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Si las instancias de Salud decretaran contingencia sanitaria por el COVID-19 en el país, para la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, la Ley Federal del Trabajo contempla que los patrones están obligados a entregar salario a los trabajadores, sin que pueda exceder de un mes, explicó Guillermo Luévano Bustamante, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Acotó que la disposición laboral dará certeza hasta un mes a los empleados formales, más no a quienes trabajan en la informalidad, por lo tanto “se carga más la mano sobre esta población”.
En San Luis Potosí, durante el cuarto trimestre del año pasado un millón 225 mil 634 habitantes estuvo ocupada, de los cuales el 57.4 por ciento en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, divulgada el 19 de mayo pasado.
“Ahí está la complicación. O sea, los que sí están en un esquema de relación formal, pues tendríamos este derecho o prerrogativa, sino es que hubiera una disposición más favorable en los contratos colectivos de trabajo (…) pero justo, quienes tiene las relaciones más frágiles, pues son quienes más necesitarían estas medidas”, adujo.
Ante ese panorama, el académico planteó la creación de programas de incentivos fiscales del estado y la federación para que las micros, pequeñas y medianas empresas reconozcan la citada prestación.
