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Es funcional y favorable el aumento de penas contra los feminicidas, sin embargo, si el personal gubernamental y el sistema jurídico no están capacitados para reconocer un feminicidio “no es de mucha ayuda”, evaluaron asociaciones y colectivos feministas.
Este jueves, el Congreso del Estado aprobó aumentar la penalidad para quien cometa el referido ilícito, pues dispuso pasar de 20 a 50 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días de Unidad de Medida de Actualización (UMA), a una pena de 40 a 60 años de cárcel y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días UMA.
Integrantes de Colegia de Themis, dijeron que el derecho sustantivo no es tan funcional, es decir, se sabe que es un delito y que tendrá una pena elevada, pero no servirá si el aparato jurídico no es funcional.
“¿De qué nos sirve, si el aparato jurídico no funciona correctamente y ni siquiera se logra encuadrar el delito de feminicidio? La mayoría se encuadran en muertes violentas o pasan a ser suicidios”, señalaron.
Arely Torres, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, coincidió al reconocer la necesidad de incrementar la penalidad, pero “no sirve de mucho” si no se toman en cuenta los protocolos de actuación al respecto.
Es decir, la correcta integración de las carpetas de investigación, vigilar la cadena de custodia de las pruebas o la adecuada aplicación de la perspectiva de género, dijo.
“Creo que sí es necesario fortalecer (las penas), pero también fortalecer a la Fiscalía (General del Estado). Como mesa ciudadana lo hemos señalado: es necesario que exista un compromiso real y que deje de ser discursos”, concluyó.
Este jueves, el Congreso del Estado aprobó aumentar la penalidad para quien cometa el referido ilícito, pues dispuso pasar de 20 a 50 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días de Unidad de Medida de Actualización (UMA), a una pena de 40 a 60 años de cárcel y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días UMA.
Integrantes de Colegia de Themis, dijeron que el derecho sustantivo no es tan funcional, es decir, se sabe que es un delito y que tendrá una pena elevada, pero no servirá si el aparato jurídico no es funcional.
“¿De qué nos sirve, si el aparato jurídico no funciona correctamente y ni siquiera se logra encuadrar el delito de feminicidio? La mayoría se encuadran en muertes violentas o pasan a ser suicidios”, señalaron.
Arely Torres, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, coincidió al reconocer la necesidad de incrementar la penalidad, pero “no sirve de mucho” si no se toman en cuenta los protocolos de actuación al respecto.
Es decir, la correcta integración de las carpetas de investigación, vigilar la cadena de custodia de las pruebas o la adecuada aplicación de la perspectiva de género, dijo.
“Creo que sí es necesario fortalecer (las penas), pero también fortalecer a la Fiscalía (General del Estado). Como mesa ciudadana lo hemos señalado: es necesario que exista un compromiso real y que deje de ser discursos”, concluyó.
