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Para la sesión extraordinaria del 12 de julio pasado, el Congreso del Estado publicó en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de cuatro comisiones sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Esta norma nueva abrogó sin polémica visible la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
La comisión que más analizó esta iniciativa del titular del Ejecutivo fue la de Desarrollo Territorial Sustentable, a la que pertenece el diputado perredista Sergio Desfassiux Cabello y ahí está su firma.
El dictamen se aprobó en sesión y la ley recién horneada fue publicada cinco días después en el Periódico Oficial del Estado, para su entrada en vigor al día siguiente.
No se recuerda polémica alguna sobre la iniciativa, ni quien retobara. Quizá porque se trata de una adecuación a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016.
En su artículo tercero transitorio, esta norma federal emplazó a los estados, municipios y otras instituciones públicas a crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas en un año a partir de la publicación. San Luis Potosí se pasó más del año.
La vigencia de esta adecuación es ya hoy una realidad. Legalmente, compromete la viabilidad del Nuevo Plan del Centro de Población Estratégico para las ciudades de San Luis y Soledad que la alcaldía capitalina armaba con un mimo del mismo nivel que su reserva de información.
Cuando el nuevo plan urbano gallardista fue puesto a votación para Cabildo, el 25 de julio, el alegato de las regidoras panistas Marcela Zapata Suárez del Real y Laura Gama Basarte, expuso la contradicción de lo que se pretendía aprobar. La reacción fue una exhibición de su aplastante poder en el Cabildo: el plan fue aprobado sin lectura con el voto mayoritario del PRD y PT.
La Ley de Ordenamiento en su artículo 7° anula y deja sin efecto jurídico alguno, “los permisos, licencias, autorizaciones y resoluciones que contravengan lo señalado en esta Ley y las normas que del mismo deriven, así como en los Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Los servidores públicos que los expidan serán sujetos de las sanciones civiles, administrativas o penales que deriven de sus responsabilidades”.
Además, en el artículo 8°, hace sujetos obligados de la nueva norma a todas las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan, entre otras cosas, invertir, vender obras o acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda; fraccionar, relotificar, modificar la intensidad de uso habitacional, operar desarrollos inmobiliarios especiales, “construir, reconstruir, ampliar, reparar, modificar o demoler inmuebles, así como instalar o retirar anuncios”.
Abrogada la Ley de Desarrollo Urbano, el plan urbano gallardista quedó sin referente legal. La nueva Ley de Ordenamiento tiene 531 artículos, casi lo doble que la ya no vigente Ley de Desarrollo Urbano (238 artículos).
Pero no solo la actual es un librote más grueso. Ahora contiene una serie de obligaciones y facultades que la Alcaldía al parecer no esperaba, y se duda mucho que estaría dispuesta a aceptar de buen grado.
Es esto lo más extraño de su ausencia de réplica a la adecuación estatal en el Congreso, pues el alcalde tiene una bancada propia de cuatro diputados. Parece que a la bancada del alcalde le alojaron un balón en la portería sin que lo viera.
El alcalde insiste en que se llevó mucho trabajo “de los académicos” hacer su plan, pero a la fecha no hay un solo catedrático o experto urbanista en San Luis que haya hecho público su aval al documento.
El remedo de Implan que quedó en este trienio asegura que sí hubo consulta pública. Debió ser muy restringida. En Cupertino, California, la nueva sede de Apple estuvo disponible en Internet desde dos años antes de iniciar su construcción; cualquiera podía ver el proyecto y hacer observaciones. Apple Park es un diseño del arquitecto Norman Foster y nadie alegó temor a que se robaran la idea o la seguridad.
La compañía de la manzana tuvo que solventar observaciones como el destino de árboles para hacer espacio, por ejemplo. Eso sí es una consulta pública.
En el caso de San Luis, ni siquiera los regidores que lo aprobaron pueden dar detalles con datos duros, no elogios, sentimientos ni juicos de valor. En su defensa aducen que la oposición al plano defiende intereses oscuros, pero su acusación es una chinampina remojada porque tampoco se sabe de quién y por qué.
La celosa reserva del documento tiene una brizna a favor en este sentido: como nadie lo conoce para contrastarlo, no se ha dicho, ni se puede decir, que sea un mal plan, insuficiente, equivocado, abusivo, tracalero, interesado, mafioso o por lo menos mediocre.
El punto con el proyecto urbano secreto del alcalde no es si es bueno o malo, porque nadie parece tener elementos para ello. Es que el Congreso del Estado aprobó una norma que ya es vigente y el documento del alcalde va a tener que adecuarse a ella.
Por la cantidad de nuevas exigencias y actores que la Ley de Ordenamiento contiene, es obvio que al alcalde Gallardo no le alcanzará el tiempo para hacer los adaptaciones. Aun así, ha anunciado que hará aprobar su plan: a ver si consigue también que el titular del Ejecutivo se lo publique para hacerlo válido, con sus nuevas facultades. Y que el titular de Seduvop, también nuevo actor relevante, se lo registre.
Los ayuntamientos no pierden relevancia en cuanto a su autoridad en el desarrollo urbano, pero ahora deben compartirla con nuevos organismos aún no creados como el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los integrantes de Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda; las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación; el Instituto de Planeación del Estado; los institutos municipales de planeación, el Instituto Catastral y Registral del Estado, los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil; la Comisión Estatal de Agua; y los Organismos Operadores de Agua.
Todos estos realizarán dictámenes, resoluciones u opiniones conforme a su competencia para otorgar o negar las licencias y autorizaciones que establece la ley. La alcaldía ya no va solita en esto.
Pero además, se crea la Procuraduría Urbana, encargada de prestar asesoría y acompañamiento a las y los ciudadanos o personas afectadas por resoluciones de autoridades que violen en su perjuicio las disposiciones de Ley.
La autorización municipal de los fraccionamientos y condominios debe otorgarse por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, con el apoyo de una mesa de dictaminación de proyectos, como órgano auxiliar del ayuntamiento de carácter técnico y colegiado.
Y la aplicación de esta Ley corresponde Ejecutivo del Estado, así como a los ayuntamientos. El titular del Ejecutivo es quien emite ahora el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Llevará años crear toda la estructura que pide la Ley de Ordenamiento. Pero “en tanto no se expidan los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas correspondientes”, vale adecuarse sin ir en contra de lo ya vigente.
UNO MENOS. Trágico para el PAN potosino que el Trife le haya reducido la bancada federal, con el recuento que dejó fuera a Marcelino Rivera en favor de la candidata priista. Así, el PAN se queda solo con una de siete curules federales de mayoría, la de Josefina Salazar por el distrito V.
EFECTO DOMINÓ. El PAN anuncia que va a defender su diputación, pero se ve complicado. Y al interior, si Marcelino se va, proyectos al en ese partido se pierden, en relación con la búsqueda de la dirigencia estatal.
ILESA. Entre los casos de impugnaciones de elecciones para diputados federales más duros, el de Guadalupe Almaguer Pardo. A la perredista le echaron montón Morena, Encuentro Social y el Panal, con lo que tuvieron a mano, sensato o no.
CADA ALEGATO. El dictamen de la sesión del 31 de julio que confirma a Almaguer revela incluso varias niñerías, como el Panal, que impugnó cuanto distrito se le ocurrió porque busca desesperadamente mantener su registro. O el PES, que promovió pleito 18 días después del plazo legal, sin acreditar irregularidades y exigiendo anulación de casillas que ni correspondían al distrito VI.
CON HAMBRE DE PODER. Que algunos diputados locales electos “ya se ven” con el control del Poder Judicial del Estado. A esa legislatura le toca renovar a la mitad de los magistrados. Demasiado apetitoso para dejarlo pasar.
Carmen Ortiz, viuda y sustituta del candidato de Morena a alcalde de Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios, asesinado el 11 de mayo. Con 23 días de campaña y el luto encima, Carmen ganó la elección con más de 50% de los votos. EFE (1/VIII).
Alia Ghanem, madre del terrorista saudí Osama bin Laden, sobre su hijo, el líder yihadista autor del ataque a las Torres Gemelas de NY, una entrevista con el diario británico “The Guardian. En la Universidad Rey Abdulaziz de Yeda, Osama conoció a quien lo reclutó para la Hermandad Musulmana. The Guardian (3/VIII).
Carlos Antonio Santamaría Díaz, el niño de 12 años que ingresó a la carrera de física biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su consejo a los miles de aspirantes que no lograron el puntaje para entrar a una licenciatura. UNAM (2/VIII).
Para la sesión extraordinaria del 12 de julio pasado, el Congreso del Estado publicó en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de cuatro comisiones sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Esta norma nueva abrogó sin polémica visible la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
La comisión que más analizó esta iniciativa del titular del Ejecutivo fue la de Desarrollo Territorial Sustentable, a la que pertenece el diputado perredista Sergio Desfassiux Cabello y ahí está su firma.
El dictamen se aprobó en sesión y la ley recién horneada fue publicada cinco días después en el Periódico Oficial del Estado, para su entrada en vigor al día siguiente.
No se recuerda polémica alguna sobre la iniciativa, ni quien retobara. Quizá porque se trata de una adecuación a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016.
En su artículo tercero transitorio, esta norma federal emplazó a los estados, municipios y otras instituciones públicas a crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas en un año a partir de la publicación. San Luis Potosí se pasó más del año.
La vigencia de esta adecuación es ya hoy una realidad. Legalmente, compromete la viabilidad del Nuevo Plan del Centro de Población Estratégico para las ciudades de San Luis y Soledad que la alcaldía capitalina armaba con un mimo del mismo nivel que su reserva de información.
Cuando el nuevo plan urbano gallardista fue puesto a votación para Cabildo, el 25 de julio, el alegato de las regidoras panistas Marcela Zapata Suárez del Real y Laura Gama Basarte, expuso la contradicción de lo que se pretendía aprobar. La reacción fue una exhibición de su aplastante poder en el Cabildo: el plan fue aprobado sin lectura con el voto mayoritario del PRD y PT.
La Ley de Ordenamiento en su artículo 7° anula y deja sin efecto jurídico alguno, “los permisos, licencias, autorizaciones y resoluciones que contravengan lo señalado en esta Ley y las normas que del mismo deriven, así como en los Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Los servidores públicos que los expidan serán sujetos de las sanciones civiles, administrativas o penales que deriven de sus responsabilidades”.
Además, en el artículo 8°, hace sujetos obligados de la nueva norma a todas las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan, entre otras cosas, invertir, vender obras o acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda; fraccionar, relotificar, modificar la intensidad de uso habitacional, operar desarrollos inmobiliarios especiales, “construir, reconstruir, ampliar, reparar, modificar o demoler inmuebles, así como instalar o retirar anuncios”.
Abrogada la Ley de Desarrollo Urbano, el plan urbano gallardista quedó sin referente legal. La nueva Ley de Ordenamiento tiene 531 artículos, casi lo doble que la ya no vigente Ley de Desarrollo Urbano (238 artículos).
Pero no solo la actual es un librote más grueso. Ahora contiene una serie de obligaciones y facultades que la Alcaldía al parecer no esperaba, y se duda mucho que estaría dispuesta a aceptar de buen grado.
Es esto lo más extraño de su ausencia de réplica a la adecuación estatal en el Congreso, pues el alcalde tiene una bancada propia de cuatro diputados. Parece que a la bancada del alcalde le alojaron un balón en la portería sin que lo viera.
El alcalde insiste en que se llevó mucho trabajo “de los académicos” hacer su plan, pero a la fecha no hay un solo catedrático o experto urbanista en San Luis que haya hecho público su aval al documento.
El remedo de Implan que quedó en este trienio asegura que sí hubo consulta pública. Debió ser muy restringida. En Cupertino, California, la nueva sede de Apple estuvo disponible en Internet desde dos años antes de iniciar su construcción; cualquiera podía ver el proyecto y hacer observaciones. Apple Park es un diseño del arquitecto Norman Foster y nadie alegó temor a que se robaran la idea o la seguridad.
La compañía de la manzana tuvo que solventar observaciones como el destino de árboles para hacer espacio, por ejemplo. Eso sí es una consulta pública.
En el caso de San Luis, ni siquiera los regidores que lo aprobaron pueden dar detalles con datos duros, no elogios, sentimientos ni juicos de valor. En su defensa aducen que la oposición al plano defiende intereses oscuros, pero su acusación es una chinampina remojada porque tampoco se sabe de quién y por qué.
La celosa reserva del documento tiene una brizna a favor en este sentido: como nadie lo conoce para contrastarlo, no se ha dicho, ni se puede decir, que sea un mal plan, insuficiente, equivocado, abusivo, tracalero, interesado, mafioso o por lo menos mediocre.
El punto con el proyecto urbano secreto del alcalde no es si es bueno o malo, porque nadie parece tener elementos para ello. Es que el Congreso del Estado aprobó una norma que ya es vigente y el documento del alcalde va a tener que adecuarse a ella.
Por la cantidad de nuevas exigencias y actores que la Ley de Ordenamiento contiene, es obvio que al alcalde Gallardo no le alcanzará el tiempo para hacer los adaptaciones. Aun así, ha anunciado que hará aprobar su plan: a ver si consigue también que el titular del Ejecutivo se lo publique para hacerlo válido, con sus nuevas facultades. Y que el titular de Seduvop, también nuevo actor relevante, se lo registre.
Los ayuntamientos no pierden relevancia en cuanto a su autoridad en el desarrollo urbano, pero ahora deben compartirla con nuevos organismos aún no creados como el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los integrantes de Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda; las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación; el Instituto de Planeación del Estado; los institutos municipales de planeación, el Instituto Catastral y Registral del Estado, los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil; la Comisión Estatal de Agua; y los Organismos Operadores de Agua.
Todos estos realizarán dictámenes, resoluciones u opiniones conforme a su competencia para otorgar o negar las licencias y autorizaciones que establece la ley. La alcaldía ya no va solita en esto.
Pero además, se crea la Procuraduría Urbana, encargada de prestar asesoría y acompañamiento a las y los ciudadanos o personas afectadas por resoluciones de autoridades que violen en su perjuicio las disposiciones de Ley.
La autorización municipal de los fraccionamientos y condominios debe otorgarse por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, con el apoyo de una mesa de dictaminación de proyectos, como órgano auxiliar del ayuntamiento de carácter técnico y colegiado.
Y la aplicación de esta Ley corresponde Ejecutivo del Estado, así como a los ayuntamientos. El titular del Ejecutivo es quien emite ahora el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Llevará años crear toda la estructura que pide la Ley de Ordenamiento. Pero “en tanto no se expidan los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas correspondientes”, vale adecuarse sin ir en contra de lo ya vigente.
ROLLOS SUELTOS
UNO MENOS. Trágico para el PAN potosino que el Trife le haya reducido la bancada federal, con el recuento que dejó fuera a Marcelino Rivera en favor de la candidata priista. Así, el PAN se queda solo con una de siete curules federales de mayoría, la de Josefina Salazar por el distrito V.
EFECTO DOMINÓ. El PAN anuncia que va a defender su diputación, pero se ve complicado. Y al interior, si Marcelino se va, proyectos al en ese partido se pierden, en relación con la búsqueda de la dirigencia estatal.
ILESA. Entre los casos de impugnaciones de elecciones para diputados federales más duros, el de Guadalupe Almaguer Pardo. A la perredista le echaron montón Morena, Encuentro Social y el Panal, con lo que tuvieron a mano, sensato o no.
CADA ALEGATO. El dictamen de la sesión del 31 de julio que confirma a Almaguer revela incluso varias niñerías, como el Panal, que impugnó cuanto distrito se le ocurrió porque busca desesperadamente mantener su registro. O el PES, que promovió pleito 18 días después del plazo legal, sin acreditar irregularidades y exigiendo anulación de casillas que ni correspondían al distrito VI.
CON HAMBRE DE PODER. Que algunos diputados locales electos “ya se ven” con el control del Poder Judicial del Estado. A esa legislatura le toca renovar a la mitad de los magistrados. Demasiado apetitoso para dejarlo pasar.
LA TIRA DE LAS NETAS
VIUDA DE ACERO
“Hay dos tipos de miedo: el que te paraliza y el que te hace mantenerte activa. El que te paraliza te deja encerrada en casa. Yo opté por el que te activa”.
Carmen Ortiz, viuda y sustituta del candidato de Morena a alcalde de Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios, asesinado el 11 de mayo. Con 23 días de campaña y el luto encima, Carmen ganó la elección con más de 50% de los votos. EFE (1/VIII).
“NOS LO ECHARON A PERDER”
“Era un chico muy bueno hasta que conoció a una gente que, cuando tenía 20 años, le lavó el cerebro».
Alia Ghanem, madre del terrorista saudí Osama bin Laden, sobre su hijo, el líder yihadista autor del ataque a las Torres Gemelas de NY, una entrevista con el diario británico “The Guardian. En la Universidad Rey Abdulaziz de Yeda, Osama conoció a quien lo reclutó para la Hermandad Musulmana. The Guardian (3/VIII).
Y SIN SNTE NI COORDINADORA…
“Sigan estudiando por Internet. La mayoría de las cosas que he aprendido yo es por Internet”.
Carlos Antonio Santamaría Díaz, el niño de 12 años que ingresó a la carrera de física biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su consejo a los miles de aspirantes que no lograron el puntaje para entrar a una licenciatura. UNAM (2/VIII).
