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El Poder Judicial del Estado instituyó un sistema para evitar hacer negocios con empresas “fantasma” o que emitan facturas que permitan encubrir operaciones simuladas.
El pasado 3 de octubre, el Periódico Oficial del Estado publicó el Acuerdo 152 del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante el cual establece los lineamientos para el registro de proveedores e inhibir la participación de aquellos que realicen actividades irregulares.
El acuerdo señala que es necesario establecer directrices para que las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios se realicen a través de procedimientos que inhiban la participación de personas físicas o morales que realicen actividades irregulares o inexistentes
El acuerdo define las operaciones inexistentes a aquellas en las que se detecte la emisión de comprobantes fiscales sin que las personas físicas o morales responsables cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o que los contribuyentes responsables no sean localizables.
El sistema se basa en el empadronamiento de los proveedores del Poder Judicial para detectar y excluís aquellos que realicen operaciones simuladas.
Además de los requisitos usuales para inscribirlos en el padrón de proveedores, la Dirección de Recursos Materiales del PJE impondrá la obligación de presentar comprobantes fiscales y financieros como la firma electrónica, estados de cuenta bancarios, reportes financieros con firma del contador del contribuyente.
Además, a los proveedores de tecnología, el PJE les pedirá comprobantes de que son distribuidores oficiales de la marca que ofrecen.
