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Una reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, aprobada hoy en el Congreso, evitará que los apoyos de programas sociales se entreguen en efectivo para evitar actos de corrupción y/o condicionamiento del voto, al menos en los seis municipios con mayor desarrollo y que por ello cuentan con servicios bancarios.
Presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, esta reforma al artículo 12, fracción V de la citada Ley, precisa que en municipios de 90 mil habitantes o más que cuenten con servicios bancarios o al menos un cajero automático, los beneficiarios de programas sociales deberán recibir el recurso económico a través de transferencia bancaria y nunca en efectivo.
En este supuesto se hallan, al menos, los municipios de San Luis Potosí (capital), Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale, los cuales concentran alrededor de un millón 600 mil residentes, lo que significa el 60 por ciento de la población del estado.
Durante la discusión del dictamen, hubo congresistas que consideraron que debía eliminarse la cifra de habitantes para que la norma fuera aplicable a los 58 municipios, pero los miembros de la comisión dictaminadora, la de Desarrollo Económico y Social, defendieron que la reforma se votara tal como fue presentada.
La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez recomendó la inclusión de un artículo transitorio para que la reforma aplique hasta el 2021, ya que en el presente año, las reglas de operación de los programas sociales ya están definidas.
Al final, el dictamen fue aprobado con 15 votos favorables, 11 en contra y una abstención.
