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Estefanía Medina Ruvalcaba, representante de la asociación civil Tojil, dijo que después de que el año pasado le impusieron una pena de 9 años de prisión a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, bajo el argumento de un procedimiento abreviado, eso motivó a el organismo a inconformarse, ante esa sentencia mínima para el capo de la corrupción en Veracruz.
“No es lógico que a alguien se le ocurra ofrecerle un trato, en lugar de que sea un caso que se lleve a juicio y se soliciten las penas más altas”.
Explicó que bajo esa tesis, construyeron una denuncia contra los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, que ofrecieron ese procedimiento abreviado, y con eso, la Visitaduría General abrió una investigación sobre los hechos.
“Lo interesante es que solicitamos que se reconociera a Tojil, como víctima de ese delito de corrupción en representación de los ciudadanos, ya que la ley de víctimas lo permite, y nos lo negó la Fiscalía”.
Explicó que ante esa negativa recurrieron a un juez de control, audiencia que se tuvo con Felipe de Jesús Padierna, quien
continúo negando la calidad de víctima, por lo que se recurrió a un juicio de amparo.
Destacó que a finales de junio, se ganó ese juicio de amparo, lo que deja un precedente histórico anticorrupción en México.
“Un Juez de Amparo ordena que se nos reconozca como víctimas en ese delito, y aun así la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de esa resolución, por lo que el tema se debate en un tribunal colegiado”.
