FGE perdió averiguación sobre potosinos desparecidos: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE), perdió la averiguación previa iniciada por la no localización de dos potosinos en 1998, quienes se dirigían a Apatzingán, Michoacán y después a León, Guanajuato.

Por tal motivo y otras omisiones, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 10/2021 a Federico Arturo Garza, titular de la dependencia encargada de la procuración de justicia en San Luis Potosí.
El 3 de septiembre de 2018, en conferencia de prensa donde la acompañaron activistas, María Guadalupe Castillo Ortiz, esposa y madre de las personas sin ubicación, comunicó que hace tres o cuatro meses acudió con el Agente de Ministerio Público para solicitar información de la investigación, fecha en que le reportaron la pérdida del documento.
“Tengo 20 años que estoy en esta situación. He andado en todas las instituciones pidiendo apoyo y no se me ha dado. Últimamente acudí con la maestra Rosario y resulta que el expediente no se encuentra”, comentó en ese entonces.
De acuerdo con la CEDH, el 10 de noviembre de 1998, el trabajador de una empresa, quien laboraba como agente de ventas, salió alrededor de las 06:00 horas compañía de su hijo, rumbo a Apatzingán, Michoacán, en el automóvil de la compañía, porque entregaría una mercancía.
Después, se trasladaría a Morelia y a León, por lo cual se estimaba que debía regresar el 15 de junio, sin embargo, desde esa fecha la esposa no volvió a ver a su esposo e hijo.
Con el apoyo jurídico de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C., el 26 de junio de 2018  la Subprocuraduría de Investigaciones, informó que no podía remitir las constancias de la averiguación previa, porque no fue posible ubicar dicha indagatoria.
Ante la irregularidad, la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, inició la integración de una segunda averiguación previa referente a los hechos denunciados en 1998.
Aunque la autoridad intentó solventar la inconsistencia, la CEDH recalcó que Fiscalía debió evitar prácticas que tendieran a negar o limitar el  derecho de acceso a la justicia a las víctimas, "realizando una investigación diligente de los hechos que oportunamente se denunciaron".
Una vez hecho el análisis, dirigió cuatro puntos recomendatorios: intervenir para que Castillo Ortiz y sus dos hijos accedan al Fondo de Ayuda y Asistencia; que la Unidad Especializada concluya con el desahogo de las diligencias de la nueva averiguación previa; colaborar con el Órgano de Control Interno en cuanto a la investigación administrativa; e implementar mecanismos de control efectivos para prevenir la pérdida de expedientes de investigación.