 13 años equivalen apenas al 37 por ciento de los que consigna en ese mismo lapso el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, más de dos mil 400 víctimas no se reflejan en los números del Inegi. Al respecto, el especialista en seguridad pública Francisco Salazar Soni indica que esta discordancia implica un grave problema, pues no permite precisar cuánta gente ha muerto asesinada en el estado.
El Inegi publicó el martes las cifras preliminares sobre homicidios registrados en 2019, pero también contiene información anual en firme desde 2009.
De acuerdo al reporte, en ese lapso, el Inegi registra cuatro mil 148 homicidios en San Luis Potosí, validados con acta de defunción del Registro Civil y documentos de las agencias del Ministerio Público o de los servicios forenses.
En ese lapso, los reportes del SNSP consignan seis mil 602 denuncias por ese delito, tanto doloso como culposo.
Es decir, que hay dos mil 454 más denuncias de asesinato que certificados de defunción que reconocen ese delito como causa de muerte de la víctima. La cifra equivale en el 37% de las denuncias, no existe certificado de defunción de la víctima.
Al respecto, Salazar Soni aclaró que, de inicio, se trata de asuntos distintos y cuyos datos tienen un origen diferente.
Señala que “nunca van a cuadrar las cifras del Inegi con las del SNSP, y eso es un problema que no se ha podido resolver”.
El especialista explicó que la diferencia temporal de las publicaciones, anual en el caso del Inegi y mensual en el del SNSP, que amplifican la disparidad de patrones y de tendencias.
También señala que el llenado de los certificados de defunción no siempre es preciso.
Las estadísticas distintas de ambas dependencias sobre el mismo tema es un problema serio porque, de acuerdo con Salazar Soni, “nunca vamos a saber con precisión cuántos asesinatos hay”.
Señaló que hay una propuesta para unificar la emisión de certificados de defunción y, a su juicio, debe dársele a estos un manejo unificado.
