Fiscalía niega persecución contra periodistas

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, rechazó que la institución a su cargo mantenga una persecución contra periodistas o contra el ejercicio de la libertad de expresión.

La fiscal aseguró que la FGE investiga hechos denunciados con apariencia de delito sin distinción de profesión, actividad, creencia religiosa, sexo o edad de las personas presuntamente responsables.

García Cázares respondió así a los señalamientos de organizaciones civiles que han advertido una presunta persecución contra periodistas, así como posibles violaciones al debido proceso en la reciente detención de tres personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la dignidad humana.

La fiscal también negó que exista influencia del Gobierno del Estado en las funciones de la Fiscalía. Puntualizó que la coordinación institucional con los tres poderes no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGE.

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De acuerdo con García Cázares, las actuaciones de la Fiscalía se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico

Explicó que la institución encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y solicitar ante el Poder Judicial las medidas correspondientes. Precisó que corresponde a un juez determinar la procedencia de una orden de arresto o presentación, mientras que la Fiscalía actúa como representante jurídico de quien denuncia.

Por ello, pidió no malinterpretar a la institución como un ente inquisidor o sancionador.

Finalmente, García Cázares afirmó que no hay investigaciones ni mandamientos judiciales relacionados con personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. Sobre los señalamientos de presunta incomunicación de las personas detenidas, aseguró que la Fiscalía actuó conforme a la ley y respetando el debido proceso, por lo que cualquier afirmación en sentido contrario deberá ser acreditada por quien la sostenga.