La FGE no era Prioridad, dice: Ruiz Contreras

En su informe anual ante los poderes Ejecutivo y Judicial del estado, el fiscal general José Luis Ruiz Contreras dijo haber recibido una Fiscalía “que no era prioridad y que fue abandonada sin cargo de conciencia alguno”, por el anterior gobierno estatal.

Mencionó algunas de las acciones que, en su opinión, han convertido a la institución a su cargo en un ente “socialmente respaldado, útil y reconocido”.

En el informe, se destacó la atención de mil 387 personas usuarias de los servicios de la Fiscalía, la asistencia a 213 mesas de seguridad del estado, la atención a 599 juicios de amparo y la atención a una sola recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra seis del periodo anterior.

También se mencionó la creación de la Vicefiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas en el interior del estado, así como la descentralización de la lucha anticorrupción a través de una Fiscalía Itinerante.

Se dijo que, en 2022, la Fiscalía General del Estado ejerció 52 millones 129 mil 834 pesos y logró mil 300 años de prisión para infractores a través de 4 mil 500 audiencias, en beneficio de mil 200 víctimas. Igualmente, se realizaron 30 mil intervenciones periciales y 42 peritos concluyeron su maestría en Ciencias Forenses.

Se presumió un 100 por ciento de efectividad en respuestas a peticiones de información; 20 por ciento en la reducción de tiempos de espera de personas denunciantes y la realización de mil 600 audiencias relacionadas con casos de violencia en contra de mujeres, entre otros indicadores.

La Fiscalía Anticorrupción logró recuperar 143 millones de pesos en 2022. 

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el actual fiscal Ruiz Contreras logró atender, en el primer año de su encargo, la encomienda de dejar atrás la Fiscalía “inoperante y apática” que dejó la “herencia maldita” del exgobernador Juan Manuel Carreras López, para empezar a construir una institución acorde con el “nuevo San Luis”, e invitó a legisladores, representantes de los municipios, de organismos defensores de derechos humanos, a liderazgos empresariales, sociales, educativos y al público en general presente en el informe, a colaborar para seguir fortaleciendo a la Fiscalía General del Estado.